A pesar del desembolso económico que ha costado, pese a la escasa población ilegal que pervive; muchos ya se han ido, la ciudad quiere salirse con la suya

DALLAS, TX.- Como si no hubiera otras cosas más importantes en que ocuparse, las autoridades de Farmers Branch han vuelto a la carga y el miércoles de la presente semana, solicitó a una corte federal de apelaciones la ratificación de una ordenanza que prohibiría el alquiler de viviendas en la localidad a inmigrantes que se encuentren sin permiso en el país, en otras palabras, a personas indocumentadas.

Increíblemente, la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito accedió a atender de nuevo el caso después que un panel de tres jueces del mismo tribunal determinó en marzo del presente año que la ordenanza de la ciudad de Farmers Branch es anticonstitucional e interfiere indebidamente con el sistema federal de inmigración.

Los 15 jueces de la corte no indicaron cuándo emitirían su fallo, después de escuchar el miércoles los argumentos de los abogados del gobierno local y de un grupo de dueños de tierras y bienes raíces, que interpusieron una demanda para bloquear la aplicación de la ordenanza. Lo anterior, está causando un gran desembolso a la pequeña ciudad empeñada en salirse con la suya cuando en realidad ni siquiera es significante la población ilegal en dicha ciudad dado que ya muchos se han ido a radicar a otros sectores menos conflictivos, incluyendo Dallas.

Los argumentos se concentraron en la forma en que el caso es afectado por un fallo que emitió en junio la Corte Suprema federal acerca de la severa ley de inmigración de Arizona. Ese fallo rechazó algunas partes relevantes de la ley pero ratificó la disposición que da a las autoridades la capacidad de verificar la condición migratoria de una persona si tienen motivos para sospechar que se encuentra en Estados Unidos sin permiso.

El secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, un defensor del endurecimiento de las leyes de inmigración en el país, representa también a Farmers Branch. Dijo que la provisión de la ley de Arizona se asemeja bastante a una parte importante de la ordenanza en la localidad texana. "El problema con el argumento de los demandantes es que no pueden identificar un solo estatuto federal con el que entre en conflicto la ordenanza en Farmers Branch", dijo.

La ordenanza, que reemplazó una versión anterior de 2006, requeriría que todos los arrendatarios obtengan una licencia de la ciudad, con un costo de 5 dólares, y llenen una solicitud que hace preguntas sobre el estatus de inmigración. Luego, el inspector de inmuebles de la ciudad tendría que verificar si cualquier inmigrante que solicita una licencia tiene permiso para encontrarse en Estados Unidos.

Los inmigrantes carentes de autorización no podrían obtener la licencia. Los dueños de propiedades que a sabiendas accedan a que inmigrantes sin permiso se queden ahí enfrentarían multas o verían revocada su licencia de arrendadores.