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LatinoAmericana (66)

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Al menos 5.278 personas fueron asesinadas en 2016 en El Salvador.

Con un promedio de 81,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes la situación ha mejorado con respecto al año anterior, pero la nación aún se considera una de las más violentas del mundo.

El director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, confirmó el lunes en conferencia de prensa la cifra con que cerró 2016 y agregó que se registró un promedio de 14,4 muertes violentas por día, lo que implica una reducción de 1.378 homicidios en comparación con 2015, cuando confirmaron 6.665 homicidios, la mayoría perpetrados por las maras o pandillas que también están involucrados en el narcotráfico y otros delitos como extorsión.

"La reducción es de 20,9% en el tema de homicidios, lo que considero como un avance, un logro importante, en el sentido que estamos hablando de sólo nueve meses cuando se modificó la estrategia de combate a las estructuras criminales", señaló a The Associated Press el criminólogo y experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa.

Sosa agregó que en 2015, El Salvador registró un promedio de 104 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que superó el registró histórico de este pequeño país centroamericano y lo confirmó como uno de los más violetos del globo.

El experto dijo también que esta reducción de las muertes violentas ahora "le permite a El Salvador ubicarse en el número 12 en esta carrera espeluznante de que país arroja mayor cantidad de homicidios".

Asimismo, destacó que el "avance" se produce luego de una matanza de once trabajadores que se le atribuye a las pandillas y que el gobierno salvadoreño decretara estado de emergencia en siete cárceles. De este modo, trasladaron a sus cabecillas a una cárcel de máxima seguridad y días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza a someter a aislamientos severos a estos criminales.

La Asamblea le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de tráfico de llamadas telefónicas desde los centros penales y se han contemplado medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

Cotto informó que en 2016 detuvieron a 33.223 personas, la mayoría miembros de estructuras de pandillas. De éstos, 2.672 fueron detenidos por el delito de homicidio y 1.379 sujetos estuvieron vinculados a las extorsiones.

Destacó que en el año se registraron 650 balaceras con los grupos criminales en los que fallecieron 603 individuos "que agredieron y abrieron fuego contra nuestras unidades" y fueron detenidos en esos intercambios de disparos 362 individuos.

El investigador destacó también el aumento de balaceras entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales y afirmó que endurecieron las acciones contras represivas, luego que en una cadena nacional de radio y televisión el presidente Salvador Sánchez Cerén cerrara toda posibilidad de dialogo con las pandillas.

"No queda duda de que de parte del gobierno hay una guerra declarada hacia las estructuras y en ese sentido ha habido una respuesta de las estructuras criminales en atentar contra los policías y militares", sostuvo.

Sosa expresó también preocupación por las crecientes denuncias de abuso de las fuerzas de seguridad y los militares y la posible participación en matanzas de pandilleros. Para el investigador, estas denuncias deben ser investigadas, pero señaló que el problema es que las indagaciones dependen de los altos mandos de la policía y de la fuerza armada, lo que complica más la posibilidad de transparencia y poder someter a la justicia a los responsables.

En El Salvador, las pandillas establecidas en barrios populosos y comunidades están integradas por más de 60.000 jóvenes y adultos. Más de 13.000 están presos. Sus principales cabecillas están en una cárcel de máxima seguridad y según las autoridades, están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

DONNA, Texas, EE.UU. (AP) — El número de familias centroamericanas que piden asilo en la frontera sur de Estados Unidos no muestra señales de estar disminuyendo desde que se registró un notable incremento hace un par de años, dijo el miércoles el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kerlikowske, tras recorrer un centro de detención temporal en el Valle del Río Grande.

El total de detenciones en la frontera suroeste puede estar cerca de 2.000 al día, y la mayoría de la gente se entrega por su cuenta, dijo Kerlikowske durante una entrevista telefónica. El flujo de noviembre fue tan alto como el de octubre: 46.195, puntualizó.

La cantidad exacta del mes será anunciada la próxima semana.

Se prevé próximamente la apertura de una instalación en el puente internacional Donna-Río Grande y procese hasta 500 personas al día. La gran tienda de color blanco y 40.000 pies cuadrados (1.133 metros cuadrados) está en un paraje cercano al río, rodeado de un cerco resguardado con alambre de púas.

Kerlikowske recorrió una instalación parecida que ya está funcionando en Tornillo, cerca de El Paso. Las autoridades dicen que las instalaciones funcionarán tanto tiempo como sea necesario.

La meta es procesar a la gente más rápidamente, 24 horas para menores no acompañados de un adulto y 72 horas para familias. La tienda tendrá duchas, lavandería y atención médica. El comisionado dijo que los migrantes saldrían a ejercitar diariamente.

Kerlikowske dijo que no podía comentar sobre el efecto, si es que hubiera alguno, que habría en el procesamiento de la Patrulla Fronteriza tras poner en libertad a 470 niños y padres migrantes de dos centros de detención de Texas. Estos centros son administrados por divisiones separadas del Departamento de Seguridad Nacional.

La liberación ocurrió después de que un juez fallara que el estado no tenía autorización de operar los centros de detención, administrados de manera privada, como instalaciones de cuidado infantil.

El flujo estable de centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza de sus países comenzó en el 2014.

CARACAS (Reuters) - Los facilitadores del diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, incluido un representante del Vaticano, anunciaron la noche del martes que trabajarán para reactivar en enero de 2017 la negociación entre ambos bandos políticos del país sudamericano.

Los representantes de la oposición venezolana decidieron suspender horas antes un encuentro con el Gobierno previsto para el martes y dijeron que sólo mantendrían contacto con mediadores internacionales buscando presionar por salidas a la crisis política y económica que vive la nación petrolera.

"Aún quedan temas en la agenda que están pendientes por resolver", dijo a periodistas el enviado del Vaticano, Claudio María Celli, acompañado de expresidentes y un representante de Unasur, tras reunirse con ambos bandos en un hotel de la capital venezolana.

"De allí que consideramos que se debe iniciar una etapa que nos lleve hacia la reactivación, consolidación y sostenibilidad del diálogo", agregó Celli, leyendo un comunicado que respaldaron representantes de ambas partes.

Los bandos discutirán una agenda de trabajo propuesta por los facilitadores en mesas técnicas hasta el 13 de enero, según indicó el enviado del Vaticano, sin dar mayores detalles de las iniciativas que buscan concretar.

La oposición reclama la lentitud con la que el Gobierno socialista ha avanzado en la liberación de un centenar de líderes políticos detenidos y el escaso abastecimiento de medicinas y alimentos, entre otros acuerdos que señala que aceptó su contraparte en las reuniones previas.

"Nos sentaremos nuevamente con el Gobierno únicamente cuando cumpla lo acordado", afirmó a periodistas Jesús Torrealba, secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tras la reunión que sostuvo con los facilitadores.

Torrealba dijo que se hicieron nuevas ofertas para "relanzar el diálogo", sin mencionar ninguna de ellas, pero se mostró confiado en el efecto que ejerce el Vaticano para que el Gobierno de Maduro avance en la negociación y ofrezca resultados.

Por lo pronto, en las mesas técnicas se discutirán temas como "justicia y derechos humanos", así como "la generación de confianza y cronograma electoral", mencionó Monseñor Celli.

Durante las conversaciones formales entre Gobierno y oposición, que comenzaron en octubre, un puñado de detenidos -que la oposición llama presos políticos, pero que Maduro dice son criminales- fueron liberados como un gesto hacia la iniciativa impulsada por el Papa.

Pero la oposición insiste en exigir la libertad para todos esos presos, así como definir una agenda electoral, medidas para aliviar el efecto de la prolongada recesión económica y el respeto de las decisiones del poder legislativo.

Hasta el 13 de enero de 2017, los poderes públicos no aprobarán decisiones que dificulten el proceso de diálogo, según dijeron los facilitadores, tras acordarlo con ambos grupos políticos.

Si bien las conversaciones están suspendidas hasta una nueva convocatoria en enero, el presidente Nicolás Maduro aseguró la noche del martes que el país continuará estable.

"Creen que son imprescindibles. No. Con la derecha dialogando o sin la derecha dialogando, Venezuela lo que va es para adelante", comentó en un acto político transmitido en una cadena de radio y televisión.

La semana pasada, Maduro dijo estar dispuesto a continuar en la mesa de conversaciones hasta 2017, buscando salidas a una aguda crisis económica y política.

Las FARC exigieron este domingo la aplicación del Acuerdo de Garantías y Seguridad alcanzado con el gobierno de Colombia para su desmovilización, al advertir que con el asesinato de líderes campesinos y guerrilleros, está regresando "la guerra sucia".

"Condenamos asesinato sistemático de líderes campesinos. Exigimos aplicación inmediata Acuerdo Garantías de Seguridad.Vuelve la guerra sucia", dijo el negociador Pablo Catatumbo en su cuenta twitter.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaron hace una semana en La Habana un segundo acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que el primero fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre.

El avance de esas negociaciones por casi cuatro años en Cuba, llevaron a un cese al fuego bilateral que rige desde el 29 de agosto pasado, para crear las condiciones de la desmovilización guerrillera y su paso a la vida política legal como organización.

Pero en la última semana han sucedido muertes de líderes campesinos y guerrilleros, así como el desalojo de campamentos de paz, lo que le otorga una preocupante fragilidad al proceso.

"Asesinan líderes campesinos, desalojan campamentos de Paz, asesinan guerrilleros en cese al fuego, se dilata la implementación. Pésima señal", agregó Catatumbo.

El propio presidente Juan Manuel Santos reconoció hace una semana que "el cese al fuego es frágil" y que "la incertidumbre genera temores y aumenta los riesgos de echar este inmenso esfuerzo al traste".

Las negociaciones de paz buscan poner fin a un conflicto armado de medio siglo que dejó más de 260.000 muertos.

Guatemala extraditó el miércoles a Estados Unidos al presunto narcotraficante Marlon Monroy, alias 'El Fantasma', considerado por las autoridades como el principal contacto local del cartel mexicano de Sinaloa, del detenido Joaquín "Chapo" Guzmán, informó una fuente oficial.

Monroy fue entregado a funcionarios estadounidenses en la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la periferia sur de la capital, dijo a periodistas Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario.

Junto con 'El Fantasma' fue extraditada su pareja Cynthia Cardona, también por cargos de narcotráfico, agregó Esquivel.

Monroy fue arrestado en abril pasado durante un allanamiento en una exclusiva zona residencial en la ciudad colonial Antigua Guatemala, 45 km al suroeste de la capital, junto con ocho de sus colaboradores.

De acuerdo con las investigaciones, Monroy utilizaba los puertos sureños de Iztapa y Monterrico sobre el Pacífico, así como áreas del centro y oeste del país, para enviar a Estados Unidos drogas procedentes de Ecuador y Colombia.

Tres días antes de su captura, la Fiscalía del Distrito Sur de Miami, en el estado estadounidense de Florida, solicitó la extradición de Monroy por tráfico internacional de drogas.

El 'Fantasma' era el principal socio en Guatemala del Chapo Guzmán, cuyo cartel lidera las operaciones de narcotráfico en el país centroamericano, según explicó el ministro del Interior Francisco Rivas, en una reciente entrevista con la AFP.

Centroamérica es un territorio estratégico para las operaciones de tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Washington calcula que 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos pasa en todo tipo de vehículos, avionetas, lanchas y hasta submarinos por México y Centroamérica.

Las autoridades guatemaltecas calculan que cerca del 50% de las casi 6.000 muertes violentas anuales están asociadas a la actividad del narcotráfico y a la lucha entre pandillas.

Con el telón de fondo de la crisis en Venezuela, la Suprema Corte de Estados Unidos analiza la expropiación que realizó el fallecido mandatario Hugo Chávez de una petrolera estadounidense en 2010.

Los ocho magistrados del alto tribunal deberán determinar bajo qué condiciones puede un estado soberano ser sometido a la justicia estadounidense.

Con sede en el estado de Oklahoma, la firma Helmerich & Payne International Drilling Company acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras.

En aquel momento, la "revolución bolivariana" en Venezuela estaba en su apogeo y Chávez propugnaba meter al país en el "socialismo del siglo XXI".

- Expropiación -

El gobierno de Chávez nacionalizó varios sectores de la economía -desde los agroalimentos a la distribución y la banca-, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.

La energía, en tanto sector estratégico, no escapó a ese proceso.

Actor relativamente modesto en el sector de la perforación petrolera, Helmerich & Payne operaba entonces como subcontratista de la estatal Pdvsa.

La firma estadounidense había entregado a Venezuela sus propios equipos de perforación.

En 2009, Helmerich & Payne constató una acumulación de facturas impagas de parte de Pdvsa por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones.

En respuesta, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne.

La firma, a su vez, demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos.

- Inmunidad -

No obstante, en 1976 el Congreso previó limitadas excepciones a esa inmunidad.

Bajo la "Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera", existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.

Basado en esa legislación, una corte de Washington dio lugar al reclamo de Helmerich & Payne contra Caracas.

El estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial.

En este complicado caso, Caracas obtuvo paradójicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que teme convertirse en una víctima por desafiar el sacrosanto principio de la inmunidad extranjera.

En ese marco, el presidente Barack Obama se opuso recientemente a una ley que permite a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita.

Los ochos magistrados de la Suprema Corte atendían con cierta perplejidad el caso, que podría acarrear graves consecuencias.

El Departamento de Estado "está preocupado", subrayó durante los debates la jueza Sonia Sotomayor.

El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, reaccionó de manera cautelosa ante la investigación el caso del expresidente Elías Antonio Saca por el desvío de $246 millones de cuentas del Tesoro Nacional hacia 14 cuentras de tres exfuncionarios.

“La Fiscalía tiene un argumento. Nosotros como gobierno nacional hemos dicho que vamos a respetar todos los procesos y esperamos que todas las instancias del gobierno cumplan con los debidos procesos. Esperamos que las personas demandadas tengan la posibilidad de demostrar si esas acusaciones son totalmente ciertas, son fundamentadas; la Constitución establece que nadie puede ser condenado hasta que se le demuestre... hoy por hoy, hay procesos abiertos por la Fiscalía que tendrá que probar de manera sólida”, dijo Ortiz.

El funcionario dijo que el gobierno está expectante de que se garantice el debido proceso a cada uno de los que están siendo demandados, en base al mandadato de la Constitución de la República.

Al comentársele al vicepresidente que las trasferencias de cuentas del Tesoro Nacional habían continuado en la administración del expresidente Mauricio Funes, dijo: “Eso es algo que tendrá que probar el Fiscal. No tiene sentido que nosotros estemos especualando sobre eso; y si hay un cometimiento, porque así lo considera la Fiscalía, la Fiscalía tendrá que ver cómo estructura y construye un proceso”.

Ortiz recalcó que como gobierno han dicho que en estos casos se debe de actuar con la mayor soriedad, “con el apego al respeto a los mandatos constitucionales; hay que evitar que personas, instituciones o corporativos vayan a ser condenados antes que el proceso demuestre que efectivamente que por aquello que se les acusa o se les señala, es totalmente cierto y está debidamente fundamentado como la Constitución lo manda”, recalcó el vicepresidente.

Caracas, 26 Oct (Notimex).- Miles de opositores al gobierno venezolano se concentraron el miércoles en una autopista caraqueña para exigir que se levante la suspensión de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

El día en que debía comenzar la recolección de firmas de electores para activar la consulta, la manifestación de fuerza pública se repitió en la autopista Francisco Fajardo, que une la ciudad en los extremos este y oeste, al igual que ocurrió el pasado 1 de septiembre.

La multitudinaria concentración opositora se realizó mientras otros miles de partidarios del gobierno se concentraron en los alrededores de la casa de Gobierno de Miraflores para expresar su apoyo a Maduro.

En la llamada “Toma de Venezuela” los principales dirigentes opositores, Henrique Capriles, y el jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, acudieron sorteando la multitud que abría el camino hacia la tarima principal.

Ramos dijo que se está preparando una marcha el 3 de noviembre próximo, la cual podría ir a la casa de Gobierno de Miraflores de “manera pacífica” para notificar a Maduro la decisión de la Asamblea de iniciar un juicio político en su contra sobre su responsabilidad en la crisis.

“Ya comenzamos un proceso para declarar la responsabilidad política del vago ese que tenemos en Miraflores (casa de Gobierno)”, señaló en su discurso.

Convertida en un hormiguero humano la autopista fue colmada en varios kilómetros por manifestantes que llevaban camisas blancas y banderas tricolores.

El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesus Torrealba, dijo que los venezolanos reclaman pacífica, pero “contundentemente” el “retorno de la democracia”.

“Acá tenemos un régimen que ama más su botín que al país. Y son capaces de poner en riesgo la paz de la nación. Nosotros no podemos entregarle a nuestros hijos un país convertido en escombros. Por eso nuestra estrategia democrática”, dijo.

Agregó que la presencia masiva en la concentración muestra que más del 80 por ciento de los venezolanos quiere un cambio político.

Dirigentes de la MUD dijeron que desean plantearle al país una ruta clara para salir de la crisis y estabilizar el país, mediante una consulta al pueblo.

La recolección de firmas para el referéndum fue suspendido por varios tribunales penales que admitieron una denuncia de supuesto fraude con firmas anteriormente recolectadas.

San Salvador, 26 oct (EFE).- Hasta mediados de este octubre, El Salvador registró una baja del 17,5 % de homicidios respecto a 2015, lo que el Gobierno atribuye a su política de seguridad de choque, pero la tendencia apunta a que solo alcanzará para colocar al 2016 como el segundo año más violento de su historia reciente.

Entre enero y febrero los asesinatos se incrementaron un 117,6 %, respecto al mismo lapso del 2015, el más violento desde 1999 y que cerró con 6.657 homicidios.

Para el 6 de marzo la cifra estaba un 113,5 % por encima que en la misma fecha de 2015, y tres días antes fue perpetrada por pandillas la segunda masacre con más de 10 víctimas desde 2010.

Este suceso encendió las alarmas y el Gobierno habló de estado de sitio, toque de queda, declaración de emergencia, incluso de armar a la población.

"No queda otro camino" para combatir a las pandillas que la "guerra", y en este Gobierno "no hay espacio para diálogo" o para "treguas", dijo el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el 7 de marzo pasado.

En abril, el país recrudeció el régimen en las cárceles que albergan pandilleros, trató de cortar toda comunicación de las prisiones con el exterior, sacó más soldados a las calles y creó una unidad elite de 1.000 elementos para perseguir a columnas armadas de "mareros" en la zona rural.

El Gobierno apostó todas sus fichas a las "medidas extraordinarias" y el Congreso le dio 152 millones para armar a sus huestes y sellar las cárceles.

Concluido el primer semestre del 2016 y con varios meses de "medidas extraordinarias" sobre los lomos, el país acumuló 3.023 muertes violentas, todavía un 5,8 % superior a las 2.874 del 2015.

No fue hasta el 9 de agosto que registró la primera disminución en los asesinatos desde 2014.

A partir de esa fecha los datos siguieron disminuyendo hasta llegar al 19 de octubre, cuando se alcanzaba la cifra de 4.431 personas asesinadas, un 17,5 % menos que las 5.363 muertes violentas del mismo lapso de 2015.

El promedio de asesinatos en estos 293 días se situó en 15,12 y, de continuar esta tendencia, el 2016 podría cerrar con aproximadamente 5.535 muertes violentas. Una cifra de cerca de 100 asesinatos mayor a la prometida recientemente por el director de la Policía, Howard Cotto.

Pero esta baja solo podría alcanzar para que el 2016 se lleve el título del segundo año más violento de la historia reciente salvadoreña. Desde 1999, ningún año, exceptuando al 2015, ha alcanzado los 5.000 asesinatos.

Empero, entre la ola de asesinatos y las medidas de choque gubernamentales han desnudado otros tipos de violencia: el desplazamiento forzado, la brutalidad policial, las ejecuciones extrajudiciales y la muerte de pandilleros en combates con los cuerpos de seguridad.

Trece organizaciones de la sociedad civil que abordan el problema del desplazamiento registraron entre 2014 y agosto pasado un total de 234 casos con 1.019 víctimas, pero el Gobierno no reconoce oficialmente el fenómeno y sostiene que es un problema "puntual" y dice que: "tampoco estamos en Afganistán".

Estos hechos son atribuidos principalmente a la violencia de las pandillas, pero un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos da cuenta de que el 6,7 % de los éxodos de familias, computados entre el 2014 y el primer trimestre del 2016, fueron generados por "amenazas o acoso" de la Policía.

Por otra parte, en los primeros 5 meses del 2016 más de 500 soldados y policías fueron procesados judicialmente, principalmente por acusaciones de amenazas, lesiones y homicidio; la cifra desde 2014 supera los 3.000 agentes.

Este año han sido arrestados 11 policías por supuestamente pertenecer a grupos de exterminio o de sicarios pandilleros, 6 por ejecutar a un joven después de un tiroteo y 5 por intentar asesinar a 2 jóvenes, presuntos pandilleros.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) investiga al menos 161 homicidios atribuidos a grupos de exterminio y 119 que pueden ser ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 2013 y 2016.

Finalmente, el número de pandilleros muertos en refriegas con la Policía y el Ejército se incrementaron en más de un 9.800 % en el primer semestre del 2016, en comparación con el mismo lapso del 2011.

Según las cifras policiales, entre enero y junio de 2011 los miembros de pandillas caídos en reyertas con las autoridades fueron 3, mientras que en el mismo lapso de 2016 la cifra escaló hasta los 298, un 9.833 % superior.

"Si este no es el camino correcto en este momento, en esta etapa, en esta coyuntura ¿cuál es?: este es el camino correcto", sentenció el vicepresidente Salvadoreño, Óscar Ortiz, recientemente.

Los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron al país centroamericano 3,337.2 millones de dólares en los nueve primeros meses del 2016, un incremento de 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior, se informó oficialmente.

El Banco Central de Reserva detalló el miércoles que ese aumento representa 191,7 millones de dólares. Agregó que solo en septiembre, las remesas --segunda fuente de ingresos externos después de las exportaciones en El Salvador-- alcanzaron 362,7 millones, con un alza de 4,7%.

De las remesas de enero a septiembre, el sistema bancario recibió 1.690,5 millones de dólares equivalentes a 6,4 millones de operaciones, con un participación de 50,7%. Las federaciones de cooperativas, agentes y otras empresas recibieron 46% de los envíos y el resto fue trasladado por familiares, amigos o encomenderos.

Unos 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, según cifras oficiales. En la actualidad hay 194,790 amparados por el Tratado de Protección Temporal, un programa migratorio que les permite residir y trabajar en ese país y que recientemente se extendió por 18 meses hasta el 9 de marzo de 2018.

De acuerdo con la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del ministerio de Economía las remesas —que en el 2015 sumaron 4.279 millones de dólares— benefician alrededor de 1,3 millones de personas. La población de El Salvador se estima en seis millones.

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