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LatinoAmericana (75)

RIO DE JANEIRO (AP) —

Una carta del vicepresidente a la mandataria de Brasil Dilma Rousseff sacudió al país el martes ya que reveló diferencias entre ellos en momentos en que la líder requiere de su apoyo para impedir un juicio político.

El vicepresidente Michel Temer reclamó a Rousseff no confiar en él y enumeró varios episodios en los que Rousseff no lo consultó para nombramientos y reuniones con personas como el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Mientras tanto, Rousseff intenta construir una base fuerte en la cámara de diputados que rechace el proceso de juicio político que fue abierto la semana pasada y se comenzará a estudiar en los próximos días.

Además de vicepresidente, Temer dirige al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, o PMDB, uno de los más fuertes en el Congreso. El PMDB forma parte de la coalición oficialista pero en los últimos meses, sus congresistas se han alejado de los intereses del gobierno.

"Siempre estuve consciente de la absoluta desconfianza de usted y su equipo hacia mí y el PMDB", escribió Temer en una carta que fue publicada por el periódico O Globo.

Temer calificó a la filtración de la carta a los medios de comunicación como un "hecho muy grave". La carta denota resentimiento de Temer por considerar que fue ignorado por la presidenta en repetidas ocasiones y detalla varios momentos en que Rousseff lo hizo menos.

"Pasé los primeros cuatro años en el cargo como vice ornamental. Usted lo sabe. Perdí todo el protagonismo político que tuve en el pasado y que podría haber sido útil para el gobierno", escribió Temer. "Fui un mero accesorio".

La carta también fue objeto de burla en redes sociales con memes de Temer como decoración del árbol de navidad e imágenes de los dos con letras de canciones de romances fallidos.

La publicación de la carta llevó a políticos del oficialista Partido de los Trabajadores a criticar a Temer por lanzar quejas en momentos de crisis política.

"Mitad, alianza y mitad, traición. Al final resultó que su carta sirve para aumentar especulaciones, en un momento en que el país necesita líderes para reafirmar y defender la legalidad", dijo Paulo Pimenta, un diputado del Partido de los Trabajadores en una carta a Temer que publicó en su sitio de Internet.

BUENOS AIRES (AP) —

La presidenta saliente de Argentina Cristina Fernández no participará en las ceremonias del traspaso del poder a su sucesor Mauricio Macri que tendrán lugar el jueves, dijo el martes un miembro del gabinete.

La polémica giró en torno a si la entrega del bastón y la banda presidencial se debía hacer en la casa de gobierno después de la jura del cargo en el Congreso, como pretende el presidente electo, o si ambos actos debían transcurrir enteramente el Congreso, tal cual lo planificó el gobierno saliente.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, dijo a periodistas que la presidenta no concurrirá al Congreso nacional para la jura de Macri como nuevo jefe de Estado ante la asamblea legislativa, y señaló que "se da por concluida esta discusión" ya que "no están dadas las condiciones".

El funcionario, que hizo sus declaraciones después de mantener negociaciones con allegados al gobierno entrante, justificó la decisión en el "dictamen del fiscal (Jorge Di Lello) que dice que el mandato (de Fernández) termina a las 24 horas del día 9" de diciembre.

El fiscal dictaminó el martes en ese sentido ante una medida cautelar de no innovar que impulsó el presidente electo para que la mandataria saliente se vea impedida de tomar cualquier decisión desde el primer minuto del 10 de diciembre. Una jueza federal está pendiente de expedirse sobre este dictamen.

Previamente, el gobierno había informado a allegados de Macri que la mandataria iba a acudir al Congreso a presenciar la jura y dejar allí la banda y el bastón presidenciales para que luego fueran trasladados a la sede del gobierno con el fin de que el presidente electo dispusiera de ellos, dando a entender que ella no asistiría a esta última ceremonia.

Macri llamó en los últimos días a "recuperar el protocolo histórico" y que la ceremonia de traspaso de los atributos presidenciales sea en el Salón Blanco de la Casa Rosada como se ha hecho —salvo excepciones— desde 1868. Pero la mandataria saliente dijo que debía realizarse en el Congreso después de la jura del cargo por mandato constitucional.

La constitución establece que al tomar posesión de su cargo, el presidente y vicepresidente deben prestar juramento "ante el Congreso reunido en Asamblea", pero no especifica dónde se hace la entrega de los atributos presidenciales.

Macri telefoneó el sábado a Fernández para comunicarle que si la presidenta se negaba a entregarle los atributos en la casa de gobierno lo hará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.

Un día después, la mandataria expresó a través de una carta publicada en Twitter que Macri la maltrató durante la conversación y dejó entrever que no participaría de la ceremonia.

Fernández adujo que el jueves debe tomar un avión 15.00 hora local (1800 GMT) con destino a la provincia patagónica de Santa Cruz para participar de la asunción como gobernadora de su cuñada Alicia Kirchner.

Según el cronograma de actividades difundido por la oficina de prensa de Macri, la jura del cargo será al mediodía y la entrega de atributos presidenciales está prevista en la Casa de Gobierno a las 13.30 (1630 GMT).

CARACAS, Venezuela (AP) —

La oposición venezolana suma una mayoría calificada de 112 legisladores en la Asamblea Nacional, de acuerdo con resultados oficiales difundidos el martes, con lo que podrá ejercer dominio en la nueva Legislatura.

Casi 48 horas después de su primer boletín oficial, el Consejo Nacional Electoral anunció el martes que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo 112 escaños por 55 del oficialismo.

Con 112 escaños, la bancada opositora obtiene la llamada segunda mayoría calificada, que le permitiría convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional, así como designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral o hacer otro tanto en la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo, entre otros.

A partir de la juramentación de los nuevos legisladores el próximo 5 de enero, el oficialismo inevitablemente quedará invalidado para aprobar leyes habilitantes que facultan al presidente para legislar mediante decreto, como hicieran el fallecido presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro desde 1999.

La mayoría de las reformas hechas desde entonces para convertir al país en un estado socialista se hicieron mediante seis leyes habilitantes, que fueron la principal herramienta para redefinir las relaciones económicas, políticas y sociales de la nación.

La víspera, la oposición ya había asegurado más de 101 escaños, o tres quintas partes de la Asamblea, que es el mínimo requerido por la ley para promover leyes fundamentales y evitar que se realicen modificaciones sustanciales a éstas, así como para aprobar votos de censura contra ministros y el vicepresidente, y remover a las autoridades electorales.

Entre esos 112 escaños se incluyen los tres escaños reservados para las etnias indígenas. Romel Guzamana, Gladys Guaipo y Virgilio Ferrer, victoriosos en las tres regiones en las que se designaba un legislador en representación de los indígenas, contaron con el apoyo de los adversarios del gobierno, por lo que se espera que sumen sus votos a la alianza opositora.

"Ahora es oficial, la Unidad democrática tienen 112 diputados, lo cual significa que tenemos una mayoría calificada para trabajar y cumplir verdaderamente la labor contralora" de la Asamblea Nacional, dijo a la AP el diputado electo por la capital venezolana, José Guerra.

"Pueden contar que con el debido respeto, que ellos no nos dieron, vamos a pedir cuentas", indicó Guerra, quien comentó que entre los primeros proyectos de ley de la nueva Asamblea estaría una reforma a la ley del Banco Central de Venezuela para que ese organismo "cumpla a cabalidad con la ley, retome su autonomía y cese el financiamiento del déficit fiscal".

Si bien reconoció la derrota inmediatamente después de la difusión del primer boletín de resultados, Maduro ha dicho repetidamente que el triunfo de los adversarios del gobierno es una "victoria de la contrarrevolución", que amenaza la sobrevivencia del proyecto político de Chávez.

Ellos "sacaron 112 diputados y diputadas... nosotros sacamos 55 patriotas, revolucionarios... que están al servicio de la defensa de nuestro pueblo", comentó el gobernante el martes en su programa semanal de radio y televisión "En Contacto con Maduro".

Advirtió que, con su triunfo, la oposición pondrá poner fin a una serie de programas sociales que incluyen capacitación laboral, viviendas, electrodomésticos y ayuda en efectivo para madres solteras.

"Con esos 112 ellos pueden derogar todas las leyes que le dé la gana, con esos 112 me pueden negar los recursos que hemos nosotros venido inyectando para las misiones (programas sociales), grandes misiones, obras públicas, viviendas, todo", aseveró.

"Sí, hubo un cambio, pero todo anuncia que es para peor", acotó.

"Se impusieron los malos, ganaron los malos, ganaron como ganan los malos, con la mentira. Con la verdad vamos a reconstruir la mayoría revolucionaria", agregó

Una de las primeras medidas adoptadas por Maduro luego de la contundente derrota electoral fue solicitar a sus ministros poner "sus cargos a la orden" para facilitar la reestructuración "necesaria" de su equipo de gobierno.

"Le doy las gracias de antemano a todos los ministros y ministras. Vamos a continuar en la batalla como yo sé, con humildad, con ahínco y bueno en las catacumbas del pueblo", manifestó Maduro.

Adelanto que no aceptará que la nueva Asamblea le imponga al país una ley de amnistía para lograr la liberación de los llamados "presos políticos" entre los que se incluye el dirigente encarcelado Leopoldo López que fue condenado en septiembre pasado a casi 14 años de cárcel.

"Graves delitos de lesa humanidad imprescriptibles de acuerdo a la constitución se cometieron en la guarimba (las protestas antigubernamentales del 2014), así lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna Ley de Amnistía", algo que figura entre las prioridades de los diputados opositores electos, aseveró.

Acto seguido, el diputado Diosdado Cabello, que fue también reelecto diputado y mantuvo durante su gestión como presidente del Congreso una postura muy dura hacia los opositores, anunció la decisión de entregar la señal de la televisora y la emisora de radio de la Asamblea Nacional a sus trabajadores.

"Yo soy presidente de la Asamblea hasta el 4 de enero, hemos tomado (la decisión) de entregarle ANRadio y ANTV a los trabajadores y trabajadoras de esos canales", dijo Cabello durante su intervención en el programa de Maduro.

Serán "los trabajadores y trabajadoras quienes administren esos canales, socialismo", afirmó.

"Y que se queden con ganas la jauría (el diputado opositor Henry Ramos) que dijo que iba a despedir al de Recursos Humanos, al administrador, no, no, no los va a despedir nadie", expresó Cabello. "A partir de este momento y estamos seguros que el compañero presidente, ustedes lo saben, acompaña la decisión que ustedes serán sus propios jefes".

"Apenas de la Asamblea yo firme lo que haya que firmar, esas concesiones serán entregadas a los trabajadores", agregó.

El triunfo electoral de la oposición se da en medio de severos problemas de desabastecimiento de algunos alimentos y productos básicos, retroceso económico y una galopante inflación. El Banco Central de Venezuela no ha publicado las cifras de inflación en lo que va de año. La inflación alcanzó 68,5% al cierre del 2014.

La caída de los precios del petróleo, que financia 96% de los ingresos que recibe el país por exportaciones, ha complicado el panorama económico. Algunos expertos nacionales y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, coinciden en que la economía venezolana podría alcanzar este año una contracción de 7%, la mayor del continente.

El gobierno, por su parte, sostiene que la crisis es consecuencia de una "guerra económica" promovida por empresarios y sectores opositores.

 

CARACAS, Venezuela (AP) —

La derrota del oficialismo venezolano en los comicios legislativos lo pone ante un escenario complejo: por primera vez en 17 años deberá gobernar sin el control de la Asamblea Nacional y en medio de una profunda crisis económica.

Casi 24 horas después de su primer boletín oficial, el Consejo Nacional Electoral anunció tarde en la noche del lunes que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo al menos 110 escaños por 55 del oficialismo, cuando todavía restan adjudicarse otros dos escaños.

Entre esos 110 escaños, 11 más de los anunciados inicialmente, se incluyen los tres escaños reservados para las etnias indígenas. Romel Guzamana, Gladys Guaipo y Virgilio Ferrer, victoriosos en las tres regiones en las que se designaba un legislador en representación de los indígenas, contaron con el apoyo de los adversarios del gobierno, por lo que se espera que sumen sus votos a la alianza opositora.

Al superar la cifra de 101 de los 167 escaños que componen la Legislatura, la oposición ya cuenta con una primera mayoría calificada que sería fundamental para promover leyes, aprobar votos de censura contra los ministros y el vicepresidente y destituir a autoridades electorales.

Si la oposición logra obtener al menos 112 de las bancas logrará la llamada segunda mayoría calificada, que le permitiría convocar a una Asamblea Constituyente y aprobar una reforma constitucional; designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral o hacer otro tanto en la fiscalía general, el contralor general y el defensor del pueblo, entre otros.

Horas antes, Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la alianza opositora, aseveró en conferencia de prensa que la Mesa logró 112 diputados y se estaban peleando cuatro más".

El dirigente dijo a la prensa que estos resultados deben llevar a todos los actores políticos, y en particular a la alianza opositora, a "reinventarse" porque "una cosa es unirse para resistir y otra cosa es unirse para gobernar".

Asimismo, planteó que el oficialismo debe "digerir una derrota y generar un nuevo tejido dirigente que tenga legitimidad efectiva en su propia base y aprender a relacionarse con el país, no desde la agresión y la amenaza, sino desde la propuesta y el trabajo".

En una alocución tras conocerse los resultados, el presidente Nicolás Maduro reconoció la derrota y dijo que el triunfo de los sectores adversos al gobierno estuvo sustentado en la "guerra económica".

"Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética a reconocer estos resultados adversos, aceptarlos y decirle a nuestra Venezuela ha triunfado la constitución y la democracia", dijo el mandatario.

Pero el líder opositor y excandidato presidencial, Henrique Capriles, dijo en conferencia de prensa que "Nicolás Maduro no entendió lo que pasó", y exhortó al mandatario a que "se ponga a la orden" de la nueva Asamblea Nacional, promueva un diálogo nacional y libere a los "presos políticos".

La noche del lunes en un encuentro con gobernadores, entre otros dirigentes oficialistas, Maduro evaluó "los aciertos y desaciertos" de su administración, así como "todos los acontecimientos que derivaron... en el revés electoral del día de ayer".

El gobernante dijo que junto a otros líderes se debatió una amplia gama de temas y se convocó a los delegados de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para "unificar criterios, identificar asuntos y activar acciones" con el fin de enrumbar al oficialismo nuevamente por el carril de la victoria.

"No hay tiempo para la tristeza (...) es tiempo de luchar. Lo primero que nosotros hemos acordado aquí es iniciar una cruzada por fortalecer la unión del movimiento revolucionario" a todo nivel, dijo Maduro en el palacio de gobierno.

Adelantó que en la nueva Asamblea "vamos a defender la ley de tierras, la ley de hidrocarburo", que ha permitido al gobierno la adquisición forzosa de grandes extensiones de tierra, incluidas cientos de fincas agrícolas clasificadas como ociosas o escasamente productivas, y tomar el control total de las actividades petroleras en el país, entre otras leyes aprobadas a lo largo de los últimos 17 años.

"Ahora es que viene lucha y lucha de la buena y estoy seguro que ahora es que vienen nuevos escenarios de victoria para la revolución bolivariana" como el oficialismo llama al proyecto político socialista fundado por Chávez, agregó.

La oposición puso fin así al dominio oficialista de más de tres lustros en el Congreso que le permitió aprobar sin obstáculos leyes fundamentales, nombrar miembros en poderes públicos y avanzar en el propósito de convertir a Venezuela en un estado socialista.

Luis Vicente León, directivo de la encuestadora local Datanálisis, dijo a The Associated Press que estos resultados deben llevar al oficialismo a una revisión de su proyecto político y su manera de gobernar porque la población "mayoritariamente lo rechazó" en las urnas.

Indicó que para Maduro la situación es "muy compleja" porque deberá lidiar con una crisis económica, un debilitamiento político y una posible crisis en lo interno del oficialismo aunque descartó que la derrota represente el fin del modelo impulsado por el fallecido Hugo Chávez hace más de una década.

León planteó, sin embargo, que sin duda desencadenará un "proceso de renovación" en la dirigencia chavista.

Entre octubre y noviembre el respaldo popular de Maduro subió unos 11 puntos porcentuales y se ubicó en 32%, según cifras de Datanálisis. Esta recuperación en la popularidad fue atribuida a la campaña electoral que emprendió el oficialismo y que implicó el reparto de computadoras, lavadoras y bolsas de comida entre los sectores populares, donde se concentra el mayor respaldo al gobierno.

El gobierno sostuvo que la derrota fue consecuencia de una "guerra económica" promovida por empresarios y sectores opositores. En los últimos nueve años Venezuela ha registrado la mayor tasa de inflación de la región.

"Es heroico que estemos hoy recogiendo el 42% de los votantes de esta fiesta electoral luego de lo que se nos ha hecho y de lo que se ha hecho padecer a nuestro pueblo" en materia económica, expresó Maduro.

Los analistas asocian la inflación y el desabastecimiento al agotamiento de un modelo económico caracterizado por el control de precios y de cambio vigente desde 2003 y a un crecimiento del gasto público que ha llevado a aumentar el dinero circulante en la economía a niveles nunca antes vistos.

Pese a que las autoridades llevan casi un año sin publicar el índice inflacionario, algunos analistas estiman que el alza de precios alcanzó los tres dígitos.

"Las familias venezolanas se cansaron de vivir las consecuencias del fracaso", dijo Torrealba al leer un comunicado conjunto de la coalición.

Maduro pidió a sus adversarios que "administren muy bien ese triunfo que han obtenido" y expresó que "ojalá puedan ponerse en sintonía con la necesidad de millones de que cese la guerra económica".

Centenares de personas con banderas venezolanas celebraron la victoria en una de las avenidas del próspero municipio de Chacao, en el este de la capital, uno de los bastiones de la oposición.

"Vienen cosas positivas. Muchas personas han despertado políticamente. Me siento muy feliz", dijo Deivis Guillén, un cantante y publicista de origen humilde de 32 años, mientras corría en medio de la vía festejando el triunfo.

Juan Carlos Gutiérrez, un estudiante de ingeniería de clase media de 28 años, celebraba tomando un vaso de whisky en la calle. "Sabía que esto venía. Esta victoria es histórica y representa un respiro en medio de esta crisis", expresó.

Gutiérrez admitió que esta situación no resuelve los problemas generados por la crisis pero sostuvo que representa "un alivio".

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SAN SALVADOR, El Salvador (AP) —

El arzobispo capitalino José Luis Escobar Alas juró con la mano sobre la Biblia y en nombre de Dios que nunca ha sobornado a supuestas víctimas para ocultar abuso sexual de sacerdotes salvadoreños, como lo denunció recientemente una mujer que dice que tuvo un hijo con un clérigo que ya murió.

"Juro ante Dios y de forma pública que yo jamás en la vida he sobornado a una persona", dijo el prelado católico en conferencia de prensa acompañado del obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez.

Recientemente una mujer que no se identificó, aseguró haber sido abusada sexualmente por un sacerdote salvadoreño con quien procreó un hijo y afirmó que cuando se presentó ante Escobar Alas para pedirle que hiciera público que ella había sido violada por el clérigo, el arzobispo respondió que no podían hacer nada, que el sacerdote ya estaba muerto y para callarla le entregó un cheque por 5.000 dólares.

La mujer, que ahora tiene 47 años, asegura que fue abusada sexualmente en reiteradas ocasiones desde los 13 a los 21 años, por el fallecido sacerdote Leopoldo Antonio Deras Guillén, con quien procreó un hijo.

Pero tanto el arzobispo Escobar Alas como el obispo auxiliar Rosa Chávez, que reconocieron haber hablado con la mujer cuando el padre Deras Guillén falleció, afirmaron que nunca habló que fue abusada sexualmente y que solo los buscó para pedirles una ayuda económica para su hijo.

Antes de morir el sacerdote hizo testamento y declaró heredero universal al arzobispo Escobar Alas, a quien encomendó que una de las casas que poseía la entregara a su familia. Deras Guillén no dejó nada para su hijo, pero ahora la mujer reclama herencia.

Escobar Alas dijo que al aceptar la herencia, entregó una de las casas a la familia del sacerdote, y las otras dos las donó a la curia.

La abogada de la Fundación Mujer Legal, Silvia de Bonilla, que representa a la supuesta víctima, dijo a la AP que en 2001 el sacerdote Deras Guillén reconoció la paternidad ante un notario, pero no se lo informó a la madre del niño y que fue hasta el 2009 cuando le diagnosticaron cáncer en la vejiga que convocó a su hijo y le entregó el documento que confirmaba la paternidad.

El arzobispo confirmó que este no es el primer caso de sacerdotes salvadoreños que han procreado hijos: "Es triste decirlo, pero es la verdad, tenemos casos. No podemos negar que tenemos casos de estos, no de ahora".

Escobar Alas afirmó que desconocía el caso denunciado cuando la mujer lo visitó fue para exigir la parte de la herencia, pero que el notario que elaboró el testamento, Abraham Flores, le explicó que su hijo no tenía ningún derecho ya que no estaba mencionado en el mismo.

Aseguró que la mujer insistió que necesita la ayuda porque su hijo estaba estudiando medicina en Cuba y que "tenía necesidad".

"El abogado no quería, pero en un acto de caridad le dimos esos cinco mil dólares y hay documentos, hay testigos", dijo Escobar Alas que presentó el testimonio del notario que estuvo presente y quien además presentó los documentos legales que acreditan el dinero que se le entregó.

Flores afirmó que el fondo de la denuncia de la supuesta víctima es "pelear la herencia", pero que ha quedado demostrado que el padre Deras Guillén no les quiso dejar nada.

Recientemente han salido a luz pública dos casos de sacerdotes señalados por abuso sexual de menores y el arzobispo prometió que no tolerará a clérigos pederastas y exigió a la Asamblea Legislativa que suprima la prescripción del delito de abuso sexual de menores de la Ley Procesal Penal del país.

 

MEXICO (AP) —

El gobierno de Honduras anunció el jueves que Estados Unidos solicitó la extradición del expresidente Rafael Leonardo Callejas, implicado en una trama de corrupción en el fútbol mundial.

En un comunicado, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández señaló que "nadie está sobre la ley", y que colaborarán con el gobierno de Estados Unidos.

La petición de extradición de Callejas, quien entre 2002 y 2015 fungió como presidente de la Federación Hondureña de Fútbol (FENAFUTH), se hizo pública horas después de la detención en Suiza de Alfredo Hawitt, su sucesor al frente de la federación nacional y también titular de la CONCACAF.

Callejas aparece dentro de un grupo de 16 dirigentes de la Conmebol y la CONCACAF, a los que se les acusa pedir, ofrecer y aceptar pagos, lavado de dinero y sobornos ilegales a través de paraísos fiscales relacionados con los derechos de transmisión de partidos de fútbol internacionales.

"Lucharé en forma inclaudicable para aclarar mi situación legal en Estados Unidos", respondió Callejas en una rueda de prensa en la capital hondureña.

"En este instante no tengo respuestas, no tengo más información en torno al caso", añadió.

Según el documento de la acusación hecho público por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en 2012, siendo Callejas presidente y Hawitt vicepresidente de la FENAFUTH, firmaron contratos con la empresa Media World, que gestionaba los derechos de transmisión televisiva de los partidos de las eliminatorias para los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. Callejas también era miembro del comité de derechos televisivos de la FIFA.

La empresa les pagó a ambos dirigentes hondureños más de 1 millón de dólares en sobornos. El dinero salía de Estados Unidos, pasaba por Panamá y llegaba al Banco FICOHSA en Honduras. Además de la recepción ilícita del dinero se les acusa de trasladarlo ilegalmente fuera de Estados Unidos y de actividades de lavado.

También se les acusa de haber participado desde 1991 en un esquema de malversación de dinero en el que el conjunto de dirigentes acordaban el número y frecuencia de comisiones que cada uno pediría y recibiría y como defraudarían bienes propiedad de la FIFA.

Callejas indicó que un equipo de abogados analiza el alcance de las acusaciones de Estados Unidos y el procedimiento a seguir, al calificar su situación de "compleja" y difícil".

Callejas fue presidente de Honduras por el Partido Nacional entre 1990 y 1994. Ha sido además presidente de su comité central y es propietario de varias empresas en su país.

 

SAN SALVADOR, El Salvador (AP) —

Un juez ordenó el jueves que el ex presidente Francisco Flores enfrente juicio por el desvío de donaciones por unos 15 millones de dólares que fueron a parar a cuentas del partido Alianza Republicana Nacionalista y para beneficio propio durante su gobierno entre 1999 y 2004, revocó el arresto domiciliario y lo mandó a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía.

Flores, de 56 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2014 bajo la acusación de desviar recursos donados por Taiwán para apoyar a damnificados de dos terremotos que se registraron en enero y febrero de 2001, pero al justificar su decisión el juez Séptimo de Instrucción Miguel Ángel García dijo que había que tomar en cuenta el peligro de fuga del ex mandatario que hoy enfrentará nuevos delitos, revocó el arresto domiciliar y lo mandó a la cárcel.

De inmediato el abogado defensor Edgar Morales Joya arremetió contra el juez por modificar las medidas cautelares y mandar a la cárcel al ex mandatario, quien aseguró ha dado muestra de querer colaborar y advirtió que de enviarlo a la cárcel podría provocar problemas en la salud del ex mandatario.

"Él va a recaer, definitivamente", dijo Morales. Explicó que fue en las celdas de la División Antinarcóticos donde el ex mandatario tuvo problemas de trombosis en una de sus piernas. "Estar en una celda pequeñísima le va afectar", afirmó.

En noviembre de 2014 el expresidente permaneció durante 19 días en un hospital privado para recibir tratamiento contra la trombosis.

Pero el juez desestimó el recurso de la defensa, tomando en cuenta la gravedad de los delitos de lavado de dinero, los antecedentes de fuga que a su juicio existen y la mejoría en su estado de salud.

Custodiado por fuerzas especiales de la Policía, el exmandatario regresó a las bartolinas de la División Antinarcóticos donde más de 100 periodistas esperaban para captar las imágenes y esperando algún comentario de sus familias que no quisieron emitir cometarios.

El abogado también criticó al juez por imputarle el delito de lavado de dinero por cinco millones de dólares "que por cierto ni siquiera hay una simple fotocopia de un cheque".

La abogada querellante, Berta de León confirmó que Flores, el primer presidente de la historia reciente de El Salvador en ser procesado por corrupción, será juzgado por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, caso especial de lavado de dinero y activos, y desobediencia a particulares.

"Ha quedado preliminarmente evidenciado que el actuar del procesado fue desviar las donaciones efectuadas por la República China Taiwán para ocultar el origen y destino de los fondos que tenían preestablecido una finalidad social", dijo el juez en su fallo.

Miembros de organizaciones sociales, con máscaras y figuras en cartón del ex presidente y mensajes exigiendo que regrese el dinero destinado para los damnificados, se concentraron frente al edificio de Juzgados para festejar la decisión del juez.

Detalló que 10 millones de dólares de las donaciones de Taiwán fueron depositados en un banco de Costa Rica a nombre de una entidad jurídica denominada Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez Porth del partido Arena y que fueron retirados en un lapso de seis meses. La cuenta fue cerrada en abril de 2004.

Rodríguez Porth era suegro de Flores y era un alto dirigente de Arena.

García explicó que desde Costa Rica el dinero inició un recorrido financiero internacional hasta ingresar al sistema financiero de El Salvador a través de una cuenta del partido Arena "a fin de ser legitimado y hacerlos aparecer como fondos obtenidos de forma legal y no de un hecho ilícito".

"La acción delictiva de peculado efectuado por el imputado al apartar de la administración pública los fondos que recibió en su calidad de presidente, se establece la consecución del ilícito penal del caso especial de lavado de dinero y activos, pues una vez los fondos fueron desviados de la administración pública", para beneficio de un tercero, manifestó.

El juez señaló que se ha comprobado la donación de cinco millones de dólares de China Taiwán para proyectos sociales y no se siguió los canales regulares y se desconoce su paradero.

Al comparecer ante una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, el ex mandatario dijo que recibió el dinero y entregó a los destinatarios, pero que no ingresaron al erario público porque eran donaciones personales. Durante el proceso judicial no identificó a quienes recibieron el dinero.

 

 

RIO DE JANEIRO (AP) —

La presidenta Dilma Rousseff prepara una batalla para evitar un juicio político en un Congreso ampliamente fragmentado en medio de un escándalo de corrupción y la peor recesión de Brasil en décadas.

El líder de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, un fuerte enemigo de la presidenta, presentará oficialmente el jueves un procedimiento para llevarla a juicio político, que podría terminar en su eventual destitución. Cunha reveló el miércoles que Rousseff habría violado leyes de responsabilidad fiscal.

Existen riesgos para la mandataria de la economía más grande de América Latina: su popularidad está por el suelo en niveles no vistos desde 1985, cuando terminó la dictadura militar; y aunque los analistas consideran que sería difícil reunir el apoyo de más de dos tercios en la cámara baja para que el proceso pase al Senado, la opinión popular es un factor importante y el oficialismo no está bien consolidado en el Congreso.

"Tendrá que luchar con todas sus fuerzas para evitar ser destituida por el Congreso", dijo Eliane Catanhede, una columnista de Estado de S. Paulo. "Dependerá de un Partido de los Trabajadores dividido y una base aliada que no es nada fiable", agregó.

Miembros del Partido de los Trabajadores indicaron que apelarán el jueves ante la Suprema Corte la apertura del proceso alegando que Cunha abusó de su poder. Rousseff reunió a su gabinete la mañana del jueves, presuntamente para planear una estrategia.

"Cunha está usando el poder para paralizar a Brasil y al Congreso. Siempre es la misma herramienta: amenazas para obtener lo que quiere", dijo el jueves Jaques Wagner, jefe del gabinete de Rousseff, en rueda de prensa. "Estamos preparándonos para una lucha política".

Cunha dará el jueves a los 29 partidos que integran la cámara de diputados 48 horas para sugerir a los miembros que formarán parte de una comisión especial que decidirá si el juicio político avanza al pleno de la cámara baja.

Especialistas dicen que en este momento parece poco probable que los diputados aprueben el procesamiento ya que se requieren dos tercios de la cámara integrada por 513 miembros. Si fuera aprobado, Rousseff sería inhabilitada temporalmente por un máximo de seis meses y su vicepresidente Michel Temer asumiría el poder. Después el Senado tendría que votar para destituir a Rousseff de manera permanente.

Rousseff rechazó la noche del miércoles las acusaciones. "Son inconsistentes e improcedentes las razones que fundamentan esta solicitud. No cometí ningún acto ilícito", expresó la presidenta.

Aunque Rousseff fue reelegida en noviembre de 2014, su imagen ha sufrido a consecuencia del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La mandataria no ha sido acusada personalmente en el esquema de sobornos.

Cunha, por otro lado, ha sido acusado de recibir millones en sobornos en el mismo caso. Los fiscales alegan que Cunha tiene al menos cinco millones de dólares ocultos en cuentas bancarias en Suiza y se cree que podría ser arrestado en cualquier momento.

El diputado anunció que abriría el proceso de juicio político unas horas después de que legisladores del Partido de los Trabajadores indicaron que votarían contra él en una comisión de ética de la Cámara de Diputados que debate si debe ser investigado e inhabilitado por corrupción.

El Partido del Movimiento Democrático Brasileño de Cunha es el aliado más fuerte de la coalición gobernante de Rousseff, aunque Cunha y algunos otros miembros se han alejado claramente del gobierno en los últimos meses.

Mientras tanto, miembros de la oposición respaldaron la decisión de Cunha.

"No es un golpe de Estado. Estamos hablando de un mecanismo que existe en nuestra constitución", dijo el senador Aécio Neves, quien perdió por un margen estrecho en las elecciones presidenciales de 2014.

 

CARACAS, Venezuela (AP) —

La campaña electoral en Venezuela finaliza en medio de un ambiente tenso y grandes expectativas sobre los cambios políticos que podrían desencadenar estas elecciones parlamentarias en un país agobiado por una profunda crisis económica.

El oficialismo y la oposición convocaron este jueves a concentraciones en Caracas y otras ciudades para cerrar la campaña electoral que se extendió por tres semanas y se vio enturbiada por el asesinato de un dirigente opositor en el estado central de Guárico, entre otros hechos de violencia.

El presidente Nicolás Maduro llamó la víspera a los seguidores del gobierno a prepararse para dar la "batalla" el 6 diciembre y garantizar la continuidad del proceso socialista.

"El 6 de diciembre será un día de batalla y lucha, de definiciones y de historia patria. Es mucho lo que estamos defendiendo", dijo Maduro durante un acto político en el estado centro costero de Aragua.

Por primera vez en 17 años el oficialismo parte en desventaja frente a la oposición que figura como favorita para vencer en la consulta, según señalan las principales encuestas locales.

La coalición opositora, que agrupa a una veintena de partidos, aspira a lograr la mayoría de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, que actualmente es controlada por el oficialismo.

La oposición ha anunciado que de lograr el control del congreso podría impulsar una serie de cambios políticos que podrían llevar a la convocatoria de un referendo revocatorio del mandato de Maduro, cuya popularidad se ha visto golpeada por una crisis económica caracterizada por una galopante inflación y severos problemas de desabastecimiento de alimentos y otros bienes básicos.

 

GUATEMALA (AP) —

Una riña entre reos en una prisión de Guatemala hasta el momento ha dejado seis muertos y varios heridos, de acuerdo con las autoridades.

Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario, confirmó la riña y dijo que hasta el momento hay seis reos fallecidos, si bien no confirmó rehenes en el lugar.

"De manera preliminar fue una riña tumultuaria entre reclusos", indicó Esquivel.

Esquivel explicó que se cree que se trata de una pelea entre pandilleros de las Maras 18 y Salvatrucha contra reos que no pertenecen a pandillas, quienes son conocidos como "Paisa". Ambos grupos se encuentran en la Granja de Rehabilitación Canadá, una prisión para cumplimiento de condenas ubicada en el departamento de Escuintla en el sur del país.

El viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, dijo que si bien la información es preliminar, agentes policiales ya se encuentran en el lugar y los elementos del Ejército han controlado los incidentes.

Esquivel explicó que en el penal, destinado a los reos que cumplen sentencia, tiene capacidad para 600 internos, sin embargo en el lugar hay 3.092 reos.

 

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