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LatinoAmericana (72)

SAN SALVADOR (AP) — Con vítores y alabanzas, miles de feligreses recibieron a monseñor Gregorio Rosa Chávez, primer cardenal de El Salvador, que volvió del Vaticano tras su nombramiento con un mensaje de esperanza y la promesa de trabajar para alcanzar la paz en este pequeño país centroamericano, uno de los más violentos del mundo.

“Estoy contento de volver a la patria. Traigo un mensaje del Santo Padre de esperanza, de gozo y de paz”, dijo el prelado católico al salir del aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, donde los devotos salvadoreños lo esperaban para escucharlo, verlo y estrechar sus manos.

Con la humildad que lo ha caracterizado, mostrando su sonrisa de cura bonachón, el cardenal se dio tiempo para abrazar a sus hermanos de la Iglesia católica y a los feligreses que llegaron hasta el aeropuerto, a 34 kilómetros al sureste de la capital.

Rosa Chávez dijo que cuando abrazó al papa el 28 de junio en el Vaticano para recibir su nombramiento “pensaba en ustedes, en su sufrimiento, en esa alma salvadoreña” y agregó que la figura de Óscar Arnulfo Romero se mantiene “como maestro y como modelo a imitar”. El cardenal fue un fiel seguidor de Romero, arzobispo mártir que fue declarado beato el 23 de mayo de 2017.

“El papa siente que este pueblo es un pueblo capaz de cualquier milagro y me toca a mí hacer mi parte. Vamos a ponernos en marcha, la paz es posible”, manifestó.

Cientos de creyentes, entre ellos estudiantes jóvenes, se apostaron en la carretera desde el aeropuerto y hasta la capital salvadoreña para saludar al cardenal Rosa Chávez, que rompió el protocolo en varias ocasiones y bajó de la camioneta para abrazarlos y darles un mensaje de esperanza.

“Vengo con muchas ilusiones, con muchas esperanzas y también con tareas que ya iremos detallando, pero por ahora basta decirles que el país puede cambiar y debe cambiar si todos nos lo proponemos”, expresó a quienes lo esperaban con alegría.

Rosa Chávez visitó en privado la cripta de Romero en la catedral metropolitana y luego participó en una misa celebrada en la parroquia San Francisco, donde es párroco desde hace 20 años.

Una vez ahí, el nuevo cardenal dijo a sus seguidores que les quería contar un cuento de hadas, “que es lo que he vivido en los últimos días desde que llegué a Roma. Llegué consciente de que no era yo el que tenía que estar allí: iba a nombre de monseñor Romero, pero también a nombre de un pueblo maravilloso”.

“El cuento de hadas siguió en el Vaticano”, dijo Rosa Chávez. Agregó que al saludar al papa Francisco, éste estaba emocionado, lo abrazó y le dijo algo en voz baja. “Lo que me dijo es secreto pontificio, no se los puedo decir, pero él estaba contento”. Luego recordó que el lunes cumplió 35 años de ser nombrado obispo auxiliar de San Salvador y que en su regreso al país hizo escala en Ciudad de México, donde pudo visitar la Basílica de Guadalupe.

“Monseñor es un hombre humilde que nunca buscó el poder, siempre estuvo a la sombra de los arzobispos, pero Dios lo está bendiciendo y así está bendiciendo a este pueblo”, dijo Carolina Reyes, que participó en la misa en la parroquia San Francisco.

GUATEMALA (AP) — Un tribunal de Guatemala ordenó el martes la extradición de Javier Duarte a México.

El exgobernador mexicano del estado de Veracruz, detenido en el país centroamericano desde abril, aceptó horas antes ser extraditado a su país, donde se le acusa de varios actos de corrupción.

"He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición solicitada por México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícitos y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de mi país", dijo Duarte durante una audiencia en un tribunal guatemalteco.

La tarde del martes, el Tribunal Quinto resolvió suspender la audiencia que se llevaba a cabo para emitir su fallo sobre la solicitud de la justicia mexicana. Al retomar la audiencia, el Tribunal aceptó la solicitud de extraditar a Duarte de forma inmediata.

Tras la decisión del tribunal deberán pasar tres días hábiles para que siga el proceso y esperar cualquier apelación. Posteriormente, el tribunal deberá notificar a la Corte Suprema de Justicia sobre su resolución, que a su vez deberá avisar a la cancillería guatemalteca. Por último, ésta deberá coordinarse con las autoridades mexicanas sobre el traslado de Duarte a su país.

Barbado, con pelo corto y acompañado de dos de sus abogados, el otrora hombre fuerte de Veracruz escuchó momentos antes a la fiscalía cuando enumeró la lista de 19 medios de prueba que México aportó para su extradición, entre los que se encuentran contratos de acciones en empresas y de arrendamiento y propiedad de al menos ocho departamentos en los estados de Veracruz y Guerrero.

México también formuló un segundo pedido de extradición por haber malversado 220 millones de pesos del erario nacional durante 2015. Según la Procuraduría General de ese país, Duarte habría desviado millones de dólares para adquirir bienes e inmuebles para su beneficio y el de allegados y para ello utilizó empresas fantasmas y testaferros.

Durante la audiencia Duarte tuvo tres breves intervenciones, en una de ellas le dijo al tribunal que en ningún momento la fiscalía mexicana probó que se tuviera registros de él en el Registro Nacional Agrario mexicano donde constará que tiene acreditadas propiedades.

Carlos Velásquez, abogado de Duarte, se comprometió ante el tribunal a no presentar ningún recurso legal constitucional que pudiera detener el proceso de extradición.

Caracas, 5 jul (EFE).- El Ministerio Público (MP) de Venezuela anunció hoy la apertura de una investigación sobre el ataque violento perpetrado este miércoles por decenas de manifestantes chavistas contra el Parlamento de ese país, al tiempo que el defensor, Tarek William Saab, exigió que se aclaren estos hechos.

El MP señaló a través de Twitter que la Fiscalía 106 será la encargada de investigar esta situación en la que resultaron heridos al menos cinco diputados opositores.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, señaló en la misma red social que solicitó a las "autoridades competentes" que se abra "una exhaustiva investigación" de los hechos en la que resaltó que participará la institución que dirige, con el fin de "determinar la responsabilidad de los culpables".

Un grupo de simpatizantes violentos del Gobierno venezolano entró hoy por la fuerza en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, mientras esta celebraba una sesión para conmemorar el Día de la Independencia de ese país.

Los asaltantes entraron a la sede parlamentaria con palos y artefactos pirotécnicos y arremetieron contra legisladores, periodistas y otras personas presentes y robaron a algunas de ellas, para después concentrarse en el exterior del recinto e impedir la salida de los miembros de la Cámara.

Saab condenó el asalto al Parlamento y confió en que los responsables sean "sancionados de forma ejemplar", y pidió "mantener un clima de paz" para "dirimir las diferencias".

También el presidente, Nicolás Maduro, condenó estos hechos y aseguró que él no va a ser "cómplice de ningún hecho de violencia".

Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 91 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía. EFE

Disidentes de las FARC liberaron este miércoles a un funcionario de Naciones Unidas a quien secuestraron el 3 de mayo, cuando trabajaba en el departamento de Guaviare, suroeste de Colombia, informó el organismo internacional.

"Agradecemos mucho la decisión de liberarlo sin daño (alguno). Está en buenas condiciones", dijo a la AFP la directora del Centro de Información de la ONU, Helene Papper, sobre la liberación del colombiano Herledy López.

"Estamos ahora mismo haciendo toda la logística para trasladarlo a Bogotá", agregó la responsable, quien agradeció "al gobierno, a las autoridades locales y a las comunidades" por las gestiones realizadas para que López fuera liberado.

La liberación se produjo en la zona de Mocuare, a orillas del río Guaviare, donde López fue recogido por la infantería de Marina luego de que su esposa reportara que había sido dejado en libertad allí, relató a la prensa el mayor general Jorge Eliécer Suárez Ortiz, comandante del Ejército en la zona.

"Allá fuimos, lo recibimos, le dimos un fuerte abrazo, bienvenido a su libertad Herledy, su familia lo está esperando", le dijo Suárez Ortiz tras la liberación, según relató.

El funcionario de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) fue secuestrado cuando participaba en Barranquillita de una reunión con campesinos para promover la sustitución de cultivos ilícitos, horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU visitara el país en respaldo al acuerdo de paz con las FARC, que completó su desarme el martes pasado.

"Acaba de arribar aquí a (la capital departamental) San José del Guaviare, donde vamos a hacerle los exámenes de rigor, con nuestros médicos, con la psicóloga. Lo vemos que está en buen estado de salud", indicó Suárez Ortiz.

El mayor general indicó que a López ya lo acompañan otros funcionarios de la ONU y que su familia está viajando desde Bogotá a la zona para reencontrarse con él.

- "Un mensaje al gobierno" -

Tras la firma del acuerdo de paz en noviembre entre las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal y más antigua guerrilla del continente, y el gobierno de Juan Manuel Santos, algunos rebeldes rechazaron el pacto, entre ellos el Frente Primero, al que se responsabiliza de este rapto.

Desde entonces los disidentes, que el gobierno calcula en un 6% del total de miembros de la guerrilla, actúan como grupos armados organizados con fines principalmente económicos.

"Estas disidencias de las FARC no quieren dejar el negocio del narcotráfico, por eso se lo llevan a él secuestrado, para mandarle un mensaje al gobierno nacional de que ellos no van a permitir, me manifestaba (López), que haya progreso en esta región", contó el oficial.

"Son muchachos jóvenes y que sentían mucho temor de la presencia de nuestros soldados" en la región, añadió.

Casi 7.000 excombatientes de las FARC se concentran en 26 zonas del país, donde el martes de la semana pasada completaron su dejación de armas y avanzan en su transición a la vida civil, como prevé el pacto de paz.

La ONU mantiene una misión en Colombia, con mandato hasta septiembre, que incluye 450 observadores internacionales para certificar la dejación de armas de FARC y verificar el cese del fuego.

Colombia ha sufrido un cruento conflicto por más de medio siglo, que ha dejado más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y unos 7,1 millones de desplazados.

Tegucigalpa, 5 jul (EFE).- La deportación de hondureños indocumentados en el primer semestre de 2017 disminuyó en un 29,5 % en relación al mismo período de 2016, según cifras divulgadas hoy por el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras.

En ese período fueron deportados 23.501 personas frente a las 33.360 del primer semestre del año pasado, de acuerdo con un informe del Observatorio de Exteriores hondureño al que tuvo acceso Efe.

Del total de migrantes, 13.026 provenían de México, 10.406 de Estados Unidos y los 69 restantes de otros países, como Guatemala, El Salvador y Belice.

El informe oficial detalla que en el período de referencia fueron retornados de México 2.066 niños y adolescentes hondureños, 117 desde Estados Unidos y otros 20 desde Guatemala, El Salvador y Belice.

Precisa además que en el mismo período fueron repatriados 111 hondureños indocumentados que fallecieron por diversas causas, lo que supone una disminución del 59,5 % con relación al cierre de 2016.

Del total de hondureños fallecidos este año, 65 fueron repatriados de Estados Unidos; 35 de México; cinco de España; dos de Guatemala; dos de Belice, uno de Bélgica y otro de Costa Rica, añade el documento.

Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país centroamericano, como la violencia.

Los que viven en el exterior, principalmente en EE.UU., envían remesas familiares, las que en el primer trimestre de 2017 superaron los 964 millones de dólares, de acuerdo con cifras del Banco Central del país centroamericano.

Según organismos de derechos humanos, unos 100 hondureños salen a diario hacia Estados Unidos y para hacerlo pagan a traficantes de personas grandes cantidades de dinero. EFE

PANAMÁ (AP) — Panamá tomó casi con indiferencia la muerte del exdictador Manuel Antonio Noriega, que deja en el limbo la verdad sobre los cientos de crímenes cometidos durante su régimen de facto en la década de 1980.

Noriega murió la noche del lunes a los 83 años en un hospital público donde permanecía desde marzo en cuidados intensivos tras sufrir una hemorragia luego de ser sometido a una cirugía en la que se le extirpó un tumor cerebral benigno.

En general los panameños reaccionaron con desinterés al fallecimiento de Noriega pese a que, sin llegar a ser presidente, controló a su antojo el país tras su asunción en el ejército en 1983 y su expulsión a raíz de la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. Su caída terminó con un periodo de control castrense del país que se extendió por 21 años.

Pero los familiares de las personas asesinadas durante su dictadura lamentaron que el anciano ex gobernante falleciera sin contar la verdad sobre esos crímenes.

“Nosotros ya lo habíamos perdonado por lo que ocurrió”, dijo telefónicamente a The Associated Press Josué Giroldi, hijo del mayor Moisés Giroldi, acribillado después de liderar una rebelión militar contra Noriega en octubre de 1989. Noriega, que era padrino de bodas de Giroldi, fue condenado en ausencia por ese crimen.

“Nunca confesó la verdad sobre esos hechos y esto sí nos deja en la zozobra para toda la vida”, agregó.

Noriega también fue condenado por la decapitación del médico guerrillero Hugo Spadafora en 1985, caso por el que Francia accedió a repatriarlo en diciembre de 2011. El exdictador pagó más de dos décadas de cárcel en Estados Unidos y Francia por narcotráfico y lavado de dinero antes de regresar a Panamá.

También enfrentaba junto a otros siete compañeros de armas un proceso por el crimen del opositor comunitario Heliodoro Portugal, quien desapareció en 1970 y cuyos restos fueron encontrados poco después de la caída de Noriega.

“Realmente muchísimas familias panameñas no van a saber qué pasó con sus seres queridos. Esto es triste porque no puede haber reconciliación ni puede haber paz si no se sabe la verdad de las cosas”, dijo a AP Patria Portugal, hija del opositor asesinado.

Muchos panameños consideraron que Noriega ya había pagado lo suficiente tras las rejas.

“Ya él había sufrido mucho”, dijo Adelina de Sánchez, una pensionada de 59 años que llegó el martes a acompañar a un familiar al hospital Santo Tomás, donde murió Noriega. “Ya pagó. ¿Qué más le podían hacer? Dios sabrá qué va a hacer con él”.

En la entrada del hospital reinaba la tranquilidad y solo un pequeño grupo de periodistas se mantenía apostado allí sin saber a ciencia cierta si el cuerpo del exdictador aún permanecía en el lugar.

Noriega ya no generaba interés político ni contaba con poder en el país. Pero sus antiguos adversarios, que incluso llegaron a visitarlo en la cárcel, sí destacaron tras su muerte lo importante que hubiera sido que aclarase algunos de los crímenes más impactantes de los que fue acusado y que marcaron a la nación centroamericana, como la decapitación de Spadafora.

No se ha brindado información oficial sobre la causa de muerte pero familiares cercanos del ex general dijeron que posiblemente fue consecuencia de la prolongada estancia hospitalaria, en la que habría estado expuesto a infecciones. Tampoco se han informado los planes del funeral.

El gobierno del presidente Juan Carlos Varela - el sexto en alcanzar el poder tras la transición a la democracia- aclaró el martes que será una semana normal de labores y que no corresponde declarar feriado por la muerte de Noriega porque fue designado jefe de gobierno en 1989 pero la justica declaró luego ilegal ese nombramiento. Panamá suele declarar el duelo nacional y feriado en los fallecimientos de expresidentes.

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Al menos 5.278 personas fueron asesinadas en 2016 en El Salvador.

Con un promedio de 81,2 muertes violentas por cada 100.000 habitantes la situación ha mejorado con respecto al año anterior, pero la nación aún se considera una de las más violentas del mundo.

El director general de la Policía Nacional Civil, comisionado Howard Cotto, confirmó el lunes en conferencia de prensa la cifra con que cerró 2016 y agregó que se registró un promedio de 14,4 muertes violentas por día, lo que implica una reducción de 1.378 homicidios en comparación con 2015, cuando confirmaron 6.665 homicidios, la mayoría perpetrados por las maras o pandillas que también están involucrados en el narcotráfico y otros delitos como extorsión.

"La reducción es de 20,9% en el tema de homicidios, lo que considero como un avance, un logro importante, en el sentido que estamos hablando de sólo nueve meses cuando se modificó la estrategia de combate a las estructuras criminales", señaló a The Associated Press el criminólogo y experto en temas de seguridad, Ricardo Sosa.

Sosa agregó que en 2015, El Salvador registró un promedio de 104 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que superó el registró histórico de este pequeño país centroamericano y lo confirmó como uno de los más violetos del globo.

El experto dijo también que esta reducción de las muertes violentas ahora "le permite a El Salvador ubicarse en el número 12 en esta carrera espeluznante de que país arroja mayor cantidad de homicidios".

Asimismo, destacó que el "avance" se produce luego de una matanza de once trabajadores que se le atribuye a las pandillas y que el gobierno salvadoreño decretara estado de emergencia en siete cárceles. De este modo, trasladaron a sus cabecillas a una cárcel de máxima seguridad y días después logró que la Asamblea Legislativa aprobara un paquete de medidas extraordinarias que afectan al sistema penitenciario y los autoriza a someter a aislamientos severos a estos criminales.

La Asamblea le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar el flujo de tráfico de llamadas telefónicas desde los centros penales y se han contemplado medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

Cotto informó que en 2016 detuvieron a 33.223 personas, la mayoría miembros de estructuras de pandillas. De éstos, 2.672 fueron detenidos por el delito de homicidio y 1.379 sujetos estuvieron vinculados a las extorsiones.

Destacó que en el año se registraron 650 balaceras con los grupos criminales en los que fallecieron 603 individuos "que agredieron y abrieron fuego contra nuestras unidades" y fueron detenidos en esos intercambios de disparos 362 individuos.

El investigador destacó también el aumento de balaceras entre las fuerzas de seguridad y los grupos criminales y afirmó que endurecieron las acciones contras represivas, luego que en una cadena nacional de radio y televisión el presidente Salvador Sánchez Cerén cerrara toda posibilidad de dialogo con las pandillas.

"No queda duda de que de parte del gobierno hay una guerra declarada hacia las estructuras y en ese sentido ha habido una respuesta de las estructuras criminales en atentar contra los policías y militares", sostuvo.

Sosa expresó también preocupación por las crecientes denuncias de abuso de las fuerzas de seguridad y los militares y la posible participación en matanzas de pandilleros. Para el investigador, estas denuncias deben ser investigadas, pero señaló que el problema es que las indagaciones dependen de los altos mandos de la policía y de la fuerza armada, lo que complica más la posibilidad de transparencia y poder someter a la justicia a los responsables.

En El Salvador, las pandillas establecidas en barrios populosos y comunidades están integradas por más de 60.000 jóvenes y adultos. Más de 13.000 están presos. Sus principales cabecillas están en una cárcel de máxima seguridad y según las autoridades, están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

DONNA, Texas, EE.UU. (AP) — El número de familias centroamericanas que piden asilo en la frontera sur de Estados Unidos no muestra señales de estar disminuyendo desde que se registró un notable incremento hace un par de años, dijo el miércoles el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kerlikowske, tras recorrer un centro de detención temporal en el Valle del Río Grande.

El total de detenciones en la frontera suroeste puede estar cerca de 2.000 al día, y la mayoría de la gente se entrega por su cuenta, dijo Kerlikowske durante una entrevista telefónica. El flujo de noviembre fue tan alto como el de octubre: 46.195, puntualizó.

La cantidad exacta del mes será anunciada la próxima semana.

Se prevé próximamente la apertura de una instalación en el puente internacional Donna-Río Grande y procese hasta 500 personas al día. La gran tienda de color blanco y 40.000 pies cuadrados (1.133 metros cuadrados) está en un paraje cercano al río, rodeado de un cerco resguardado con alambre de púas.

Kerlikowske recorrió una instalación parecida que ya está funcionando en Tornillo, cerca de El Paso. Las autoridades dicen que las instalaciones funcionarán tanto tiempo como sea necesario.

La meta es procesar a la gente más rápidamente, 24 horas para menores no acompañados de un adulto y 72 horas para familias. La tienda tendrá duchas, lavandería y atención médica. El comisionado dijo que los migrantes saldrían a ejercitar diariamente.

Kerlikowske dijo que no podía comentar sobre el efecto, si es que hubiera alguno, que habría en el procesamiento de la Patrulla Fronteriza tras poner en libertad a 470 niños y padres migrantes de dos centros de detención de Texas. Estos centros son administrados por divisiones separadas del Departamento de Seguridad Nacional.

La liberación ocurrió después de que un juez fallara que el estado no tenía autorización de operar los centros de detención, administrados de manera privada, como instalaciones de cuidado infantil.

El flujo estable de centroamericanos que huyen de la violencia y pobreza de sus países comenzó en el 2014.

CARACAS (Reuters) - Los facilitadores del diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, incluido un representante del Vaticano, anunciaron la noche del martes que trabajarán para reactivar en enero de 2017 la negociación entre ambos bandos políticos del país sudamericano.

Los representantes de la oposición venezolana decidieron suspender horas antes un encuentro con el Gobierno previsto para el martes y dijeron que sólo mantendrían contacto con mediadores internacionales buscando presionar por salidas a la crisis política y económica que vive la nación petrolera.

"Aún quedan temas en la agenda que están pendientes por resolver", dijo a periodistas el enviado del Vaticano, Claudio María Celli, acompañado de expresidentes y un representante de Unasur, tras reunirse con ambos bandos en un hotel de la capital venezolana.

"De allí que consideramos que se debe iniciar una etapa que nos lleve hacia la reactivación, consolidación y sostenibilidad del diálogo", agregó Celli, leyendo un comunicado que respaldaron representantes de ambas partes.

Los bandos discutirán una agenda de trabajo propuesta por los facilitadores en mesas técnicas hasta el 13 de enero, según indicó el enviado del Vaticano, sin dar mayores detalles de las iniciativas que buscan concretar.

La oposición reclama la lentitud con la que el Gobierno socialista ha avanzado en la liberación de un centenar de líderes políticos detenidos y el escaso abastecimiento de medicinas y alimentos, entre otros acuerdos que señala que aceptó su contraparte en las reuniones previas.

"Nos sentaremos nuevamente con el Gobierno únicamente cuando cumpla lo acordado", afirmó a periodistas Jesús Torrealba, secretario de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tras la reunión que sostuvo con los facilitadores.

Torrealba dijo que se hicieron nuevas ofertas para "relanzar el diálogo", sin mencionar ninguna de ellas, pero se mostró confiado en el efecto que ejerce el Vaticano para que el Gobierno de Maduro avance en la negociación y ofrezca resultados.

Por lo pronto, en las mesas técnicas se discutirán temas como "justicia y derechos humanos", así como "la generación de confianza y cronograma electoral", mencionó Monseñor Celli.

Durante las conversaciones formales entre Gobierno y oposición, que comenzaron en octubre, un puñado de detenidos -que la oposición llama presos políticos, pero que Maduro dice son criminales- fueron liberados como un gesto hacia la iniciativa impulsada por el Papa.

Pero la oposición insiste en exigir la libertad para todos esos presos, así como definir una agenda electoral, medidas para aliviar el efecto de la prolongada recesión económica y el respeto de las decisiones del poder legislativo.

Hasta el 13 de enero de 2017, los poderes públicos no aprobarán decisiones que dificulten el proceso de diálogo, según dijeron los facilitadores, tras acordarlo con ambos grupos políticos.

Si bien las conversaciones están suspendidas hasta una nueva convocatoria en enero, el presidente Nicolás Maduro aseguró la noche del martes que el país continuará estable.

"Creen que son imprescindibles. No. Con la derecha dialogando o sin la derecha dialogando, Venezuela lo que va es para adelante", comentó en un acto político transmitido en una cadena de radio y televisión.

La semana pasada, Maduro dijo estar dispuesto a continuar en la mesa de conversaciones hasta 2017, buscando salidas a una aguda crisis económica y política.

Las FARC exigieron este domingo la aplicación del Acuerdo de Garantías y Seguridad alcanzado con el gobierno de Colombia para su desmovilización, al advertir que con el asesinato de líderes campesinos y guerrilleros, está regresando "la guerra sucia".

"Condenamos asesinato sistemático de líderes campesinos. Exigimos aplicación inmediata Acuerdo Garantías de Seguridad.Vuelve la guerra sucia", dijo el negociador Pablo Catatumbo en su cuenta twitter.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaron hace una semana en La Habana un segundo acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que el primero fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre.

El avance de esas negociaciones por casi cuatro años en Cuba, llevaron a un cese al fuego bilateral que rige desde el 29 de agosto pasado, para crear las condiciones de la desmovilización guerrillera y su paso a la vida política legal como organización.

Pero en la última semana han sucedido muertes de líderes campesinos y guerrilleros, así como el desalojo de campamentos de paz, lo que le otorga una preocupante fragilidad al proceso.

"Asesinan líderes campesinos, desalojan campamentos de Paz, asesinan guerrilleros en cese al fuego, se dilata la implementación. Pésima señal", agregó Catatumbo.

El propio presidente Juan Manuel Santos reconoció hace una semana que "el cese al fuego es frágil" y que "la incertidumbre genera temores y aumenta los riesgos de echar este inmenso esfuerzo al traste".

Las negociaciones de paz buscan poner fin a un conflicto armado de medio siglo que dejó más de 260.000 muertos.

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