WASHINGTON (AP) — El gobierno de Donald Trump está ampliando extensamente el universo de inmigrantes sin autorización a ser considerados como prioridad para ser deportados, para incluir a convictos de infracciones de tránsito e incluso sospechosos de delitos, de acuerdo con documentos del Departamento de Estado divulgados el martes.

Los documentos representan una redefinición radical de las prioridades en la aplicación de las leyes migratorias.

Los memorandos del Departamento de Seguridad Nacional, firmados por el secretario John Kelly, indican que el grupo prioritario a ser deportado incluye a todos los inmigrantes sin autorización en Estados Unidos que han sido acusados o hallados culpables de cualquier delito, incluso gente que no pasó de ser sospechosa. Esto podría incluir personas que han sido arrestados por robos menores, como robo de prendas, e infracciones menores de tránsito.

Los documentos eliminan directrices mucho más limitadas establecidas por el gobierno de Barack Obama y que se enfocaban estrictamente en inmigrantes hallados culpables de delitos graves, que representaban una amenaza a la seguridad nacional o que habían cruzado la frontera recientemente.

Los memorandos de Kelly también describen planes para aplicar una antigua pero desconocida cláusula de la Ley sobre Inmigración y Nacionalidad en Estados Unidos, que permite al gobierno deportar a México a inmigrantes detenidos cruzando la frontera independientemente de su nacionalidad. Uno de los documentos dice que los inmigrantes deportados a México tendrían que esperar a que el proceso de deportación se cierre. Esto se aplicaría con la gente que se cree no volvería a cruzar la frontera de nuevo, indica el documento.

No está claro si es que Estados Unidos tiene la autoridad para obligar a México a aceptar extranjeros. Lo más probable es que esta cláusula sea cuestionada por defensores de los derechos civiles y funcionarios en México.

Históricamente, el gobierno ha podido repatriar rápidamente a mexicanos detenidos en la frontera pero abre procesos formales a inmigrantes de otros países, generalmente enviándolos de vuelta vía aérea. En algunos casos, esas deportaciones pueden tomar años ya que los inmigrantes pueden pedir asilo o pelear sus casos de deportación en corte.

Los memorandos no cambian las leyes estadounidenses de inmigración, pero hacen más estricta su aplicación.

El par de directrices no tienen efecto en el plan del presidente Barack Obama para los más de 750.000 dreamers. Este plan para jóvenes inmigrantes protegidos de la deportación sigue en pie, aunque los beneficiarios aún podrían ser deportados si es que cometen ciertos delitos o son considerados una amenaza a la seguridad pública o nacional, de acuerdo con el Departamento de Estado.

Se avecina crisis por el presupuesto de EEUU

Trump firma orden para construcción del muro

New Mexico pondera ley santuario para el estado

Trump advierte que enviaría "Federales" a Chicago

Obama pidió a Trump que proteja a los “dreamers”

Republicanos buscarán derogar medidas de Obama

Trasladan a Charles Manson a un hospital desde la cárcel en que estaba detenido

Exxon Mobil y Tillerson cortan lazos para evitar conflicto de intereses

Obama prohíbe perforaciones en parte de costa atlántica y ártica