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WASHINGTON (AP) — El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha abierto el miércoles una oficina para víctimas estadounidenses de delitos cometidos por inmigrantes.

La oficina de Enlace para Víctimas de Crímenes por Inmigración (VOICE por sus siglas en inglés) servirá para mantener a las víctimas informadas sobre el proceso de inmigración de los sospechosos.

Los críticos alegan que el ente es innecesario, en parte porque varios estudios han concluido que los inmigrantes tienden menos a cometer crímenes que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció la oficina durante su discurso ante el Congreso el pasado febrero. Su creación forma parte también de una orden ejecutiva contra la inmigración ilegal.

El duro enfoque del republicano acerca de la entrada ilegal de personas al país fue uno de los asuntos centrales de su campaña a la Casa Blanca. La apertura de la oficina se produce mientras su gobierno destaca sus logros en vísperas de cumplir 100 días en la Casa Blanca.

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos parecía dispuesta el miércoles a imponer límites al poder del gobierno para anular la ciudadanía estadounidense a inmigrantes por mentir durante el proceso de naturalización.

La última sesión de argumentos de la Corte Suprema, hasta su reanudación en octubre, fue particularmente animada e incluyó un duro regaño a un abogado del Departamento de Justicia por parte del juez que lleva más tiempo en la corte, y ejemplos de mentiras menores que los mismos jueces podrían decir.

El gobierno del presidente Donald Trump sostiene que incluso mentiras menores como manejar muy rápido u omitir apodos infantiles pueden conllevar a la pérdida de la ciudadanía.

El juez Anthony Kennedy dijo al abogado Robert Parker que su argumento "está degradando el valor incalculable de la ciudadanía".

El presidente de la corte John Roberts, quien muchas veces advierte sobre los amplios poderes del gobierno en casos criminales, dijo que la interpretación que hace el gobierno de las leyes migratorias podría conllevar a "abuso de la fiscalía". Los abogados del gobierno del expresidente Barack Obama tuvieron la misma opinión que sus sucesores.

La corte está considerando el caso de una serbia étnica de Bosnia a quien se le revocó la ciudadanía estadounidense por mentir sobre las circunstancias que la trajeron a Estados Unidos.

La mujer, Divna Maslenjak, y su familia recibieron estatus de refugiados en 1999 y se asentaron cerca de Akron, Ohio, en el 2000. Maslenjak se naturalizó en el 2007.

Inicialmente, dijo a funcionarios de inmigración que su esposo no había servido en las fuerzas militares serbio-bosnias. Esa fue una mentira, según reconoció ella después, y las cortes menores respaldaron el veredicto de culpabilidad que le dieron por cargos criminales. El veredicto de culpabilidad automáticamente revocó su ciudadanía, y ella y su esposo fueron deportados en octubre.

El asunto a resolver para los jueces es qué tan importantes fueron sus declaraciones falsas para su solicitud de ciudadanía. Cortes menores han estado en desacuerdo con el estándar.

Roberts trató de ilustrar la importancia de hacer distinciones entre las mentiras con un ejemplo sobre exceso de velocidad.

"Hace un tiempo atrás, tanto que ya expiró el tiempo límite para cuestiones legales, manejé a 96 kilómetros (60 millas) en zona de 88 kilómetros (55 millas) por hora", dijo Roberts, provocando risas. "No me arrestaron. Ahora, tú dices que si contesto a esa pregunta, 'No', 20 años después de que me naturalicé, tú puedes tocar a mi puerta y decir, '¿Adivina qué? Ya no eres ciudadano estadounidense'".

Parker dijo que las respuestas en los formularios y en las entrevistas podrías parecer inocuas, aun si no son ciertas. “Podría mentir sobre su peso, por decir algo.... El caso es que el Congreso específicamente abordó las falsas declaraciones bajo juramento en estos procesos. Ha especificado que es un delito mentir bajo juramento en el proceso de naturalización, aun sobre un asunto inmaterial, y ha señalado que ciertas de esas mentiras inmateriales deniegan categóricamente la naturalización”, afirmó. Parker.

Se espera que la corte decida para fines de junio sobre el caso Maslenjak vs. Estados Unidos.

Apesar de los sonados tropiezos de los primeros meses de su gobierno, sobre todo con el plan de salud y la política inmigratoria, el president Donald Trump está metódicamente cumpliendo muchas de sus promesas y destrozando el legado de Barack Obama.

No le está resultando fácil. Falló en su primer intento de anular el plan de salud, que permanece como el logro más reconocido del gobierno de Obama, y
sus iniciativas en el terreno de la inmigración fueron bloqueadas por jueces. Pero los resultados en otros terrenos fueron más alentadores.

Cambio climático

Trump emitió la semana pasada una orden ejecutiva que echa por tierra los esfuerzos de Obama por contener el calentamiento global. La orden puso en marcha una revisión de la política de Obama destinada a reducir las emisiones de dióxido de carbono a partir de la restricción de las emisiones de gases de efecto invernadero en plantas eléctricas que funcionan con carbón. También dejó sin efecto la prohibición de conceder nuevos arrendamientos para minado de carbón en tierras federales vigente desde hacía 14 meses. El gobierno de Obama había congelado esos arrendamientos por tres años en el 2016.

La orden ejecutiva abarca una serie de normas de la era de Obama, incluido el requisito de tomar en cuenta el "costo social" de las emisiones de carbono al tomar medidas regulatorias.

Privacidad de la internet

Trump sancionó una ley que bloquea las medidas para proteger la privacidad online tomadas en los últimos meses del gobierno de Obama. Es un primer paso con miras a despejar el camino para que los proveedores de internet puedan vender la información sobre los hábitos de sus clientes. Los detractores de la medida decían que era costoso implementarla, impedía las innovaciones y determinaba ganadores y perdedores entre las empresas de internet.

Aborto / Planificación familiar

Se espera que Trump anule otra medida de Obama que impide a los estados retener fondos federales para afiliados de la organización Planned Parenthood y otras clínicas que ofrecen abortos. La medida fue aprobada por el Senado por 51-50, después de que el vicepresidente Mike Pence emitiese el voto decisivo.

Oleoducto Keystone XL

Trump dio luz verde para un proyecto que había sido frenado por Obama hacía 18 meses. Sostuvo que el oleoducto, que transportará petróleo desde Canadá a Estados Unidos, beneficiará los interesas nacionales de Estados Unidos. Obama había dicho que no.

Trump afirma que el proyecto reducirá costos y la dependencia del petróleo extranjero, al tiempo que creará miles de puestos de trabajo. Obama sostuvo que minará la credibilidad de Estados Unidos en los esfuerzos internacionales por combatir el cambio climático.

Oleoducto Dakota Acces

Bajo Obama se frenó la construcción de un oleoducto que según los indios nativos amenaza sus fuentes de agua y sus  sitios culturales. El proyecto fue revivido por Trump.

WASHINGTON (AP) — Funcionarios de la Casa Blanca que esperan resucitar la reforma sanitaria de la Cámara de Representantes republicana ofrecen un cambio con la esperanza de lograr el respaldo de los conservadores que la rechazaron.

El vicepresidente Mike Pence y dos altos funcionarios de la Casa Blanca se reunieron a última hora del lunes con miembros del conservador House Freedom Caucus. El secretario general de la Casa Blanca, Reince Priebus, y el jefe de presupuestos, Mick Mulvaney, asistieron también al encuentro.

Según uno de los participantes en la reunión, los funcionarios se ofrecieron a permitir que los estados soliciten al gobierno federal exenciones en los requisitos de cobertura de seguros impuestos por la reforma sanitaria del presidente Obama en 2010. Uno de ellos es que las aseguradoras no pueden retirar la cobertura a personas que enferman.

Los conservadores se quejan de que esto eleva los costos de las primas.

El participante habló bajo condición de anonimato para describir la reunión a puerta cerrada.

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados, para incluir a convictos de infracciones de tránsito e incluso sospechosos de delitos, de acuerdo con documentos del Departamento de Estado divulgados el martes.

Los documentos representan una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias.

Los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, firmados por el secretario John Kelly, indican que el grupo prioritario a ser deportado incluye a todos los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos que han sido acusados o hallados culpables de cualquier delito, incluso gente que no pasó de ser sospechosa. Esto podría incluir personas que han sido arrestados por robos menores, como robo de prendas, e infracciones menores de tránsito.

Los documentos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.

Los memorandos de Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.

No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.

Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero abre procesos formales a inmigrantes de otros países, generalmente enviándolos de vuelta vía aérea. En algunos casos, esas deportaciones pueden tomar años ya que los inmigrantes pueden pedir asilo o pelear sus casos de deportación en corte.

Los memorandos no cambian las leyes estadounidenses de inmigración, pero hacen más estricta su aplicación.

El par de directrices no tienen efecto en el plan del presidente Barack Obama para los más de 750.000 dreamers. Este plan para jóvenes inmigrantes protegidos de la deportación sigue en pie, aunque los beneficiarios aún podrían ser deportados si es que cometen ciertos delitos o son considerados una amenaza a la seguridad pública o nacional, de acuerdo con el Departamento de Estado.

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump se ha visto vapuleado por una tormenta de tropiezos y controversias, pero hay otra crisis sigilosamente en ciernes: la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo sobre el presupuesto y se produzca un cierre de organismos públicos.

El proyecto de gastos probablemente superará el billón de dólares, y podría caer víctima de las controversias en torno al plan de Trump de construir un muro en la frontera con México y en torno a una extraordinaria solicitud de gastos del Pentágono.

Aunque faltan varias semanas para que venza el plazo, el tema podría convertirse en un agrio enfrentamiento para Trump y para los republicanos en el Congreso.

A pesar de que los republicanos tienen mayoría en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, el presupuesto no se podrá aprobar sin los votos de los demócratas. Y cualquier propuesta que satisfaga a los demócratas y a su nuevo líder, el senador por Nueva York Chuck Schumer, con certeza irritará al ala más derechista de los republicanos.

Por ahora, Schumer se ha mostrado cauteloso.

"Tendremos que esperar a ver lo que ocurre", dijo Schumer. "Espero que no llenen el presupuesto con cosas innecesarias".

El tema de discordia es la ley anual necesaria para aprobar los egresos que financian las entidades y dependencias públicas. El proceso de aprobación -- una tarea postergada desde el año pasado a pedido de los mismos republicanos -- es complicado incluso en épocas de gobiernos eficientes en Washington. Pero hoy en día la polarización ha atrofiado a la capital, y el tema se complica aun más debido a una solicitud de 18.000 millones de dólares para el Pentágono, y debido al dinero que Trump ha pedido para la construcción del muro.

Durante años, eran los republicanos los que necesitaban de la firma del entonces presidente Barack Obama, y de los votos de legisladores demócratas, para superar la reticencia del movimiento derechista conocido como Tea Party.

La elección de Trump ha trastrocado el equilibrio de poderes en Washington, pero la mayoría republicana en el Senado — donde se necesitan 60 votos para aprobar la mayoría de las propuestas -- es en realidad débil. Algunos legisladores conservadores están exigiendo recortes presupuestarios para contrarrestar los nuevos gastos para el Pentágono y para el muro fronterizo.

"Si súbitamente cambiamos de posición y dejamos de preocuparnos por los gastos, seremos unos hipócritas", dijo Raul Labrador, representante republicano por Idaho y militante del movimiento Tea Party. "Yo no voy a votar por algo que vaya a incrementar los gastos sin buscar la manera de compensar en el futuro".

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, mismo que México “pagará de una u otra forma”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Trump también aseguró a la cadena ABC que en cuestión de meses comience la construcción de un muro  y que los planes para levantarlo ya están en marcha, según extractos de una entrevista.

Trump dijo al canal de televisión que si bien los contribuyentes estadounidenses tendrán que financiar inicialmente el muro, al final México tendrá que pagar por él. Las negociaciones para el reembolso comenzarán “relativamente pronto”, agregó.

Sean Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca informó en conferencia que la construcción del muro para asegurar la frontera y evitar que entren migrantes ilegales y drogas “es algo de sentido común”.

El funcionario dijo que con el muro el Departamento de Seguridad Nacional tendrá herramientas para detener la inmigración ilegal “los estadounidenses son quienes deciden quién puede o no entrar a este país”.

Spicer también dijo que el gobierno federal dejará de dar recursos a las Ciudades Santuario que apoyan a los migrantes no presentándolos ante las autoridades.

“Se van a hacer cumplir las leyes”, dijo Spicer.

El paquete de medidas también deberá imponer severas restricciones al programa de aceptación de refugiados, tal como lo había prometido durante la campaña electoral.

El nuevo mandatario había llegado a proponer la suspensión total de la llegada de refugiados musulmanes al país.

Con esto, Trump cumple una de sus principales promesas de campaña, la de hacer más estrictas las políticas migratorias de Estados Unidos, lo que incluye reforzar la seguridad de la frontera con México frenando la migración con la construcción del muro.

Trump también dijo que sería México quien pagaría por su construcción, primero será financiado con recursos de EU a través de un proyecto de ley de gastos aprobados por el Congreso; dinero que devolverá México después.

Desde el anuncio de Trump, el gobierno mexicano ha afirmado que no pagará por el muro. El canciller Luis Videgaray dijo en días pasados que por “dignidad” México nunca daría dinero para el muro.

ALBUQUERQUE, New Mexico, EE.UU. (AP) — Una nueva propuesta de ley evitaría que las agencias policiales de New Mexico hagan cumplir leyes federales de inmigración, y convertiría a la entidad con el mayor porcentaje de residentes hispanos en un "estado santuario".

Según la propuesta de ley presentada por la representante estatal demócrata Patricia Roybal Caballero, los departamentos de policía de New Mexico tendrían prohibido cooperar con agentes federales en la deportación de inmigrantes que vivan ilegalmente en el país.

Además, la medida prohibiría que las agencias de New México reciban "fondos, equipo, personal u otros recursos federales para el propósito de detectar o aprehender" a esos inmigrantes.

"Esta propuesta de ley se centra en proteger a nuestras familias inmigrantes trabajadoras y asegurarse de que nuestras agencias del orden se pueden concentrar en proteger a nuestras comunidades de los delitos violentos, en lugar de separar familias", dijo Roybal Caballero. "Ahora que tenemos una amenaza a los valores de nuestro estado en la Casa Blanca, debemos hacer todo lo posible para mantener a nuestras familias juntas y fuertes".

La propuesta se produce en momentos en que varias ciudades y pueblos en New Mexico se han declarado santuarios para inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Muchos activistas han presionado a ciudades y pueblos en ese sentido en medio de incertidumbre generada por la presidencia de Donald Trump.

El nuevo presidente prometió en su campaña construir un muro a lo largo de la frontera con México y crear una "fuerza de deportación".

Se prevé que legislaturas estatales controladas por demócratas promulguen medidas similares en desafío a Trump.

Pero la suerte de la legislación de estado santuario promovida por Roybal Caballero no está clara, incluso en New Mexico, donde los inmigrantes pueden asistir a universidades estatales y solicitar becas del estado sin tener que demostrar su estadía legal.

Los demócratas controlan ambas cámaras de la legislatura estatal, pero la gobernadora es republicana.

"Aunque no hemos revisado la legislación, la posición de la gobernadora en este asunto ha sido clara siempre", dijo Michael Lonergan, vocero de la gobernadora Susana Martinez.

Lonergan dijo que las opiniones de la gobernadora han sido formadas por más de 20 años como fiscal en un distrito fronterizo. "No se trata de inmigración — se trata de seguridad pública", dijo.

A las pocas semanas de asumir el cargo en el 2011, Martinez firmó una orden ejecutiva que rescindió el estatus de santuario para inmigrantes que viven ilegalmente en el país y cometen delitos en New Mexico.

Roybal Caballero es la tesorera nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización de derechos civiles de los hispanos más vieja en el país.

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump advierte que está dispuesto a "enviar a los Federales" a Chicago si esta ciudad no reduce las cifras de homicidios.

Trump tuiteó: "Si Chicago no resuelve la horrible 'carnicería' en curso, 228 tiroteos en 2017 con 42 muertes (24% más que en 2016), ¡mandaré a los Federales!"

El jefe de policía de Chicago, Eddie Johnson, respondió poco después: "El Departamento de Policía de Chicago está más que dispuesto a trabajar con el gobierno federal para aumentar nuestras colaboraciones con el DOJ (Departamento de Justicia), FBI, DEA y ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) y elevar las tasas de enjuiciamiento de delitos con armas de fuego en Chicago".

El alcalde Rahm Emanuel criticó a Trump por discutir el número de gente en su investidura. Emanual, un antiguo aliado político del expresidente Barack Obama, reconoció que se siente frustrado por la tasa de criminalidad de Chicago.

Trump no ha dicho en concreto qué podría hacer el gobierno federal. El sitio web de la Casa Blanca dice: "Nuestro país necesita más fuerzas de seguridad, mayor participación de la comunidad y una policía más eficaz".

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió personalmente a su sucesor, el republicano Donald Trump, que proteja a los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y a los que se conoce como "dreamers" ("soñadores").

Obama le hizo esta petición al presidente electo en una de las conversaciones que ambos han mantenido para preparar la transición de poder, según fuentes legislativas demócratas con las que el todavía inquilino de la Casa Blanca se reunió y que cita el diario especializado Politico.

"Su mensaje fue: son buenos chicos que no han hecho nada malo. Eso fue sentido. Él sacó el tema", confirmó un legislador demócrata que asistió a la reunión.

El encuentro se celebró en la sede del Congreso en Washington y fue convocado por Obama para diseñar con los legisladores de su partido una estrategia a fin de defender su reforma sanitaria, conocida como "Obamacare", que Trump pretende revocar.

Los "soñadores" son los beneficiarios del programa de alivio migratorio Acción Diferida (DACA), que Obama impulsó en 2012 y que el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó el año pasado.

Unos 750.000 jóvenes que llegaron al país cuando eran menores de edad y que el programa permitió estudiar y trabajar una vez cumplidos los 18 años sin miedo a la deportación.

Trump afirmó durante la campaña electoral que esos "soñadores" serían deportados si él ganaba los comicios, igual que el resto de indocumentados que viven en el país (unos 11 millones).

Sin embargo, después de ganar las elecciones del 8 de noviembre expresó un mensaje más conciliador y dijo que la decisión que tome -que no concretó- hará que la gente esté "contenta y orgullosa".

"Los trajeron aquí muy jóvenes, han trabajado aquí, han estudiado aquí. Algunos han sido buenos estudiantes. Algunos tienen trabajos maravillosos. Y están en una tierra de nadie porque no saben lo que va a pasar", reconoció el presidente electo a la revista "Time".

Obama dijo hoy a los legisladores con los que se reunió en el Capitolio que una eventual deportación de "soñadores" sería una de las líneas rojas que provocarían su regreso a la esfera pública, lejos del habitual retiro de los expresidentes.

Para solicitar los beneficios del alivio migratorio, los jóvenes indocumentados dieron todo tipo de información personal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene almacenada en una base de datos y que ahora se teme que pueda usar la Administración de Trump para deportarlos.

El secretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, recordó hace poco a la Administración entrante que el Gobierno adquirió el compromiso con los solicitantes de no utilizar la información que proporcionasen para aplicar leyes migratorias.

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