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LatinoAmericana (75)

Por MARCOS ALEMAN, Associated Press

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) —

Los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador suscribieron el martes un plan conjunto que incluye creación de una fuerza trinacional para combatir a las pandillas y al crimen organizado en estos países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.

"Hemos unido esfuerzos, hemos conjuntado esfuerzos como región, como países, para combatir el crimen organizado y hay compromisos que vamos a comenzar a implementar, algunos de ellos con la conformación de una fuerza trinacional que nos permita garantizar mayor tranquilidad y seguridad a los pobladores de los tres países", dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador.

A la reunión que se realizó en Casa Presidencial, participaron los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Guatemala, Jimmy Morales; de El Salvador, Sánchez Cerén; y los ministros de Seguridad Pública, Defensa y Relaciones Exteriores de los tres países.

Al concluir la reunión, el mandatario salvadoreño explicó que han fijado de manera conjunta "metas concretas y de impacto para fortalecer la seguridad en nuestros países" y dijo que en esa línea se pondrá en marcha el Plan Regional para el Combate a la Criminalidad Organizada en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Explicó que se creará la fuerza trinacional, se compartirá información de inteligencia y se realizará la entrega de personas detenidas de la forma más expedita posible. En el marco de ese plan han conformado los grupos de alto nivel en materia de seguridad y se han acordado los instrumentos legales correspondientes.

"Estamos hoy acordando soluciones a partir de la capacidad y experiencia de las tres naciones, teniendo en el centro de trabajo el bienestar de la familia guatemalteca, hondureña y salvadoreño", agregó Sánchez Cerén.

Por su parte el presidente de Honduras, dijo que "lo que tenemos que hacer los centroamericanos y particularmente los que vivimos en el Triángulo Norte es luchar por recuperar la paz y la tranquilidad a la que tenemos derecho". Añadió que se "repotenciará el aparato productivo y la generación de oportunidades", pero advirtió que "eso no se logra si no atacamos el problema de raíz".

Hernández dijo que "hoy Honduras tendrá con El Salvador, cada quien al lado de su frontera una fuerza para poder ser más efectivos" en el combate a la criminalidad y adelantó que en los próximos días desplegarán sus fuerzas.

"Hoy estamos dando un paso importante de lo bilateral lo multilateral, a lo trinacional, a lo que nos conlleva a conformar una verdadera región", manifestó el presidente Morales de Guatemala.

A los acuerdos suscritos se suman también a los que ya han alcanzado las instituciones responsables de la investigación del delito en los tres países, el pasado 11 de agosto, en la ciudad de Guatemala, en donde los fiscales de El Salvador, Guatemala y Honduras convinieron unificar las investigaciones y el sistema informático para luchar contra las estructuras criminales transnacionales.

Por MARCOS ALEMAN, Associated Press

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) —

El ex fiscal general de la República, Luis Martínez, será procesado por los presuntos delitos de omisión de investigación y fraude procesal en un caso en que seis personas más también fueron detenidas, informó el martes el fiscal general Douglas Meléndez.

Meléndez dijo a periodistas que el ex funcionario está señalado de favorecer en distintos casos judiciales al empresario salvadoreño Enrique Rais, quien también fue capturado y enfrentará los cargos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho.

No identificó a las posibles víctimas de los casos judiciales que estuvieron en manos del ex fiscal.

La fiscalía también capturó al sobrino del empresario, Hugo Blanco Rais, a su abogado Ernesto Gutiérrez; al ex jefe de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza; al abogado Luis Peña y al ex juez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammattei, todos detenidos durante la tarde y noche del lunes, relacionados con el mismo caso, según informó el fiscal general.

Martínez fue capturado la noche del lunes cuando se presentó voluntariamente una de las oficinas de la fiscalía para conocer los motivos por los que lo investigaban.

Al salir de la fiscalía, custodiado por los policías, Martínez calificó su captura como "injusta, inaudita, pero vamos a salir adelante".

"Lo que ocurrió con la administración anterior es que lamentablemente se plegó a intereses particulares de favorecer a este señor Rais, eso es lo que ocurrió, este es uno de tantos casos", afirmó el jefe del ministerio Público.

Meléndez afirmó que todo el fraude se hizo con el aval de la fiscalía y "por eso ha salido el involucramiento del ex fiscal" y aseguró que cuentan con suficientes evidencias de todas las maniobras irregulares que se hicieron "para favorecer a esta apersona (Rais), esto lo dicen los mismos fiscales que estaban en el caso".

Explicó que el ex juez Giammattei se encargó de manipular como presentar el caso en los tribunales y que en la fiscalía estaban enterados.

"El estuvo trabajando alrededor del caso para poder permitir que encajara otro juez, coordinado con los defensores, coordinado con el señor Rais y la gente de la fiscalía", aseguró el fiscal general. Enfatizó que lo grave de este caso es que se ha demostrado cómo la fiscalía pudo ser manipulada desde adentro "para hundir a una persona o para ayudar a una persona ilegalmente".

El Tribunal de Etica Gubernamental sancionó recientemente al ex fiscal por recibir "beneficios indebidos que le generaron conflicto de intereses" y se le impuso una multa de 8.964 dólares.

Según la investigación del Tribunal, entre los años 2013 y 2014, cuando Martínez se desempeñaba como fiscal general, viajó en aviones propiedad de una sociedad cuyo propietario es Rais, y al mismo tiempo la fiscalía tramitaba casos en los que el empresario figuraba como imputado y víctima.

Los casos en que aparecía como víctima progresaron y los señalados están en la cárcel procesados por supuestos delitos, mientras que en los casos donde Rais era el imputado se fueron desvaneciendo.

Una demanda por estafa y administración fraudulenta fue desestimada por un juzgado de San Salvador a petición de la Fiscalía, pero recientemente fue reactivada por un tribunal superior.

Los ex socios canadienses de Rais también lo demandaron por supuestamente haberse apropiado de las acciones que les pertenecían sin haber pagado los 25 millones de dólares en las que están valoradas. Esta demanda nunca prosperó, sin embargo, una interpuesta por Rais en la que acusaba a los ex socios de extorsionarlo por 25 millones de dólares, si tuvo el respaldo de la fiscalía y está en curso.

Recientemente el empresario interpuso una demanda contra el periodista salvadoreño Héctor Silva Avalos, co editor de la revista Factum, a quien acusa del delito de calumnia y difamación por lo que exige una indemnización de medio millón de dólares.

Esta no es la primera vez que Rais es arrestado por la policía, en 2001 fue detenido y acusado de fraude a la economía pública, al negarse a pagar los créditos que le habían otorgado para comprar un ingenio azucaremos en 1989.

Por LIBARDO CARDONA y ANDREA RODRIGUEZ, Associated Press

BOGOTA, Colombia (AP) —

El gobierno del presidente Juan Manuel y la guerrilla de las FARC anunciaron el miércoles la terminación de las conversaciones entre las delegaciones negociadoras y el cierre del acuerdo de paz.

"A las seis de la tarde hora de Colombia anunciaremos la terminación de las conversaciones y el cierre del Acuerdo" de paz, indicó el gobierno en un mensaje de Twitter. Las 18:00 horas de Colombia corresponde a las 23:00 GMT.

El anuncio se hará desde La Habana. Se prevé que un rato después Santos hablará a los colombianos por radio y televisión.

En la mañana, el gobernante había dicho que esperaba dar al país una noticia histórica porque "todos debemos estar muy contentos porque hoy es un día muy especial".

En tanto, el máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño o "Timochenko", comentó al espacio informativo Nueva Colombia Noticias que "esta mañana iniciamos la cuenta regresiva en función de cerrar los acuerdos de paz".

Añadió que quería compartir con el pueblo colombiano la buena nueva. "Los invito a todas y a todos a que nos acompañen a seguir haciendo esfuerzos por conquistar la paz con justicia social".

La víspera en las redes sociales circularon fotografías de las delegaciones en Cuba poniendo a punto el acuerdo final. La imagen fue difundida por el equipo de paz del gobierno, que la acompañó con la frase "se acerca el día... Vamos camino a la paz".

Se espera que apenas haga el anuncio oficial al país, el jefe de Estado informará oficialmente al Congreso para que convoque a un plebiscito en el que los colombianos dirán si apoyan o no los acuerdos alcanzados en la isla.

"Este es un gran momento histórico para el país. Acabar una guerra tan dura es toda una hazaña", indicó a The Associated Press monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

El prelado agregó que es clave que en adelante se desarrollen en el país campañas pedagógicas para que los colombianos tengan claro qué fue lo que se acordó en la capital cubana.

También de histórica calificó la noticia el ex alto comisionado para la paz Víctor Ricardo, quien hizo hincapié en que durante 60 años el Estado trató de derrotar sin éxito a las guerrillas por la vía militar y que como no lo pudo hacer acudió la negociación.

Los diálogos han tenido una férrea oposición entre los seguidores del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

La proximidad de la clausura exitosa de la mesa de diálogo en La Habana se avizoró a comienzos de agosto cuando las partes dieron a conocer una suerte de hoja de ruta que guiará el cese del fuego bilateral que entrará en vigencia desde el mismo momento en que se firme el acuerdo definitivo y que en la práctica significará el fin de los enfrentamientos entre el Estado y las FARC.

También se establecieron a inicios de mes los mecanismos de monitoreo para el fin de las hostilidades que correrán a cargo de Naciones Unidas y grupos de observadores internacionales y el funcionamiento de 23 zonas y ocho puntos a los cuales arribarán de manera transitoria los guerrilleros mientras se realiza el proceso de abandono de las armas.

Asimismo se estableció que la recolección y almacenamiento del armamento en poder de las FARC se desarrollará en tres fases a los 90, 120 y 150 días de la firma de la paz.

Desde fines de 2012 la administración de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan adelante en Cuba el proceso para tratar de poner fin a más de medio siglo de conflicto armado interno.

Hasta ahora las delegaciones han llegado a acuerdos en temas clave como una reforma agraria, la participación de los rebeldes en política, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el resarcimiento de las víctimas, el blindaje jurídico y político a los puntos que se acuerden en la negociación, la forma en que los actores del conflicto armado pagarán por sus crímenes, el cese bilateral y definitivo del fuego y el abandono de las armas por parte de los rebeldes.

Según cifras oficiales las FARC tienen en sus filas a unos 7.000 combatientes.

En los últimos 15 años el ejército colombiano, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, desató una ofensiva que diezmó las tropas del movimiento insurgente y replegó a sus combatientes pero sin lograr derrotarlos, lo que puso a las partes en la necesidad de sentarse en una mesa de diálogo como la desarrollada en La Habana.

Si se formaliza el acuerdo final se extinguiría el último gran movimiento armado de América Latina.

En el país quedaría operando el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque el gobierno de Santos también busca negociar la paz con ese grupo rebelde.

Pese a los esfuerzos de las FARC y la administración de Santos la reconciliación entre los colombianos parece compleja tras un enfrentamiento que dejó más de 220.000 muertos, miles de desaparecidos y millones de campesinos desplazados a las ciudades desde que se iniciaron las hostilidades en 1964.

Associated Press

GUATEMALA (AP) —

El volcán Santiaguito en Guatemala registró el martes una fuerte erupción que dejó una inmensa columna de humo y cenizas de cinco kilómetros de altura.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología dijo en un comunicado de prensa que la explosión se produjo a las 06.58 (1258 GMT) y el hongo de ceniza se dispersó al oeste y suroeste del país.

David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, explicó a The Associated Press que se reportó caída de ceniza hasta en áreas de Chiapas, México, pero indicó que no se han reportado daños ni se ha realizado ninguna evacuación.

"Durante el año ha habido 76 explosiones del volcán. Son fases eruptivas que se incrementaron a partir de abril de este año con unas 20 explosiones por mes", dijo el vocero de la Coordinadora.

De León explicó que el Instituto de Sismología ha mantenido un registro y monitoreo de la actividad sísmica del volcán para determinar su comportamiento.

"El Santiaguito es uno de los volcanes más explosivos a nivel de Latinoamérica y es uno de los más recientes formados, aproximadamente hace 100 años", agregó.

El Instituto recomendó tomar precauciones debido a que el volcán mantiene una actividad "dentro de un rango de peligrosidad alta" y pidió a las autoridades de salud tomar acciones especialmente en dos comunidades del departamento de San Marcos, fronterizo con México.

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) —

Los abogados y familiares de los militares requeridos por la Audiencia Nacional de España para que respondan por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas perpetrado por un comando del ejército en 1989 aseguraron el martes que la Corte Suprema de El Salvador rechazó la petición.

"La resolución de la Corte Plena es a favor de los cuatro militares retenidos", afirmó el abogado defensor Lisandro Quintanilla en entrevista con una radiodifusora local.

La Audiencia Nacional de España ha solicitado la extradición de 17 militares retirados por su posible involucramiento en el asesinato de los seis jesuitas, de los cuales cinco eran españoles, y sus dos empleadas. En la época los exoficiales integraban la cúpula castrense que, según un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, ordenó la ejecución de los religiosos en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).

La policía capturó el 5 de febrero al coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Avalos Vargas y al cabo Ángel Pérez Vásquez. Otros 12 militares, en su mayoría generales y coroneles, se encuentran prófugos.

El coronel Inocente Orlando Montano guarda prisión en Estados Unidos y, según decisión de la jueza federal Kimberly Swank, será extraditado a España, medida considerada un paso importante en los esfuerzos para juzgar a los militares salvadoreños por la muerte de los religiosos.

"Sabemos que hay una premisa de no extraditar a ninguno", dijo Quintanilla, quien explicó que, de los 17 militares reclamados por España, ellos representan a 14, entre los cuatro que guardan prisión y "solo para ellos puede tener efecto positivo este fallo de Corte Plena".

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza tras ser puestos de rodillas en el jardín de la casa en que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sus dos colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.

Por su parte, el abogado Carlos Mauricio Guzmán, que es hijo de uno de los militares requeridos que se encuentra prófugo, dijo que "celebramos el hecho que hay una decisión que estábamos esperando". Sin embargo, consideró que este caso "nunca debió abrirse porque en 2012 ya se había resuelto" con un fallo de la Corte Suprema en el que declaró que la extradición no procedía.

Los abogados, los cuales indicaron que aún no han sido notificados oficialmente, dijeron que esperan que los militares sean liberados el miércoles.

La oficina de comunicaciones de la Corte Suprema dijo a la AP que no han recibido la información oficial y que al tenerla la darán a conocer en las redes sociales.

La mayoría de los militares reclamados por la justicia española no han sido sometidos a juicio en El Salvador debido a que el presidente derechista Alfredo Cristiani (1989-1994) emitió un decreto de amnistía después de que salió el informe de la Comisión de la Verdad en 1993 que señalaba a los militares como responsables de la mayoría de los crímenes.

El coronel Benavides fue condenado a 30 años de prisión, pero en 1993 salió libre debido a la amnistía. El militar era miembro de un grupo de oficiales que integraron la cúpula castrense durante el conflicto armado y al que se le conocía como "La Tandona".

Otros tres fueron absueltos en un juicio celebrado entre 1991 y 1992, un procedimiento cuestionado por los mismos jesuitas y organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

Por MARCOS ALEMAN, Associated Press

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Cinco cabecillas de la estructura de la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13), incluido el responsable de las finanzas del grupo, fueron detenidos en El Salvador en una operación nacional en la que también se incautaron bienes, miles de dólares y congelaron cuentas bancarias.

Entre los detenidos se encuentra Marvin Adaly Ramos Quintanilla, alias "Piwa", quien es considerado el tesorero de la MS 13, informó el fiscal general Douglas Meléndez. Ramos se presentaba también como pastor evangélico, lo que le permitía el ingreso a los penales donde están presos miles de pandilleros y sus cabecillas.

"Este señor, que le dicen Piwa, es el financiero de la MS, el que manejaba esa parte operativa de la pandilla. Ya está detenido y tiene la fachada de pastor; incluso creo que sale en televisión", dijo Meléndez.

Según las investigaciones Ramos Quintanilla, de 35 años, forma parte de la Red Nacional de Pastores y Líderes para el Desarrollo de El Salvador "Torre Fuerte", y según las autoridades usaba dicha institución como fachada para ingresar a centros penales y tener contacto con pandilleros recluidos en distintas cárceles a nivel nacional.

El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, explicó que en el operativo denominado "Jaque" se detuvo a 77 personas en total y se incautaron 106 vehículos automotores, entre ellos 28 autobuses del transporte colectivo. También inmovilizaron talleres mecánicos, casas particulares, restaurantes, auto moteles, cervecerías y un lote de autos.

Además, incautaron 35.000 dólares en efectivo y congelaron 30 cuentas bancarias.

"Por primera vez se ha tocado el patrimonio, las finanzas, los ingresos ilícitos del crimen organizado que opera en nuestro país, en este caso una de las organizaciones criminales más importantes como es la pandilla MS", afirmó Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad.

"Les vamos cerrar la criminalidad del país, la posibilidad de financiarse", sentenció.

El punto central, señaló Meléndez, es que han logrado identificar a la dirección nacional de la Mara Salvatrucha, y descubrieron cómo estaban invirtiendo el dinero proveniente de las extorsiones y el tráfico de drogas.

La MS 13, uno de los grupos criminales más fuertes que operan en el país, se reorganizó cuando el gobierno implementó las medidas extraordinarias para combatir las pandillas, explicó el fiscal general, y conformó una nueva estructura de cabecillas denominada "La Federación", que junto a la llamada "ranfla" o dirección, son las instancias que manejan el accionar delictivo de sus bases.

"Los miembros de La Federación son cabecillas en libertad, mientras que los de la ranfla son cabecillas presos", explicó. Los de La Federación no estaban fichados y operaban sin problemas de ser perseguidos.

"Estas personas andan en medio de nosotros; andan muchos pandilleros que no parecen", afirmó.

Según las investigaciones, la Mara Salvatrucha tiene 249 grupos conocidos como "clicas" en todo el país, que se agrupan en 48 estructuras menores, conocidas como "programas".

La Mara Salvatrucha intentó comprar armas al cártel mexicano de Los Z y al capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, señaló Meléndez, y para la operación le ordenó a las clicas que reunieran 600.000 dólares producto no solo de la extorsión, sino también del lavado de dinero.

Los delitos por los que serán procesados los pandilleros y sus testaferros son: tráfico de drogas, lavado de dinero y activos, tráfico ilícito de armas de fuego, así como financiamiento de acciones terroristas, explicó.

Las pandillas, que tienen presencia en barrios y colonias populares, están integradas por unos 70.000 jóvenes y adultos, y según las autoridades son responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Más de 13.000 pandilleros están presos y algunos de sus líderes han sido enviados al penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz, donde no se les permiten las visitas ni comunicación con el exterior.

Associated Press

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Fiscalía General de la Republica tiene abierta una investigación relacionada con drogas y armas desde 2014 contra el dirigente del gobernante partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), José Luis Merino, aseguró el lunes el Fiscal General.

El Fiscal General Douglas Meléndez se refirió a las recientes acusaciones contra Merino hechas recientemente por el senador estadounidenses Marco Rubio quien afirmó que el designado a la Presidencia de la Republica de El Salvador, dirigente del FMLN y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) lava dinero y trafica con armas.

"Yo sinceramente creo que viniendo estas aseveraciones de un funcionario público de otro país y siendo el destinatario un funcionario, un personaje político, un funcionario de nuestro país, no se puede evitar investigar", dijo Meléndez a los periodistas.

El FMLN expresó en un comunicado de prensa "su más enérgica condena y rechazo ante las declaraciones calumniosas y sin fundamento vertidas por dicho senador en contra de uno de nuestros más altos dirigentes, integrante de la Comisión Política de nuestro partido y reconocido luchador histórico de nuestro pueblo".

El Fiscal general que asumió el puesto en enero dijo que "en relación a estas menciones del señor Merino este no es un tema nuevo" y dijo que sus colaboradores le informaron que en 2008 la Fiscalía salvadoreña mandó una comisión a Colombia para investigar "aseveraciones que se hicieron en su momento con relación a una computadora" incautada a la guerrilla colombiana y "estoy indagando que ocurrió con esa información".

El Fiscal General también confirmó que "ya hay una investigación abierta desde el mes de enero del año 2014 relacionada sobre hechos con vinculaciones del señor Merino en la Fiscalía a raíz de un aviso que interpuso el diputado (Roberto) d*Abuisson" del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Cuando se le preguntó sobre que posibles delitos estarían investigando al diputado Merino, Meléndez respondió: "relacionados siempre con el tema de drogas y armas".

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — Ocho individuos, entre ellos un sargento de la fuerza armada salvadoreña, que formaban parte de una red de trata y tráfico de personas a Estados Unidos fueron capturados el martes, informaron las autoridades.

La Unidad Especializada de Tráfico y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República ordenó la captura de Florida Angélica Velásquez de Díaz y Santos Teodoro Pérez Martínez, este último sargento de la fuerza armada, a los que la policía responsabilizó de cometer "el delito de explotación sexual comercial de victimas menores de edad, acción cometida en la casa de la detenida y en diferentes moteles del departamento de San Miguel", a 136 kilómetros al este de la capital, según se informó en conferencia de prensa y en un comunicado de la Fiscalía. Ambos serán procesados por el delito de trata de personas.

Según la Fiscalía, "la mujer era la que obligaba a prostituir a una adolescente", a quien llevaba desde San Salvador hasta el sitio que el sargento Pérez Martínez le pedía.

La policía también capturó en diferentes lugares del país a otros cinco individuos, los cuales serán procesados por el delito de tráfico de personas. Formaban parte de una estructura de traficantes que contactaban a las víctimas para ofrecerles llevarlas a Estados Unidos a cambio de un pago de entre 4.000 y 8.000 dólares por persona.

Uno de los delincuentes, identificado como José Arnulfo Espinal Acosta, se encuentra preso en un penal de El Salvador, donde le serán notificados los nuevos cargos por los que será enjuiciado.

Según la policía, en los casos investigados las víctimas no llegaban al destino ofrecido, ya que eran abandonadas en el trayecto del viaje y posteriormente las detenían autoridades migratorias de México y Estados Unidos y las deportaban a El Salvador. Una de ellas, que no fue identificada, aún se encuentra desaparecida.

Por ANDREA RODRIGUEZ, Associated Press

LA HABANA (AP) — El gobierno de Colombia y las FARC anunciaron el miércoles un acuerdo de cese del fuego bilateral, el primer paso para poner fin a uno de los conflictos armados más largos del mundo, que marcó a generaciones y dejó millones de víctimas y pérdidas materiales.

La confrontación provocó más de 220.000 muertos, miles de desaparecidos y millones de campesinos desplazados a las ciudades desde que se iniciaron las hostilidades en 1964.

La ceremonia que oficializará este acuerdo de fin de hostilidades bilaterales se realizará el jueves en La Habana y contará con la presencia del presidente colombiano Juan Manuel Santos y el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alias "Timoleón Jiménez" o "Timochenko".

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon indicó que también estará presente para ser testigo de la firma del convenio, así como los mandatarios de Cuba, Venezuela y Chile, los dos últimos garantes del proceso de paz que pronto va a cumplir cuatro años.

El anuncio fue realizado en Cuba mediante un comunicado conjunto leído por un representante del gobierno y otro de los rebeldes en el cual se aseguró que las partes llegaron "con éxito al acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo".

El texto también informó sobre un convenio para el abandono de las armas por parte de los guerrilleros, seguridad para los rebeldes y activistas de izquierda que quieran hacer política y medidas para detener el paramilitarismo.

En los últimos 15 años el ejército colombiano, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, desató una ofensiva que diezmó las tropas del movimiento insurgente y replegó a sus combatientes pero sin derrotarlos, lo que forzó al secretariado de la organización de corte marxista-leninista a sentarse a una mesa de negociación a pactar la paz.

En enero ambas partes solicitaron a las Naciones Unidas el monitoreo del entonces eventual cese del fuego y para que sirviera de instancia de resolución de conflictos surgidos de la desmovilización de los 7.000 guerrilleros armados que tienen las FARC.

Aunque se desconoce el contenido preciso del acuerdo anunciado el miércoles esta es la declaración conjunta más importante de las alcanzadas hasta ahora por las partes de una agenda previamente establecida de seis puntos. De cumplirse, constituye el principio del fin de la guerra.

Aún quedan temas pendientes por negociar relacionados con la desmovilización, la refrendación de los acuerdos para darle soporte jurídico y legal a los mismos a fin de que no sean reformados por un gobierno posterior. El mandato de Santos culmina en agosto de 2018.

"¡Mañana será un gran día! Trabajamos por una Colombia en paz, un sueño que comienza a ser realidad. #SíALaPaz", escribió Santos en su cuenta de la red social Twitter el miércoles al mediodía tras la lectura del comunicado conjunto.

El mandatario colombiano dijo esta semana que espera tener un acuerdo de paz completo listo para el 20 de julio, cuando el país sudamericano celebra la independencia de España.

El 23 de septiembre en La Habana Santos y "Timochenko" habían fijado para el 23 de marzo la firma de la paz, pero las delegaciones negociadoras reconocieron que les había sido imposible resolver varios puntos de la agenda de negociaciones.

"Para que cese la horrible noche y se abra el camino de la paz y la esperanza", escribió por su parte el negociador guerrillero Carlos Lozada en su cuenta de Twitter.

Las conversaciones de paz se caracterizaron por el accidentado proceso lleno de tensiones y porque se extendieron más tiempo del que anticipara Santos inicialmente.

Si se alcanza un acuerdo final se extinguiría el último gran movimiento armado de América Latina. Una vez firmado, los colombianos deberán refrendarlo.

En el país quedaría operando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) una pequeña guerrilla que desarrolla sus actividades en algunas áreas del país y que podría parcialmente llenar el vacío que dejen las FARC, aunque actualmente el gobierno de Santos adelanta algunos acercamientos para firmar la paz con esa agrupación.

Las encuestas de opinión muestran que las FARC, que según algunas fuentes, en las últimas décadas financiaron su insurgencia con dinero del narcotráfico y el secuestro, son impopulares en muchos sectores colombianos.

La demora en las conversaciones generó además frustración entre los habitantes del país, por lo que la perspectiva de una verdadera reconciliación parece compleja.

El anuncio de cese del fuego y abandono de las armas generó toda clase de apasionadas reacciones en las redes sociales, medios de comunicación y en las esferas políticas y sociales de Colombia.

Para el analista Carlos Lozano, director del semanario Voz del Partido Comunista Colombiano, la noticia proveniente de La Habana "es excelente" porque demuestra en la práctica que el proceso realmente "va por buen camino".

"Estamos a punto final", comentó Lozano. "Esto facilita ya las decisiones últimas que falta para llegar a un proceso de paz permanente", observó.

El exdiputado Sigifredo López, quien estuvo en poder de las FARC por más de siete años, calificó de extremadamente "importante" el anuncio por las implicaciones que tiene la guerra en el país.

El principal opositor del gobierno de Santos y del proceso de negociación con las guerrillas, el expresidente Alvaro Uribe (2002-2010), prefirió "no reaccionar al impulso de las primeras impresiones". "Vamos a esperar que el gobierno le explique al país qué es lo que ha firmado en La Habana, vamos a leerlo detenidamente y a reflexionar".

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado John Kirby celebró el anuncio y expresó su esperanza de un pronto acuerdo final de paz. Además informó que el enviado especial de Estados Unidos para las conversaciones, Bernie Aronson, asistirá a la ceremonia del jueves en La Habana.

Por MARCOS ALEMAN, Associated Press

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) — La Fiscalía General de la República ordenó el martes la captura de varios miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la alcaldía del municipio de Zacatecoluca que presuntamente están ligados a grupos de pandillas a los que brindaban ayuda logística para que extorsionaran a los vendedores en los mercados de la localidad, informaron las autoridades.

"Estamos investigando una estructura de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios que se dedicaba a extorsionar en los mercados de esta ciudad", informó el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez que encabezó el allanamiento de la alcaldía de Zacatecoluca a 56 kilómetros al sureste de la capital.

Meléndez dijo que en las investigaciones se determinó que desde la municipalidad miembros del CAM y específicamente el director identificado como Vicente de los Ángeles Comayagua Barahona, que está prófugo con orden de captura, "han estado dándole soporte a esta estructura de la pandilla 18 que ha estado extorsionado en los mercados de esta ciudad".

"Les daban soporte, dándoles transporte en vehículos, uniformes, municiones y otro tipo de soporte para que estos pudieran estar movilizando y cometiendo las extorsiones", afirmó el jefe del ministerio Público.

Meléndez dijo que de las 20 órdenes de captura se han hecho efectivas 12, entre ellas cuatro agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, CAM, mientras que el director de la policía municipal de Zacatecoluca está prófugo.

El Fiscal General dijo que todas las personas capturadas y los que siguen prófugos son pandilleros o están involucrados directamente con estas organizaciones criminales y señaló que otro de los miembros del CAM al que identificó como Luis Alonso Hernández Mena, alias "El Cuervo", es hermano de un miembro de la pandilla Barrio 18. "Ellos dos son los que prácticamente daban soporte a los miembros de la pandilla".

Afirmó que toda la operación de extorsión en los mercados de Zacatecoluca era dirigida por dos cabecillas de la pandilla Barrio 18, que guardan prisión en el penal de máxima seguridad de esa ciudad, conocido como Zacatraz, y a los que identificó como Oscar Ángel Rogel Vásquez, alías "El Toto Mayo o Fantasma", Nelson Orlando Corcio, alias "Perro Bravo".

El Fiscal informó que la investigación es abierta y "estamos investigando a la municipalidad", porque creen que otras empleados o miembros de la municipalidad podrían estar involucrados.

"No creemos que es posible que desde el CAM, el jefe del CAM y estos miembros del CAM y estas estructuras estén recibiendo respaldo si no es con el conocimiento de la municipalidad o por lo menos de parte de la municipalidad", agregó.

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