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Inmigración (30)

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los estadounidenses no quiere que los inmigrantes jóvenes que fueron traídos ilegalmente al país sean deportados, un tema de intenso debate en toda la nación, según una encuesta reciente.

Además, por lo general los estadounidenses tienen una opinión negativa de la propuesta del presidente Donald Trump de erigir un muro por toda la frontera entre Estados Unidos y México, según el sondeo de la AP y del Centro NORC de Estudios de Asuntos Públicos. El 49% se opone a la construcción del muro y sólo el 32% lo apoya.

El domingo, Trump entregó al Congreso una serie de condiciones difíciles, entre ellas la construcción del muro, a cambio de prorrogar las protecciones concedidas a los jóvenes inmigrantes, llamados comúnmente “dreamers”.

Unos 800.000 inmigrantes jóvenes tuvieron suspendidas sus órdenes de deportación bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), sancionado por el presidente Barack Obama y conocido en inglés como “deferred action”. Pero Trump canceló el programa el mes pasado y le dio al Congreso seis meses para tomar medidas.

Un 60% de los inmigrantes está a favor de permitir que se queden los “dreamers”, comparado con 22% que se oponen. Sólo el 19% de los encuestados dijo que todos esos inmigrantes deben ser deportados.

El 68% de los hispanos, el 61% de los negros y el 57% de los blancos está a favor de extender las protecciones. El 80% de los demócratas está a favor, lo mismo que el 40% de los republicanos.

Entre los partidarios de construir el muro fronterizo, el 38% está a favor de permitir que los “dreamers” se queden en el país.

"Lo que se está haciendo evidente es que entre la población en general hay un apoyo a darle una vía a la ciudadanía a los ‘dreamers’”, dijo Todd Schulte, presidente de FWD.us, un grupo de activismo por los inmigrantes fundado por el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. "Darle a los ‘dreamers’ la posibilidad de ser ciudadanos es el tema en que hay más consenso en todo el país”.

Cuando Trump ordenó poner fin al programa DACA el mes pasado, dio a unos 150.000 inmigrantes jóvenes la posibilidad de renovar en breve su status antes de que expiren el 5 de marzo. Según fuentes oficiales, más de 35.000 inmigrantes no cumplieron con el plazo fijado del 5 de octubre y a muchos otros se les vencerá el status el 5 de marzo a menos que el Congreso tome una medida al respecto.

Trump dio a entender entonces que estaba dispuesto a resolver el asunto, afirmando ante reporteros que "amo a esa gente y ojalá que el Congreso pueda ayudarlos y que lo haga apropiadamente". También tuiteó que si el Congreso no lograba hallar una solución “reexaminaré el asunto” en seis meses.

Inicialmente Trump había advertido que cualquier acuerdo sobre los “dreamers” tendría que tener más fondos para seguridad fronteriza y la aprobación de la construcción del muro. Pero la lista de condiciones divulgada por la Casa Blanca esta semana fue mucho más allá.

El 64% de los encuestados desaprueban del desempeño de Trump en el tema migratorio y 65% desaprueba en general de su política exterior. Son porcentajes similares a los que en general desaprueban de su gobierno.

La encuesta fue realizada a 1.150 adultos entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en base a la muestra AmeriSpeak de NORC, diseñada para ser representativa de la población total. El margen de error es de 4,1 puntos porcentuales.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que durante su mandato buscará una solución para los cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como "dreamers" (soñadores).

"Desde un punto de vista humanitario es una situación muy difícil pero vamos a trabajar en algo para hacer que la gente esté feliz y orgullosa", dijo Trump en una entrevista a la revista Time, publicada con motivo de su elección como persona del año.

El presidente electo aseguró que los "dreamers" fueron traídos al país "a muy corta edad", destacó que algunos fueron buenos estudiantes y otros tienen hoy "trabajos estupendos", pero admitió que ahora "están en un limbo porque no saben qué va a pasar".

Las declaraciones de hoy contrastan con sus discursos durante la pasada campaña, en la que Trump prometió en repetidas ocasiones que si ganaba las elecciones acabaría con todos los decretos en materia migratoria promulgados por el presidente, Barack Obama.

Entre esos decretos figura el plan de Acción Diferida (DACA) de 2012, que buscaba entre otras cosas frenar la deportación de los "dreamers", que según datos difundidos por las autoridades ascienden en la actualidad a más de 750.000.

El plan DACA permitió a los jóvenes indocumentados acceder a un permiso de trabajo temporal y a una licencia de conducir, y detuvo en muchos casos órdenes de deportación final, entre otros alivios migratorios.

En la misma entrevista, Trump reiteró hoy que construirá un muro en la zona fronteriza con México, para a renglón seguido admitir que tendrá que seguir entrando gente en el país desde el otro lado de la frontera "porque necesitamos trabajadores".

"Debemos dejar que la gente venga a nuestro país, porque eso es bueno para todos. Es bueno para ellos, pero también para nosotros. Vamos a tener fronteras más seguras pero no vamos a permitir que vengan ilegales", añadió el presidente electo.

Las medidas promulgadas por Obama hicieron que miles de jóvenes indocumentados salieran "de las sombras" y se incluyeran de manera voluntaria en una lista del Gobierno en la que están recogidas sus huellas dactilares y la dirección de sus casas.

Por GISELA SALOMON, Associated Press

MIAMI (AP) —

Una deportación masiva de inmigrantes sin permiso de residencia provocaría perjuicios económicos y fiscales severos a Estados Unidos, indicó un informe de un centro de investigaciones difundido el miércoles.

Entre los estados más afectados estarían California, Texas y Nueva York, según el reporte del liberal Center for American Progress con sede en Washington.

El reporte "Los impactos económicos de la deportación de inmigrantes sin permiso de permanencia" señaló que una deportación masiva de inmigrantes sin residencia legal incluiría a unos siete millones de extranjeros que trabajan en el país sin autorización, lo que reduciría la fuerza laboral estadounidense en un 5%.

"Un cambio en la oferta laboral doméstica de la magnitud que conlleva este tipo de política casi no tiene precedente en la historia de Estados Unidos", aseguró el documento de 31 páginas y explicó que los efectos serían comparables con los de la crisis económica que azotó al país entre 2007 y 2009, conocida como la "Gran recesión". En esos años el desempleo se elevó en 4,5 puntos porcentuales y el Producto Interno Bruto se contrajo un 4,2%.

En el plazo de una década las deportaciones masivas reducirían el Producto Interno Bruto nacional un 2,6%, equivalente a cerca de 4,7 billones de dólares, señaló el reporte. La pérdida anual nacional rondaría los 434.000 millones de dólares.

En el país viven cerca de 11,3 millones de personas sin autorización legal, la mayoría de ellas provenientes de México, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew. De ese total, se estima que unos siete millones de inmigrantes trabajan. La población total de Estados Unidos asciende a unos 324 millones de personas, de acuerdo con la Oficina del Censo.

El candidato republicano a la presidencia Donald Trump se ha manifestado a favor de la deportación masiva de inmigrantes sin residencia legal. La postulante demócrata Hillary Clinton, por su parte, ha dicho que apoya una política más flexible de deportaciones.

De acuerdo con el informe, las deportaciones masivas podrían representarle al gobierno federal una pérdida de 900.000 millones de ingresos públicos en un plazo de 10 años, lo que a su vez incrementaría las tasas de interés y desaceleraría el crecimiento económico.

Los efectos también alcanzarían a los ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos, explicó a The Associated Press Tom Jawetz, vicepresidente para temas de Inmigración del Center for American Progress.

 "Una disminución en la producción debido a la pérdida de trabajadores significa que habrá menos productos y servicios para el público en general, lo que podría llevar a un alza de precios", indicó Jawetz.

"Además, la pérdida de 11 millones de consumidores disminuiría drásticamente la demanda de bienes y servicios, lo que afectaría a los negocios locales y a los trabajos que ellos crean", explicó.

Entre las industrias afectadas mencionó la agricultura, la construcción, el esparcimiento y la hotelería, los sectores que más inmigrantes sin residencia legal emplean. Allí podría registrarse una reducción de la fuerza laboral de entre 10% y 18%, aunque no serían las únicas industrias que sentirían los efectos de una deportación masiva, según el reporte.

Las actividades financieras, la producción, la venta mayorista y al por menor soportarían las mayores caídas del PBI, con pérdidas de entre 54.000 y 65.000 millones de dólares anuales, indicó el informe.

El Producto Interno Bruto de California caería unos 103.000 millones de dólares anualmente, 60.100 millones de dólares el de Texas, 40.200 millones el de Nueva York y 24.800 millones el de Florida.

Pero hasta estados como Kansas, donde no hay una alta concentración de inmigrantes, enfrentarían pérdidas de más de 2.500 millones de dólares por año, de acuerdo con el informe.

Por DAVID CRARY, Associated Press

NUEVA YORK (AP) —

Más de 127.000 niños llegarán este año a Estados Unidos como refugiados o migrantes no autorizados, cifra superior a los menos de 100.000 registrados en 2015, de acuerdo con cálculos de un grupo investigador.

La organización Child Trends, en un reporte que se publica el miércoles, proyectó que aproximadamente 37.500 niños serán designados como refugiados y 90.000 entrarán al país sin autorización, con o sin padres.

Según Child Trends, los niños que llegan al país como refugiados tienen estatus predilecto para recibir asistencia y serán elegibles para naturalizarse después de cinco años, mientras que los niños que son aprehendidos en la frontera enfrentan una posible detención y diversos planes de custodia.

El reporte señaló que alrededor de un millón de niños que no fueron aprehendidos en la frontera están viviendo en Estados Unidos como inmigrantes no autorizados, y con frecuencia carecen de representación jurídica o acceso a servicios sociales.

"Aunque estos niños tienen el potencial de hacer contribuciones vitales a nuestras comunidades, muchos han enfrentado o enfrentarán un trauma que, sin intervención, puede tener impactos negativos de por vida", indicó el reporte.

Child Trends dijo que la mayoría de los niños que llegan enfrentan diversos riesgos tras ingresar a Estados Unidos, tales como discriminación e intimidación, retos escolares, condiciones problemáticas en centros de detención, y el riesgo de ser entregados a tutores que no son examinados o monitoreados adecuadamente.

La organización recomendó que se proporcione representación jurídica a todos los niños durante procedimientos de asilo y audiencias de deportación. Dijo además que personal de agencias judiciales y agentes de la Patrulla Fronteriza deberían tener capacitación especial para trabajar con niños víctimas de tráfico de personas.

"Los niños están viniendo con necesidades muy importantes y tienen un tipo de existencia precaria mientras nosotros catalogamos su futuro", dijo David Murphey, autor del reporte de Child Trends. "Hay una serie de agencias y oficinas complicadas por las que pasan estos niños y familias".

En años recientes, la inmensa mayoría de los niños que han llegado a Estados Unidos sin autorización provienen de El Salvador, Guatemala y Honduras, huyendo de una criminalidad descontrolada y de violencia de pandillas, mientras que la cifra más grande de niños refugiados ha sido de Irak, Birmania, Somalia y Siria.

El reporte de Child Trends fue enviado con antelación al Departamento de Estado, el cual expresó su compromiso de proteger a los niños refugiados. El departamento citó el programa Menores Centroamericanos, el cual permite que padres que están legalmente en Estados Unidos soliciten que sus hijos en El Salvador, Guatemala u Honduras sean considerados para estatus de refugiados, "una alternativa segura, legal y ordenada al peligroso viaje que han realizado algunos niños para reunirse con su padres".

Según el Departamento de Estado, de los más de 10.000 sirios admitidos como refugiados hasta ahora durante este año fiscal, aproximadamente 60% son niños.

Child Trends, con sede en Bethesda, Maryland, es una organización independiente sin fines de lucro que proporciona investigación, análisis y comunicación a quienes toman decisiones "para mejorar políticas públicas e intervenciones que sirvan a niños y familias".

WASHINGTON (AP) —

Dividida y con sólo ocho jueces, la Corte Suprema llegó a un empate el jueves al votar en torno a la iniciativa del presidente Barack Obama de proteger de la deportación a millones de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.

Cuatro jueces votaron a favor del plan y otros cuatro votaron en contra. En concreto, la votación anula la iniciativa al menos durante la presidencia de Obama, e intensifica el debate migratorio de cara a las elecciones de noviembre.

Una votación empatada no deja precedente, pero mantiene vigente la decisión del tribunal inferior. En este caso, el tribunal federal de apelaciones de Nueva Orleáns había dicho que el gobierno no tenía la autoridad de proteger a unos 4 millones de inmigrantes con la posibilidad de darles permisos de trabajo sin la aprobación del Congreso.

Texas lideró un grupo de 26 estados con gobiernos republicanos que demandaron al gobierno federal en torno a la iniciativa anunciada en noviembre de 2014. Los republicanos en el Congreso también apoyaron la demanda de los estados.

El presidente Obama declaró que el estancamiento judicial "nos aleja aún más del país que aspiramos ser".

Los candidatos a la presidencia se mostraron tan divididos como estaban los jueces de la Corte Suprema.

La demócrata Hillary Clinton expresó que de ser elegida, defenderá los programas de Obama "y haré todo a mi alcance bajo la ley para ir más allá en la protección de las familias".

El republicano Donald Trump, por el contrario, estimó que el resultado "obstruye una de las medidas más inconstitucionales jamás intentadas por un presidente" y "deja en claro lo que está en juego en noviembre".

Los inmigrantes en Estados Unidos se declararon descorazonados con la medida.

La inmigrante mexicana Cristina Molina, quien vive en la ciudad de Nueva York, dijo sentirse frustrada y molesta.

"Me siento como estoy en el limbo", expresó Molina, de 48 años. Lleva 23 años en Estados Unidos y dijo que pudo haberse beneficiado de uno de los programas que anunció Obama en el 2014.

La iniciativa de Obama incluía protecciones a padres de niños que están legalmente en el país y una ampliación del programa que ampara a gente que fue traída al país cuando eran menores de edad. Obama decidió aprobar el plan luego que los republicanos obtuvieron el control del Senado en las elecciones legislativas de 2014 y disminuyeron aún más las probabilidades ya remotas, de que el poder legislativo aprobara una reforma migratoria.

El Senado aprobó una amplia reforma migratoria, con respaldo demócrata y republicano, en 2013, pero la medida quedó atascada en la Cámara de Representantes, que era controlada por los republicanos.

Poco después de que Obama anunció su iniciativa, los estados acudieron a los tribunales.

La demanda fue evaluada por el juez Andrew Hanen de Brownsville, Texas. Hanen ya antes había criticado al gobierno por no hacer cumplir las normas migratorias. El juez se declaró a favor de la demanda de los estados, con lo que la iniciativa quedó bloqueada. El Tribunal Federal de Apelaciones de Quinto Circuito también se puso de lado de los demandantes y el Departamento de Justicia apeló rápidamente a la Corte Suprema.

El resultado presagia que la política migratoria de Estados Unidos será decidida mayormente por las elecciones presidenciales de este otoño, en una campaña en que la inmigración ya ha surgido como uno de los temas más álgidos.

Los inmigrantes que se hubieran beneficiado de los programas no enfrentan un inminente peligro de deportación, pues el Congreso ha aprobado el presupuesto para lidiar con solo un pequeño porcentaje de la gente que está viviendo en el país ilegalmente y el presidente mantiene amplia discreción en cuanto a quién deportar.

Cuando la Corte accedió a escuchar el tema en enero tenía nueve magistrados, pero para el momento en que se debatieron los argumentos a finales de abril, había fallecido el juez Antonin Scalia. Ello dejó ocho jueces para dirimir el tema y es casi seguro que la votación se dividió según bandos ideológicos, liberal y conservador, aunque el tribunal no divulgó cómo votó cada juez.

Sin embargo, si Scalia hubiera estado vivo, lo más seguro es que habría votado con la parte conservadora, formando así una mayoría en contra de la iniciativa migratoria.

En términos prácticos, si Donald Trump ganara las elecciones, lo más seguro es que la iniciativa quedaría derogada, pues el virtual candidato presidencial republicano ha prometido deportar a los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente.

Si gana la demócrata Hillary Clinton las elecciones, lo más probable es que intente resucitar el programa o que intente llegar a un acuerdo con el nuevo Congreso para redactar una reforma total a las leyes migratorias.

Por RUSSELL CONTRERAS y AMY TAXIN, Associated Press

ALBUQUERQUE, New Mexico, EE.UU. (AP) — Grupos activistas emprendieron acciones el miércoles en dos frentes para presionar por un mejor trato para los inmigrantes que están bajo custodia federal, y afirmaron que agentes federales les están quitando sus pertenencias que los inmigrantes languidecen tras las rejas debido a condiciones injustas establecidas por jueces y otros para obtener la libertad bajo fianza.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) de New Mexico y otras organizaciones presentaron una queja administrativa ante el Departamento de Seguridad Nacional argumentando que agentes de la Patrulla Fronteriza están decomisando propiedad de inmigrantes antes de deportarlos a México, en algunos casos a ciudades donde no conocen a nadie.

La queja fue presentada el mismo día que la ACLU del Sur de California interpuso una demanda para exigir a agentes de deportación y otros jueces de inmigración considerar la capacidad de pago de los inmigrantes cuando establezcan fianzas, para evitar así encarcelar a gente sólo porque son pobres. Defensores afirman que al menos 100 inmigrantes son detenidos diariamente a pasar de que se les otorgó libertad bajo fianza.

Las demandas fueron presentadas por separado y se dieron tras la acalorada retórica en la campaña de precandidatos presidenciales sobre la manera en que el país debería tratar a los inmigrantes y sobre a quiénes se debería permitir permanecer en el país.

Los activistas en New Mexico dijeon que inmigrantes sospechosos de estar en Estados Unidos sin permiso fueron deportados sin sus pertenencias en 26 casos y que el decomiso los puso en situaciones riesgosas.

En un caso, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a un hombre de 23 años de Chihuahua, México, en un camino cerca de Antelope Wells, New Mexico, y lo obligaron a firmar un documento en el que renunciaba al derecho de sus pertenencias, indica la denuncia.

En otro caso, agentes decomisaron casi 400 dólares a una mujer de 23 años de Guerrero, México, después de detenerla cerca de un puente internacional en El Paso, Texas. El dinero, que era parte de los ahorros de toda la vida de la mujer, nunca fue devuelto, señalaron los defensores.

"Ellos realmente están socavando el imperio de la ley en la frontera", dijo Kristin Greer Love, una abogada de la ACLU de New Mexico. "Están poniendo a la gente en gran riesgo. Algunos están huyendo de situaciones peligrosas y están buscando asilo en Estados Unidos".

El Departamento de Seguridad Nacional, el cual supervisa a la Patrulla Fronteriza, dijo que tiene una política de salvaguarda de la propiedad de detenidos y que devuelve las pertenencias al ser deportados. La agencia revisará la denuncia, dijo la vocera Gillian Christensen en un comunicado.

"Cualquier acusación de propiedad perdida será investigada exhaustivamente", señaló.

Christensen rechazó hacer comentarios sobre la demanda de la ACLU del Sur de California. El grupo quiere que las autoridades consideren otros tipos de fianza o alternativas a la detención para que más inmigrantes puedan quedar libres.

La ACLU señaló que las fianzas de inmigración deben ser pagadas en su totalidad y en efectivo, y que el Departamento de Justicia del país ha exhortado a los tribunales penales a que consideran la capacidad de pago de los acusados cuando establezcan la fianza. Los activistas quieren que las cortes de inmigración hagan lo mismo.

La demanda señalaba el caso del hondureño César Matías, quien ha estado detenido desde 2012 a pesar de que se le dictó libertad bajo fianza por un monto de 3.000 dólares. Matías fue tomado en custodia por las autoridades de inmigración después de una sentencia por drogas y solicitó asilo para evitar la deportación a Honduras, donde fue perseguido porque es gay, dijo Michael Kaufman, abogado de la ACLU del Sur de California.

"El propósito de la fianza es garantizar la comparecencia de una persona en la corte. Su propósito no es ser una condición inalcanzable que sea básicamente otra manera de ordenar la detención de una persona", dijo Kauffman.

La ACLU pretende que se considera demanda colectiva para los inmigrantes detenidos en el área metropolitana de Los Ángeles, donde las autoridades tienen capacidad para 3.000 detenidos.

La demanda fue presentada contra el Departamento de Justicia, que supervisa las cortes de inmigración del país, y contra el Departamento de Seguridad Nacional. El Departamento de Justicia también se negó a hacer comentarios.

REPUBLICANOS SE PRONUNCIARÁN ANTE LA CORTE SUPREMA

Por Luis Alonso Lugo

Washington (AP) .-La bancada republicana se impuso el jueves a la minoría demócrata en la cámara baja y aprobó una resolución que autoriza al presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, a pronunciarse ante la Corte Suprema en nombre de los 435 integrantes de ese recinto en contra del alivio migratorio dispuesto por el presidente Barack Obama.

Los demócratas protestaron la resolución, aprobada por 234 votos a favor y 186 en contra, por considerarla una medida partidista.

La Corte Suprema decidirá a mediados de año sobre la legalidad del alivio migratorio que Obama anunció en noviembre de 2014 para proteger de la deportación a cinco millones de inmigrantes no autorizados.

Ningún demócrata votó a favor de la resolución, mientras que cinco republicanos lo hicieron en contra: los congresistas por Florida Carlos Curbelo, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, Bob Dole, por Illinois, y Richard Hanna de Nueva York. Siete legisladores de cada partido se abstuvieron.

Curbelo justificó su voto en contra alegando que la resolución no es necesaria para defender la independencia de poderes.

"Durante demasiado tiempo ambos partidos han preferido ganar puntos mezquinos en lugar de buscar una reforma sustancial", dijo en un comunicado. "La vía más apegada a la constitución para acabar el abuso de autoridad presidencial es aprobar una reforma migratoria sustancial, no el empleo de tácticas vacías que ignoran la raíz del problema".

Un total de 26 gobernadores republicanos interpusieron el año pasado una demanda contra la acción ejecutiva alegando que representaba un abuso de la autoridad presidencial.

Justo antes de la votación a la que Ryan describió como "extraordinaria" y "vital", el presidente del Congreso dijo que la resolución no busca fijar posición sobre políticas migratorias sino más bien preservar la separación de poderes públicos dispuesta en la constitución.

"Esto no se trata de si estamos a favor o en contra de una política específica", dijo Ryan en el pleno de la cámara. "Los congresistas que están planteando argumentos sobre política migratoria no entienden nada. Se trata de la integridad de nuestra constitución".

Ryan argumentó que la cámara de representantes está "excepcionalmente calificada" para pronunciarse sobre la cuestión planteada ante la Corte Suprema: si el presidente usurpó funciones del Poder Legislativo al adoptar medidas ejecutivas sobre inmigración.

El voto estuvo precedido por un acalorado debate en el que varios demócratas expusieron su oposición al proyecto. El demócrata Luis Gutiérrez lo calificó de "afrenta a todos los estadounidenses" por "usar los recursos del gobierno federal para promover una agenda política".

"Quisiera que la mayoría (republicana) dejara de hablar sobre la constitución y hablara sobre lo que realmente quiere lograr aquí", dijo el congresista por Illinois. "Ustedes quieren ver a las personas deportadas. ¿Por qué no se levantan y lo dicen? Sean hombres y mujeres íntegros", se quejó.

Un total de 225 legisladores demócratas presentaron la semana pasada un recurso ante la Corte Suprema a favor de las medidas ejecutivas de Obama.

La mayoría republicana en la cámara baja rehusó someter a votación un proyecto bipartidista de reforma migratoria aprobado por el Senado en 2013 que incluía la opción de la naturalización para los inmigrantes sin autorización legal para residir en el país.

Las autoridades no han resuelto el estatus de los 11 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin autorización.

El comité de campaña del partido demócrata vinculó la resolución propuesta por Ryan a las propuestas migratorias del principal precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien está a favor de las deportaciones masivas y de completar un muro a lo largo de la frontera con México.

"Con este voto tan cruel, Paul Ryan y los congresistas republicanos están actuando en la retórica antiinmigrante y vil de Donald Trump", dijo en un comunicado el presidente del comité, Ben Ray Luján. "El establecimiento republicano puede decir que Ryan es un moderado, pero la realidad es que él no estuviera presentando este voto si no fuera por Donald Trump".

Al menos 50 organizaciones partidarias de otorgar beneficios a los inmigrantes no autorizados habían exhortado públicamente a los miembros del Congreso a votar en contra de la resolución.

"Apoyar los esfuerzos de Ryan para derrotar estos programas (de alivio migratorio) no sería un ejercicio técnico legal. Al contrario, sería una clara señal a sus votantes de que usted quiere que la Corte Suprema acabe con los sueños" de millones de personas, rezaba una carta difundida el jueves.

 

Del 29 de febrero al 03 de marzo

Redacción El Heraldo News


Dallas.- Con el fin de favorecer a los ciudadanos mexicanos residentes de la ciudad de Fort Worth y localidades cercanas, el Consulado General de México en Dallas habilitará el servicio “Consulado sobre ruedas” a partir del lunes 29 de febrero hasta el jueves 03 de marzo.

Según el departamento de prensa del ente diplomático, lo mexicanos residentes en la ciudad vaquera y zonas aledañas podrán tramitar sus matrículas consulares y pasaportes.

La asistencia se ofrecerán en las instalaciones de la Federación de Clubes Zacatecanos de Fort Worth, ubicadas en el 4323 E. Lancaster Ave. Fort Worth, Texas 76103 y los horarios de atención serán de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde.

El consulado recuerda a las personas que estén interesadas en aprovechar este beneficio, a realizar sus citas llamando al 1-877-639-4835 (1877 MEXITEL). También puede asegurar su tiempo ingresando a https://citas.sre.gob.mx/mexitel_web/cita. Las personas que no tengan cita no podrán tramitar su solicitud.

Los documentos básicos que deberán presentar para realizar los trámites son:

1.- Acta de nacimiento.

2- Identificación oficial. El nombre en la identificación debe coincidir con el nombre que aparece en el acta de nacimiento. Original.

3.- Comprobante de domicilio a su nombre. Original.

Filadelfia, Pennsylvania (AP).- Veintinueve mujeres que estaban en Estados Unidos sin permiso de residencia perdieron esta semana una reclamación contra las órdenes de deportación a Centroamérica contra ellas y sus hijos.

El juez federal de distrito en Filadelfia, Paul Diamond, dictaminó que el proceso de revisión acelerado que llevó a las órdenes de expulsión de las mujeres y sus 35 hijos menores no fue inconstitucional.

Estas decisiones de deportación son una prerrogativa de la rama ejecutiva, señaló el magistrado.

El juez abrió el camino para la expulsión de las familias, pero se mantuvo en su decisión de darles 14 días para permitir una apelación.

Las mujeres son detenidas actuales y antiguas de una instalación con supervisión federal en el condado Berks. Afirman que llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia armada en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Un abogado de las familias declaró que apelarán de inmediato.

Todos sabemos que hay diferencias en los derechos que tiene un ciudadano estadounidense (Americano) comparado a los de un residente permanente. Por eso se recomienda y enfatiza que todo el que pueda, se haga ciudadano. Este año especialmente, se subrayará la necesidad de que hacerse ciudadano es importante por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en noviembre. Pero lo que muchos ignoran es que toda persona que está en Estados Unidos goza de ciertos derechos sin importar su estatus migratorio. Con el incremento de las redadas de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) es aún más importante que todos sepamos los derechos constitucionales que todo inmigrante tiene. Estos son unos de los más importantes en caso de que agentes de ICE llegun a su casa:

  • Pida primero ver una orden de arresto/cateo. Si el agente de ICE no tiene una, usted NO tiene obligación de abrir la puerta.
  • Es posible que el Servicio de Inmigración pida entrar aun si no tiene un orden de arresto. Sugerimos que NO los deje entrar porque es posible que usted esté cediendo algunos de sus derechos si los deja pasar sin una orden de cateo.

En caso de ser detenido, quédese callado. No conteste ninguna de sus preguntas, ni les diga donde nació, ni firme nada. No les enseñe ningún documento falso. Si tiene que decir algo, dígales que quiere hablar con un abogado.

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