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LatinoAmericana (75)

Con el telón de fondo de la crisis en Venezuela, la Suprema Corte de Estados Unidos analiza la expropiación que realizó el fallecido mandatario Hugo Chávez de una petrolera estadounidense en 2010.

Los ocho magistrados del alto tribunal deberán determinar bajo qué condiciones puede un estado soberano ser sometido a la justicia estadounidense.

Con sede en el estado de Oklahoma, la firma Helmerich & Payne International Drilling Company acusa a Venezuela de haber tomado en forma ilegal once plataformas petroleras.

En aquel momento, la "revolución bolivariana" en Venezuela estaba en su apogeo y Chávez propugnaba meter al país en el "socialismo del siglo XXI".

- Expropiación -

El gobierno de Chávez nacionalizó varios sectores de la economía -desde los agroalimentos a la distribución y la banca-, obligando a las multinacionales a reducir su despliegue.

La energía, en tanto sector estratégico, no escapó a ese proceso.

Actor relativamente modesto en el sector de la perforación petrolera, Helmerich & Payne operaba entonces como subcontratista de la estatal Pdvsa.

La firma estadounidense había entregado a Venezuela sus propios equipos de perforación.

En 2009, Helmerich & Payne constató una acumulación de facturas impagas de parte de Pdvsa por unos 100 millones de dólares, por lo que decidió detener sus gastos y desmantelar sus instalaciones.

En respuesta, el gobierno venezolano tomó medidas en junio de 2010 para impedir el traslado de los equipos y el presidente Chávez firmó un decreto expropiando a Helmerich & Payne.

La firma, a su vez, demandó a Venezuela ante la justicia estadounidense, consciente de la inmunidad que gozan los estados soberanos.

- Inmunidad -

No obstante, en 1976 el Congreso previó limitadas excepciones a esa inmunidad.

Bajo la "Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera", existe la posibilidad de perseguir judicialmente a un país extranjero si este se apodera de bienes estadounidenses, o cuando sus acciones acarrean consecuencias directas sobre el funcionamiento comercial de Estados Unidos.

Basado en esa legislación, una corte de Washington dio lugar al reclamo de Helmerich & Payne contra Caracas.

El estado venezolano respondió que era impensable, según el derecho internacional, autorizar un proceso contra un país soberano por un motivo tan poco sustancial.

En este complicado caso, Caracas obtuvo paradójicamente el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que teme convertirse en una víctima por desafiar el sacrosanto principio de la inmunidad extranjera.

En ese marco, el presidente Barack Obama se opuso recientemente a una ley que permite a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre demandar a Arabia Saudita.

Los ochos magistrados de la Suprema Corte atendían con cierta perplejidad el caso, que podría acarrear graves consecuencias.

El Departamento de Estado "está preocupado", subrayó durante los debates la jueza Sonia Sotomayor.

El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, reaccionó de manera cautelosa ante la investigación el caso del expresidente Elías Antonio Saca por el desvío de $246 millones de cuentas del Tesoro Nacional hacia 14 cuentras de tres exfuncionarios.

“La Fiscalía tiene un argumento. Nosotros como gobierno nacional hemos dicho que vamos a respetar todos los procesos y esperamos que todas las instancias del gobierno cumplan con los debidos procesos. Esperamos que las personas demandadas tengan la posibilidad de demostrar si esas acusaciones son totalmente ciertas, son fundamentadas; la Constitución establece que nadie puede ser condenado hasta que se le demuestre... hoy por hoy, hay procesos abiertos por la Fiscalía que tendrá que probar de manera sólida”, dijo Ortiz.

El funcionario dijo que el gobierno está expectante de que se garantice el debido proceso a cada uno de los que están siendo demandados, en base al mandadato de la Constitución de la República.

Al comentársele al vicepresidente que las trasferencias de cuentas del Tesoro Nacional habían continuado en la administración del expresidente Mauricio Funes, dijo: “Eso es algo que tendrá que probar el Fiscal. No tiene sentido que nosotros estemos especualando sobre eso; y si hay un cometimiento, porque así lo considera la Fiscalía, la Fiscalía tendrá que ver cómo estructura y construye un proceso”.

Ortiz recalcó que como gobierno han dicho que en estos casos se debe de actuar con la mayor soriedad, “con el apego al respeto a los mandatos constitucionales; hay que evitar que personas, instituciones o corporativos vayan a ser condenados antes que el proceso demuestre que efectivamente que por aquello que se les acusa o se les señala, es totalmente cierto y está debidamente fundamentado como la Constitución lo manda”, recalcó el vicepresidente.

Caracas, 26 Oct (Notimex).- Miles de opositores al gobierno venezolano se concentraron el miércoles en una autopista caraqueña para exigir que se levante la suspensión de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.

El día en que debía comenzar la recolección de firmas de electores para activar la consulta, la manifestación de fuerza pública se repitió en la autopista Francisco Fajardo, que une la ciudad en los extremos este y oeste, al igual que ocurrió el pasado 1 de septiembre.

La multitudinaria concentración opositora se realizó mientras otros miles de partidarios del gobierno se concentraron en los alrededores de la casa de Gobierno de Miraflores para expresar su apoyo a Maduro.

En la llamada “Toma de Venezuela” los principales dirigentes opositores, Henrique Capriles, y el jefe de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, acudieron sorteando la multitud que abría el camino hacia la tarima principal.

Ramos dijo que se está preparando una marcha el 3 de noviembre próximo, la cual podría ir a la casa de Gobierno de Miraflores de “manera pacífica” para notificar a Maduro la decisión de la Asamblea de iniciar un juicio político en su contra sobre su responsabilidad en la crisis.

“Ya comenzamos un proceso para declarar la responsabilidad política del vago ese que tenemos en Miraflores (casa de Gobierno)”, señaló en su discurso.

Convertida en un hormiguero humano la autopista fue colmada en varios kilómetros por manifestantes que llevaban camisas blancas y banderas tricolores.

El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), Jesus Torrealba, dijo que los venezolanos reclaman pacífica, pero “contundentemente” el “retorno de la democracia”.

“Acá tenemos un régimen que ama más su botín que al país. Y son capaces de poner en riesgo la paz de la nación. Nosotros no podemos entregarle a nuestros hijos un país convertido en escombros. Por eso nuestra estrategia democrática”, dijo.

Agregó que la presencia masiva en la concentración muestra que más del 80 por ciento de los venezolanos quiere un cambio político.

Dirigentes de la MUD dijeron que desean plantearle al país una ruta clara para salir de la crisis y estabilizar el país, mediante una consulta al pueblo.

La recolección de firmas para el referéndum fue suspendido por varios tribunales penales que admitieron una denuncia de supuesto fraude con firmas anteriormente recolectadas.

San Salvador, 26 oct (EFE).- Hasta mediados de este octubre, El Salvador registró una baja del 17,5 % de homicidios respecto a 2015, lo que el Gobierno atribuye a su política de seguridad de choque, pero la tendencia apunta a que solo alcanzará para colocar al 2016 como el segundo año más violento de su historia reciente.

Entre enero y febrero los asesinatos se incrementaron un 117,6 %, respecto al mismo lapso del 2015, el más violento desde 1999 y que cerró con 6.657 homicidios.

Para el 6 de marzo la cifra estaba un 113,5 % por encima que en la misma fecha de 2015, y tres días antes fue perpetrada por pandillas la segunda masacre con más de 10 víctimas desde 2010.

Este suceso encendió las alarmas y el Gobierno habló de estado de sitio, toque de queda, declaración de emergencia, incluso de armar a la población.

"No queda otro camino" para combatir a las pandillas que la "guerra", y en este Gobierno "no hay espacio para diálogo" o para "treguas", dijo el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, el 7 de marzo pasado.

En abril, el país recrudeció el régimen en las cárceles que albergan pandilleros, trató de cortar toda comunicación de las prisiones con el exterior, sacó más soldados a las calles y creó una unidad elite de 1.000 elementos para perseguir a columnas armadas de "mareros" en la zona rural.

El Gobierno apostó todas sus fichas a las "medidas extraordinarias" y el Congreso le dio 152 millones para armar a sus huestes y sellar las cárceles.

Concluido el primer semestre del 2016 y con varios meses de "medidas extraordinarias" sobre los lomos, el país acumuló 3.023 muertes violentas, todavía un 5,8 % superior a las 2.874 del 2015.

No fue hasta el 9 de agosto que registró la primera disminución en los asesinatos desde 2014.

A partir de esa fecha los datos siguieron disminuyendo hasta llegar al 19 de octubre, cuando se alcanzaba la cifra de 4.431 personas asesinadas, un 17,5 % menos que las 5.363 muertes violentas del mismo lapso de 2015.

El promedio de asesinatos en estos 293 días se situó en 15,12 y, de continuar esta tendencia, el 2016 podría cerrar con aproximadamente 5.535 muertes violentas. Una cifra de cerca de 100 asesinatos mayor a la prometida recientemente por el director de la Policía, Howard Cotto.

Pero esta baja solo podría alcanzar para que el 2016 se lleve el título del segundo año más violento de la historia reciente salvadoreña. Desde 1999, ningún año, exceptuando al 2015, ha alcanzado los 5.000 asesinatos.

Empero, entre la ola de asesinatos y las medidas de choque gubernamentales han desnudado otros tipos de violencia: el desplazamiento forzado, la brutalidad policial, las ejecuciones extrajudiciales y la muerte de pandilleros en combates con los cuerpos de seguridad.

Trece organizaciones de la sociedad civil que abordan el problema del desplazamiento registraron entre 2014 y agosto pasado un total de 234 casos con 1.019 víctimas, pero el Gobierno no reconoce oficialmente el fenómeno y sostiene que es un problema "puntual" y dice que: "tampoco estamos en Afganistán".

Estos hechos son atribuidos principalmente a la violencia de las pandillas, pero un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos da cuenta de que el 6,7 % de los éxodos de familias, computados entre el 2014 y el primer trimestre del 2016, fueron generados por "amenazas o acoso" de la Policía.

Por otra parte, en los primeros 5 meses del 2016 más de 500 soldados y policías fueron procesados judicialmente, principalmente por acusaciones de amenazas, lesiones y homicidio; la cifra desde 2014 supera los 3.000 agentes.

Este año han sido arrestados 11 policías por supuestamente pertenecer a grupos de exterminio o de sicarios pandilleros, 6 por ejecutar a un joven después de un tiroteo y 5 por intentar asesinar a 2 jóvenes, presuntos pandilleros.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) investiga al menos 161 homicidios atribuidos a grupos de exterminio y 119 que pueden ser ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre 2013 y 2016.

Finalmente, el número de pandilleros muertos en refriegas con la Policía y el Ejército se incrementaron en más de un 9.800 % en el primer semestre del 2016, en comparación con el mismo lapso del 2011.

Según las cifras policiales, entre enero y junio de 2011 los miembros de pandillas caídos en reyertas con las autoridades fueron 3, mientras que en el mismo lapso de 2016 la cifra escaló hasta los 298, un 9.833 % superior.

"Si este no es el camino correcto en este momento, en esta etapa, en esta coyuntura ¿cuál es?: este es el camino correcto", sentenció el vicepresidente Salvadoreño, Óscar Ortiz, recientemente.

Los salvadoreños que viven en Estados Unidos enviaron al país centroamericano 3,337.2 millones de dólares en los nueve primeros meses del 2016, un incremento de 6.1% respecto al mismo periodo del año anterior, se informó oficialmente.

El Banco Central de Reserva detalló el miércoles que ese aumento representa 191,7 millones de dólares. Agregó que solo en septiembre, las remesas --segunda fuente de ingresos externos después de las exportaciones en El Salvador-- alcanzaron 362,7 millones, con un alza de 4,7%.

De las remesas de enero a septiembre, el sistema bancario recibió 1.690,5 millones de dólares equivalentes a 6,4 millones de operaciones, con un participación de 50,7%. Las federaciones de cooperativas, agentes y otras empresas recibieron 46% de los envíos y el resto fue trasladado por familiares, amigos o encomenderos.

Unos 2,5 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, según cifras oficiales. En la actualidad hay 194,790 amparados por el Tratado de Protección Temporal, un programa migratorio que les permite residir y trabajar en ese país y que recientemente se extendió por 18 meses hasta el 9 de marzo de 2018.

De acuerdo con la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del ministerio de Economía las remesas —que en el 2015 sumaron 4.279 millones de dólares— benefician alrededor de 1,3 millones de personas. La población de El Salvador se estima en seis millones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuradoria General de la República (PGR) dieron cumplimiento esta mañana a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y develaron una placa en honor a José Agapito Ruano, quien fue condenado a 15 años por el delito de secuestro.

"Viví tiempos amargos, estás injusticias no deben seguir pasando", dijo Ruano en alusión a que la Corte condenó al Estado salvadoreño, porque concluyó que la condena fue injusta.

Ruano fue capturado en el 2001 porque la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que fue el responsable del secuestro de un empresario de Guazapa, ya que así lo señaló un testigo criteriado.

El testigo identifico a Ruano únicamente bajo el alias "chopo".

"Aquí no se puede hace nada. Tuve que pasar 15 años en la cárcel por un error. Qué triste es la sociedad donde yo vivo", declaró Ruano.

La procuradora general, Sonia Cortez, explicó que el evento es para pedirle una disculpa por todos los daños que sufrió Agapito y su familia.

laprensagrafica.com

Por FABIOLA SANCHEZ, Associated Press

CARACAS, Venezuela (AP) —

Una incorporación del Vaticano como facilitador del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana abre una posibilidad para que las conversaciones puedan concretarse, afirmó el martes el dirigente opositor Henrique Capriles.

El proceso de diálogo, que se inició en mayo pasado y que hasta el momento no ha tenido mayores avances, podría tener un nuevo aire con la incorporación del Vaticano, que fue invitado a sumarse al proceso por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según anunció recientemente el dirigente oficialista y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez.

Sin embargo, hasta ahora una posible intervención del Vaticano es solamente un enunciado, sin ninguna resolución.

"Con la incorporación de la Iglesia, del Vaticano, sí se abre una posibilidad de diálogo", dijo Capriles a The Associated Press al asegurar que confía en que la firmeza de los planteamientos del Vaticano pueda favorecer el proceso. "Dudo que Maduro se pueda vacilar (engañar) al papa Francisco", agregó

En julio pasado el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, anunció que Maduro aceptó la propuesta de la oposición para que el Vaticano se sumara al proceso como facilitador.

Al respecto, el reverendo Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo que "en el pasado, la Santa Sede ha manifestado su disposición, en caso de que haya bases para su contribución al diálogo" en Venezuela. "Sin embargo, por el momento, no ha llegado a la Nunciatura ni a la Secretaría de Estado una comunicación formal que explique las bases y los detalles de una solicitud así", agregó.

Capriles, gobernador del estado central de Miranda, cuestionó las actuaciones que ha tenido en el proceso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, e indicó que "él solito se descalificó cuando él pretende colocar a un lado, poner al margen, un derecho constitucional que tenemos los venezolanos como es el referendo revocatorio".

Los exmandatarios Leonel Fernández de República Dominicana, Martín Torrijos de Panamá, y Rodríguez Zapatero, viene promoviendo desde mayo pasado, con el respaldo de Unasur, un proceso de diálogo en Venezuela.

Rodríguez Zapatero ha visitado en varias oportunidades en los últimos meses la capital venezolana y ha sostenido encuentros separados con las partes para tratar de avanzar en el proceso de acercamiento.

El proceso de diálogo cuenta con el respaldo de la comunidad internacional que lo ha planteado como salida a la compleja crisis que afronta Venezuela donde hay una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos, medicinas y otros productos que han generado un creciente malestar entre los venezolanos y han golpeado la popularidad de Maduro.

Capriles admitió que representantes de los gobiernos de Bolivia y Ecuador, que son estrechos aliados de Maduro, se le acercaron para manifestarles su preocupación por la situación económica de Venezuela y "por la falta de toma de decisiones en lo económico".

El dirigente precisó que el gobierno ecuatoriano envió asesores a Venezuela para ayudar en el tema económico, pero precisó que las autoridades venezolanas no les prestaron atención.

El mandatario venezolano hace frente a esta situación en medio crecientes tensiones políticas que se han agitado por la iniciativa de referendo revocatorio que viene impulsado la coalición opositora para acelerar la salida de Maduro del gobierno este año.

La alianza opositora anunció la víspera que irá entre el 26 y 28 de octubre al proceso de recolección del 20% de las firmas que se requieren para activar el referendo, pero descartó que vaya acatar la exigencia que impuso el Consejo Nacional Electoral de que la colecta de las rúbricas se haga por estado.

El gobierno ha descartado que el referendo pueda darse este año, pero la oposición sigue insistiendo en que la consulta será en el 2016.

De darse la elección luego del 10 de enero del 2017, cuando se completa más de la mitad del mandato presidencial de seis años de Maduro, los últimos dos años de su período presidencial deberán ser completados por el vicepresidente de turno, según establece la constitución.

Por FRANKLIN BRICEÑO, Associated Press

LIMA, Perú (AP) —

La justicia peruana reconoció por primera vez que durante el gobierno de Alberto Fujimori se usó un horno para quemar los restos de al menos tres detenidos.

Según la sentencia los estudiantes universitarios Martín Roca y Kenneth Anzualdo, junto con el profesor Justiniano Navarro fueron detenidos y llevados en 1993 a una cárcel clandestina ubicada en los sótanos del cuartel general del ejército donde fueron torturados y quemados en un horno que, según los peritos forenses, alcanzaba los 1.000 grados centígrados.

Los magistrados Aldo Figueroa, Robinson Lozada y Liliana Plascencia indicaron además en su fallo que el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos usó su condición de jefe de facto del servicio de inteligencia para aplicar una política de lucha contra la subversión que incluía interrogatorios ilegales de sospechosos.

"Es la primera oportunidad en la que una sentencia judicial peruana reconoce la existencia de un horno que se usó para cremar a los dos estudiantes y al profesor", dijo el miércoles a The Associated Press el abogado Carlos Rivera, activista por los derechos humanos del Instituto de Defensa Legal.

Agregó que "esto da cuenta de los niveles de perversidad con los que se actuó frente a personas con sospechas de pertenecer a Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y en este caso específico de los desaparecidos no existió ningún tipo de acreditación con esos grupos".

La sentencia a 22 años contra Montesinos y el exjefe del ejército Nicolás Hermoza fue dictada en una sala instalada en una cárcel militar de Lima que el propio Montesinos mandó a construir en la década de 1990 y en la que está preso desde 2001.

Alberto Fujimori, presidente entre 1990 y 2000, fue excluido del proceso porque cuando fue extraditado de Chile en 2007 la justicia de ese país no autorizó que sea juzgado en Lima por el delito de desaparición forzada debido a que ese tipo penal no existía en la legislación chilena, explicó Rivera.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado en 2009 una sentencia contra el Estado peruano por la desaparición de Anzualdo.

En 2004 una inspección judicial halló un fragmento óseo de un dedo de la mano derecha en los sótanos del cuartel del ejército, pero al momento no se ha podido establecer a quien perteneció.

En los tribunales se desarrolla otro juicio por desaparecidos en otro cuartel del ejército en la región andina de Ayacucho, donde los forenses han hallado evidencias de la existencia de un horno.

La del martes es la más reciente condena contra Montesinos, que acumula más de 30 por diversos delitos, entre ellas una por el tráfico ilegal de armas a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La principal es una sentencia a 25 años que comparte con Fujimori por asesinato y corrupción.

Associated Press

CARACAS, Venezuela (AP) — Estados Unidos negó el miércoles que un avión de vigilancia haya violado el espacio aéreo de Venezuela, tal como denunciaron las autoridades venezolanas, e indicó que durante la misión de monitoreo antinarcóticos la nave se mantuvo en el espacio aéreo internacional.

Un avión, del tipo Dash-8, realizó el 16 de septiembre una operación de monitoreo antinarcóticos y "se mantuvo durante toda la misión en (el) espacio aéreo internacional", dijo el Comando Sur en un comunicado que difundió la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El Comando Sur afirmó que todas las denuncias al respecto "carecen de fundamento", y sostuvo que las operaciones de combate al narcotráfico de Estados Unidos se conducen con el "mayor respeto por la soberanía de las naciones".

El ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, denunció la víspera que una aeronave militar estadounidense ingresó supuestamente entre el 16 y el 17 de septiembre a la llamada "región de información de vuelo" sin autorización y se ubicó a 130 millas náuticas de la Isla de Margarita donde se realizó la XVII cumbre del Movimiento de Países No Alineados.

Padrino López dijo que el avión estuvo "recogiendo información, haciendo su inteligencia del desarrollo de la cumbre", y que tras ser interceptada por cazas venezolanos regresó a su base en la isla holandesa de Curazao.

El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que su gobierno presentaría los respectivos reclamos a Estados Unidos y Holanda por el incidente, y que la canciller Delcy Rodríguez denunciaría el caso en Organización Naciones Unidas.

El gobierno venezolano entregó en noviembre del año pasado una nota de protesta a Estados Unidos por un incidente similar.

Caracas y Washington han mantenido relaciones tirantes durante años. Ambos países están sin embajadores desde 2010.

Por CLAUDIA TORRENS, Associated Press

NACIONES UNIDAS (AP) —

Expertos y activistas acusaron el martes al gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto de violar los derechos humanos de miles de centroamericanos que ingresan en México huyendo de la violencia de sus países natales.

"El gobierno mexicano no asume ese rol de que debería estar asumiendo, de ofrecer protección internacional a todas las personas que huyen directa o indirectamente de la violencia", dijo Ramón Márquez, director de "La 72", un hogar-refugio para inmigrantes en Tabasco, México, cerca de la frontera con Guatemala.

Durante una reunión en Nueva York, paralela a la que se celebra en Naciones Unidas el martes para tratar la problemática de los refugiados, expertos latinoamericanos y estadounidenses dijeron que México ignora las causas por las cuales los centroamericanos huyen de Guatemala, Honduras o El Salvador y los deporta masivamente sin entrevistarles antes para averiguar si enfrentan serio peligro en sus países de origen.

Cifras oficiales de ambos países indican que el año pasado México deportó a más centroamericanos que Estados Unidos: sólo entre octubre y abril México deportó a 92.889, en comparación con los 70.000 que deportó Estados Unidos. Las cifras representan un significativo aumento al número de deportaciones de centroamericanos que hacía México en el pasado: unos 50.000 entre octubre del 2013 y abril del 2014.

Honduras y El Salvador son los países con mayor índice de homicidios per cápita del mundo y muchos de los migrantes huyen de la extorsión, el reclutamiento forzoso y las amenazas de las pandillas callejeras.

Peña Nieto habló en la ONU el martes, donde anunció la adopción de medidas que buscan darle un trato más digno a los más de 400.000 centroamericanos que cada año ingresan a su territorio huyendo del crimen organizado.

El mandatario dijo que su gobierno incrementará durante los próximos meses hasta en un 80% el personal de la Comisión Nacional de Ayuda al Refugiado, impulsará alternativas para evitar la detención de solicitantes de refugio menores de 11 años y aplicará protocolos de protección internacional para menores de edad sin acompañante adulto. Señaló que también buscará adelantar campañas informativas sobre el derecho a solicitar refugio, promover la inclusión socioeconómica de los refugiados, fortalecer los procedimientos de legitimidad según estándares internacionales e incrementar la cooperación con Estados Unidos, Canadá y los países centroamericanos.

"Son acciones para brindar un trato más digno y humano a migrantes y refugiados", dijo al participar en una cumbre presidencial sobre refugiados que México patrocinó junto a Estados Unidos, Canadá, Etiopía, Alemania, Jordania.

Por su parte, Márquez denunció el martes que, año tras año, aumenta el número de migrantes centroamericanos que recibe su refugio, quienes en su mayoría son víctimas de delito y solicitantes de asilo. Destacó casos en que policías fronterizos mexicanos extorsionan a los inmigrantes centroamericanos sin autorización o los secuestran para pedir recompensa a familiares que éstos tienen en Estados Unidos. México no reconoce el problema como una "seria crisis humanitaria" ni reconoce a los inmigrantes como refugiados, dijo Márquez.

"La política mexicana no tiene un enfoque de derechos humanos sino sólo de seguridad nacional", aseguró el activista.

En el 2014, México implementó el "programa integral frontera sur" y lo anunció como una iniciativa para proteger a los inmigrantes e impedir que se suban al tren de carga conocido como "La Bestia", que viaja desde cerca de la frontera con Guatemala a cerca de la frontera con México. Desde entonces las detenciones de centroamericanos han aumentado, al igual que las denuncias sobre el trato que reciben.

Por su parte, Peña Nieto, quien se encuentra en Nueva York para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU, habló el lunes sobre las contribuciones y la importancia de los inmigrantes.

"El movimiento es parte esencial del ser humano, porque es un reflejo de un instinto de supervivencia, de su energía vital, de su deseo vehemente de superarse y trascender", dijo el mandatario en discurso en la ONU. "Las aportaciones de los migrantes a las distintas sociedades son innegables, porque a cada migrante lo acompañan su esperanza y su identidad, su energía y su talento".

Por otro lado, expertos como Allen Keller, de la Universidad de Nueva York, o Karen Lucas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, criticaron con dureza las políticas estadounidenses de detención, deportación y falta de abogados de oficio que existen en Estados Unidos de cara a los centroamericanos recién llegados.

Suny Rodríguez Alvarado, una hondureña de 40 años que fue detenida en la frontera en el 2014, habló sobre el supuesto maltrato que sufrió en centros de detención estadounidenses. La inmigrante asegura en una demanda presentada en la corte federal de Nueva Jersey, que ella y su hijo Angelo, de ahora nueve años, fueron retenidos ilegalmente, presionados a menudo a firmar papeles para ser devueltos a Honduras, mantenidos en cuartos con muy bajas temperaturas y sometidos a un estrés que les provocó sufrimiento sicológico.

"Para mí fue un trauma", señaló el martes. "Pensé que el gobierno iba a ayudar a los refugiados pero no fue así".

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