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WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados, para incluir a convictos de infracciones de tránsito e incluso sospechosos de delitos, de acuerdo con documentos del Departamento de Estado divulgados el martes.

Los documentos representan una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias.

Los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, firmados por el secretario John Kelly, indican que el grupo prioritario a ser deportado incluye a todos los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos que han sido acusados o hallados culpables de cualquier delito, incluso gente que no pasó de ser sospechosa. Esto podría incluir personas que han sido arrestados por robos menores, como robo de prendas, e infracciones menores de tránsito.

Los documentos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.

Los memorandos de Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.

No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.

Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero abre procesos formales a inmigrantes de otros países, generalmente enviándolos de vuelta vía aérea. En algunos casos, esas deportaciones pueden tomar años ya que los inmigrantes pueden pedir asilo o pelear sus casos de deportación en corte.

Los memorandos no cambian las leyes estadounidenses de inmigración, pero hacen más estricta su aplicación.

El par de directrices no tienen efecto en el plan del presidente Barack Obama para los más de 750.000 dreamers. Este plan para jóvenes inmigrantes protegidos de la deportación sigue en pie, aunque los beneficiarios aún podrían ser deportados si es que cometen ciertos delitos o son considerados una amenaza a la seguridad pública o nacional, de acuerdo con el Departamento de Estado.

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump se ha visto vapuleado por una tormenta de tropiezos y controversias, pero hay otra crisis sigilosamente en ciernes: la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo sobre el presupuesto y se produzca un cierre de organismos públicos.

El proyecto de gastos probablemente superará el billón de dólares, y podría caer víctima de las controversias en torno al plan de Trump de construir un muro en la frontera con México y en torno a una extraordinaria solicitud de gastos del Pentágono.

Aunque faltan varias semanas para que venza el plazo, el tema podría convertirse en un agrio enfrentamiento para Trump y para los republicanos en el Congreso.

A pesar de que los republicanos tienen mayoría en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, el presupuesto no se podrá aprobar sin los votos de los demócratas. Y cualquier propuesta que satisfaga a los demócratas y a su nuevo líder, el senador por Nueva York Chuck Schumer, con certeza irritará al ala más derechista de los republicanos.

Por ahora, Schumer se ha mostrado cauteloso.

"Tendremos que esperar a ver lo que ocurre", dijo Schumer. "Espero que no llenen el presupuesto con cosas innecesarias".

El tema de discordia es la ley anual necesaria para aprobar los egresos que financian las entidades y dependencias públicas. El proceso de aprobación -- una tarea postergada desde el año pasado a pedido de los mismos republicanos -- es complicado incluso en épocas de gobiernos eficientes en Washington. Pero hoy en día la polarización ha atrofiado a la capital, y el tema se complica aun más debido a una solicitud de 18.000 millones de dólares para el Pentágono, y debido al dinero que Trump ha pedido para la construcción del muro.

Durante años, eran los republicanos los que necesitaban de la firma del entonces presidente Barack Obama, y de los votos de legisladores demócratas, para superar la reticencia del movimiento derechista conocido como Tea Party.

La elección de Trump ha trastrocado el equilibrio de poderes en Washington, pero la mayoría republicana en el Senado — donde se necesitan 60 votos para aprobar la mayoría de las propuestas -- es en realidad débil. Algunos legisladores conservadores están exigiendo recortes presupuestarios para contrarrestar los nuevos gastos para el Pentágono y para el muro fronterizo.

"Si súbitamente cambiamos de posición y dejamos de preocuparnos por los gastos, seremos unos hipócritas", dijo Raul Labrador, representante republicano por Idaho y militante del movimiento Tea Party. "Yo no voy a votar por algo que vaya a incrementar los gastos sin buscar la manera de compensar en el futuro".

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, mismo que México “pagará de una u otra forma”, aseguró el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Trump también aseguró a la cadena ABC que en cuestión de meses comience la construcción de un muro  y que los planes para levantarlo ya están en marcha, según extractos de una entrevista.

Trump dijo al canal de televisión que si bien los contribuyentes estadounidenses tendrán que financiar inicialmente el muro, al final México tendrá que pagar por él. Las negociaciones para el reembolso comenzarán “relativamente pronto”, agregó.

Sean Spicer, el secretario de prensa de la Casa Blanca informó en conferencia que la construcción del muro para asegurar la frontera y evitar que entren migrantes ilegales y drogas “es algo de sentido común”.

El funcionario dijo que con el muro el Departamento de Seguridad Nacional tendrá herramientas para detener la inmigración ilegal “los estadounidenses son quienes deciden quién puede o no entrar a este país”.

Spicer también dijo que el gobierno federal dejará de dar recursos a las Ciudades Santuario que apoyan a los migrantes no presentándolos ante las autoridades.

“Se van a hacer cumplir las leyes”, dijo Spicer.

El paquete de medidas también deberá imponer severas restricciones al programa de aceptación de refugiados, tal como lo había prometido durante la campaña electoral.

El nuevo mandatario había llegado a proponer la suspensión total de la llegada de refugiados musulmanes al país.

Con esto, Trump cumple una de sus principales promesas de campaña, la de hacer más estrictas las políticas migratorias de Estados Unidos, lo que incluye reforzar la seguridad de la frontera con México frenando la migración con la construcción del muro.

Trump también dijo que sería México quien pagaría por su construcción, primero será financiado con recursos de EU a través de un proyecto de ley de gastos aprobados por el Congreso; dinero que devolverá México después.

Desde el anuncio de Trump, el gobierno mexicano ha afirmado que no pagará por el muro. El canciller Luis Videgaray dijo en días pasados que por “dignidad” México nunca daría dinero para el muro.

ALBUQUERQUE, New Mexico, EE.UU. (AP) — Una nueva propuesta de ley evitaría que las agencias policiales de New Mexico hagan cumplir leyes federales de inmigración, y convertiría a la entidad con el mayor porcentaje de residentes hispanos en un "estado santuario".

Según la propuesta de ley presentada por la representante estatal demócrata Patricia Roybal Caballero, los departamentos de policía de New Mexico tendrían prohibido cooperar con agentes federales en la deportación de inmigrantes que vivan ilegalmente en el país.

Además, la medida prohibiría que las agencias de New México reciban "fondos, equipo, personal u otros recursos federales para el propósito de detectar o aprehender" a esos inmigrantes.

"Esta propuesta de ley se centra en proteger a nuestras familias inmigrantes trabajadoras y asegurarse de que nuestras agencias del orden se pueden concentrar en proteger a nuestras comunidades de los delitos violentos, en lugar de separar familias", dijo Roybal Caballero. "Ahora que tenemos una amenaza a los valores de nuestro estado en la Casa Blanca, debemos hacer todo lo posible para mantener a nuestras familias juntas y fuertes".

La propuesta se produce en momentos en que varias ciudades y pueblos en New Mexico se han declarado santuarios para inmigrantes que viven ilegalmente en el país. Muchos activistas han presionado a ciudades y pueblos en ese sentido en medio de incertidumbre generada por la presidencia de Donald Trump.

El nuevo presidente prometió en su campaña construir un muro a lo largo de la frontera con México y crear una "fuerza de deportación".

Se prevé que legislaturas estatales controladas por demócratas promulguen medidas similares en desafío a Trump.

Pero la suerte de la legislación de estado santuario promovida por Roybal Caballero no está clara, incluso en New Mexico, donde los inmigrantes pueden asistir a universidades estatales y solicitar becas del estado sin tener que demostrar su estadía legal.

Los demócratas controlan ambas cámaras de la legislatura estatal, pero la gobernadora es republicana.

"Aunque no hemos revisado la legislación, la posición de la gobernadora en este asunto ha sido clara siempre", dijo Michael Lonergan, vocero de la gobernadora Susana Martinez.

Lonergan dijo que las opiniones de la gobernadora han sido formadas por más de 20 años como fiscal en un distrito fronterizo. "No se trata de inmigración — se trata de seguridad pública", dijo.

A las pocas semanas de asumir el cargo en el 2011, Martinez firmó una orden ejecutiva que rescindió el estatus de santuario para inmigrantes que viven ilegalmente en el país y cometen delitos en New Mexico.

Roybal Caballero es la tesorera nacional de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la organización de derechos civiles de los hispanos más vieja en el país.

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump advierte que está dispuesto a "enviar a los Federales" a Chicago si esta ciudad no reduce las cifras de homicidios.

Trump tuiteó: "Si Chicago no resuelve la horrible 'carnicería' en curso, 228 tiroteos en 2017 con 42 muertes (24% más que en 2016), ¡mandaré a los Federales!"

El jefe de policía de Chicago, Eddie Johnson, respondió poco después: "El Departamento de Policía de Chicago está más que dispuesto a trabajar con el gobierno federal para aumentar nuestras colaboraciones con el DOJ (Departamento de Justicia), FBI, DEA y ATF (Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) y elevar las tasas de enjuiciamiento de delitos con armas de fuego en Chicago".

El alcalde Rahm Emanuel criticó a Trump por discutir el número de gente en su investidura. Emanual, un antiguo aliado político del expresidente Barack Obama, reconoció que se siente frustrado por la tasa de criminalidad de Chicago.

Trump no ha dicho en concreto qué podría hacer el gobierno federal. El sitio web de la Casa Blanca dice: "Nuestro país necesita más fuerzas de seguridad, mayor participación de la comunidad y una policía más eficaz".

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió personalmente a su sucesor, el republicano Donald Trump, que proteja a los jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños y a los que se conoce como "dreamers" ("soñadores").

Obama le hizo esta petición al presidente electo en una de las conversaciones que ambos han mantenido para preparar la transición de poder, según fuentes legislativas demócratas con las que el todavía inquilino de la Casa Blanca se reunió y que cita el diario especializado Politico.

"Su mensaje fue: son buenos chicos que no han hecho nada malo. Eso fue sentido. Él sacó el tema", confirmó un legislador demócrata que asistió a la reunión.

El encuentro se celebró en la sede del Congreso en Washington y fue convocado por Obama para diseñar con los legisladores de su partido una estrategia a fin de defender su reforma sanitaria, conocida como "Obamacare", que Trump pretende revocar.

Los "soñadores" son los beneficiarios del programa de alivio migratorio Acción Diferida (DACA), que Obama impulsó en 2012 y que el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó el año pasado.

Unos 750.000 jóvenes que llegaron al país cuando eran menores de edad y que el programa permitió estudiar y trabajar una vez cumplidos los 18 años sin miedo a la deportación.

Trump afirmó durante la campaña electoral que esos "soñadores" serían deportados si él ganaba los comicios, igual que el resto de indocumentados que viven en el país (unos 11 millones).

Sin embargo, después de ganar las elecciones del 8 de noviembre expresó un mensaje más conciliador y dijo que la decisión que tome -que no concretó- hará que la gente esté "contenta y orgullosa".

"Los trajeron aquí muy jóvenes, han trabajado aquí, han estudiado aquí. Algunos han sido buenos estudiantes. Algunos tienen trabajos maravillosos. Y están en una tierra de nadie porque no saben lo que va a pasar", reconoció el presidente electo a la revista "Time".

Obama dijo hoy a los legisladores con los que se reunió en el Capitolio que una eventual deportación de "soñadores" sería una de las líneas rojas que provocarían su regreso a la esfera pública, lejos del habitual retiro de los expresidentes.

Para solicitar los beneficios del alivio migratorio, los jóvenes indocumentados dieron todo tipo de información personal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene almacenada en una base de datos y que ahora se teme que pueda usar la Administración de Trump para deportarlos.

El secretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, recordó hace poco a la Administración entrante que el Gobierno adquirió el compromiso con los solicitantes de no utilizar la información que proporcionasen para aplicar leyes migratorias.

WASHINGTON (AP) — Al prestar juramento los nuevos legisladores en las próximas horas, se iniciará una agresiva campaña de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y el Senado para deshacer los ocho años de medidas demócratas del presidente Barack Obama.

El primer blanco, y a la vez el más grande, es la ley de atención de salud, que los republicanos buscan hacer trizas y a la que consideran una de las causas principales de la mediocre recuperación económica. Pero los republicanos también apuntarán sus cañones a programas sociales que benefician a millones de estadounidenses desde hace décadas, como el sistema jubilatorio y el Medicare (asistencia médica para los ancianos).

"Tenemos mucho que hacer... y mucho que deshacer", dijo el presidente del bloque republicano, Kevin McCarthy, en una carta a sus correligionarios.

Había señales de enfrentamientos entre republicanos aún antes del inicio formal del período de sesiones. Los republicanos de la cámara baja votaron el lunes enfrentarse a sus líderes y desmantelar el panel independiente de ética creado en 2008 para indagar en denuncias de inconducta después que varios escándalos de corrupción terminaron con los legisladores acusados en la cárcel.

Según los cambios aprobados, los legisladores tendrían la última palabra sobre la suerte de sus colegas, contra los argumentos del presidente de la cámara, Paul Ryan, McCarthy y otros jefes partidarios. Algunos miembros dijeron sentirse atacados injustamente por el panel independiente, y Kellyanne Conway, una de las principales asesoras del presidente electo Donald Trump, dijo el martes que hubo un "exceso de celo" bajo el viejo sistema. Otros se quejaron de que la medida facilitaría la corrupción.

Los demócratas tratarán de bloquear los planes de la derecha apelando a la opinión pública y utilizando tácticas dilatorias en el Senado. Pero esa estrategia tiene limitaciones. Veintitrés senadores demócratas se jugarán sus bancas en 2018, 10 de ellos de estados ganados por Trump, y podrían pasarse al otro bando a la hora de votar.

"Lo que siempre haremos será obligar al presidente electo y sus colegas republicanos en el Congreso a rendir cuentas", dijo el líder del bloque demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el martes. "Seremos un bloque que se esforzará por garantizar que el presidente electo cumpla su compromiso de asegurar la grandeza de Estados Unidos, en su mejor sentido y tradición".

Obama prevé visitar el Congreso el miércoles para reunirse con los bloques demócratas y discutir una estrategia para salvar la ley de salud. El vicepresidente electo Mike Pence se reunirá con los republicanos.

LOS ANGELES (Reuters) - Charles Manson, quien cumple una pena de cadena perpetua por una serie de asesinatos a fines de la década de 1960, fue trasladado el martes desde una prisión en California a un hospital por un problema médico no aclarado, informó la prensa local.

Manson estaba muy enfermo, informó una fuente al diario Los Angeles Times, que no dio más detalles sobre el hecho. En tanto, TMZ informó de que Manson fue llevado a un hospital en Bakersfield, California, ubicado a una hora de la prisión en Corcora, California, donde estaba detenido.

Un portavoz del sistema penitenciario no hizo comentarios, citando cuestiones de privacidad.

Manson, quien fue sentenciado a cadena perpetua, instó a sus seguidoras más jóvenes -que formaban parte de la denominada Familia Manson- a asesinar a siete personas en agosto de 1969, en lo que los fiscales dijeron que era pare de un plan para incitar una guerra racial.

Entre las víctimas estaba la actriz Sharon Tate, casada con el director Roman Polanski, que estaba embarazada cuando fue asesinada.

(Reuters) - Exxon Mobil Corp y Rex Tillerson acordaron cortar todos sus lazos para evitar un posible conflicto de intereses en momentos en que el ex presidente y CEO de la compañía espera su confirmación como secretario de Estado estadounidense.

Si se confirma su nombramiento, el valor de más de dos millones de acciones diferidas de Exxon Mobil (equivalentes a unos 182 millones de dólares al precio de cierre del martes) que Tillerson habría recibido durante los próximos 10 años será transferido a un fideicomiso administrado de forma independiente, informó la firma en un comunicado.

Los pagos en acciones serán cancelados y Tillerson también renunciará a su derecho de cobrar más de 4,1 millones de dólares en efectivo durante los próximos tres años, y otros beneficios, dijo Exxon Mobil.

Por otra parte, Tillerson también se comprometió con el Departamento de Estado a que, si es confirmado, venderá las más de 600.000 acciones de Exxon que posee actualmente, según la compañía.

Exxon dijo el mes pasado que su presidente, Darren Woods, asumirá en enero el puesto de consejero delegado y presidente del consejo directivo tras la salida de Tillerson.

Tillerson podría enfrentar un proceso complejo de confirmación debido a la preocupación tanto entre demócratas como republicanos por sus vínculos con Rusia.

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prohibió el martes de forma permanente nuevas perforaciones en busca de crudo y gas en aguas federales del océano Atlántico y del Ártico, en una de sus últimas acciones ecologistas antes de dejar el cargo el mes próximo.

Para proteger las aguas, Obama usó una ley de la década de 1950 que permite a los presidentes limitar áreas a la explotación mineral y perforación.

Grupos ecologistas dijeron que el uso de esa ley significa que el próximo gobierno del presidente electo Donald Trump no podrá simplemente revertir la decisión, sino que tendrá que recurrir a la justicia para revocarla.

La prohibición se aplica a las aguas frente a la costa de Alaska en el mar de Chukotka y a gran parte del mar de Beaufort, y en el Atlántico desde Nueva Inglaterra a la bahía de Chesapeake.

La medida se anunció en un comunicado conjunto de Obama y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que lanzaron "acciones para asegurar una economía y ecosistema ártico fuerte, sostenible y viable".

Obama dijo en un comunicado el martes que las acciones conjuntas "reflejan la posición científica de que, incluso con los mayores estándares de seguridad que ambos países han puesto en práctica, los riesgos de un derrame de crudo en esta región son importantes y nuestra capacidad para limpiar un derrame en las duras condiciones de la región es limitada".

Canadá designará a todas sus aguas árticas como indefinidamente fuera de los límites para futuras licencias para exploración por gas y crudo en el Ártico, un estatus que será revisado cada cinco años bajo un análisis científico.

El grupo de la industria de crudo American Petroleum Institute (API) no estuvo de acuerdo con la duración de la prohibición y dijo que Trump podría usar una medida presidencial para anular la decisión.

"Tenemos esperanza de que el gobierno entrante revertirá esta decisión ya que la nación continúa necesitando una estrategia sólida para desarrollar energía en tierra y mar adentro", afirmó Erik Milito, director de exploración y producción de API.

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