El viernes, la Corte Suprema confirmó una ley federal que prohíbe a las personas sometidas a órdenes de restricción por violencia doméstica tener armas de fuego, dando un paso atrás respecto de su reciente respaldo a un amplio derecho a poseer un arma.

El tribunal, en una votación de 8 a 1, falló a favor de la administración Biden, que defendía la ley, una de varias restricciones federales sobre armas que actualmente enfrentan desafíos legales.

El fallo indica que es probable que algunas leyes de armas de larga data sobrevivan a pesar de la decisión del tribunal de 2022 que amplió los derechos de posesión de armas. En ese caso, el tribunal dictaminó por primera vez que existe el derecho a portar armas fuera del hogar según la Segunda Enmienda de la Constitución.

En nombre de la mayoría en el fallo del viernes, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que desde que se fundaron los Estados Unidos "las leyes sobre armas de fuego de nuestra nación han incluido disposiciones que impiden que las personas que amenazan con causar daño físico a otros hagan un mal uso de las armas de fuego".

La disposición en cuestión en el caso "se ajusta cómodamente a esta tradición", añadió.

Al llegar a su conclusión, el tribunal no aceptó algunos de los argumentos presentados por la administración Biden en defensa de la ley, incluido que el gobierno puede desarmar a las personas que no son "responsables".

El fiscal general Merrick Garland acogió con satisfacción el fallo y dijo que la ley "protege a las víctimas al mantener las armas de fuego fuera del alcance de personas peligrosas que representan una amenaza para sus parejas íntimas e hijos".

Aunque la votación en el fallo del viernes fue desigual, con sólo el juez conservador Clarence Thomas disintiendo, el fallo expuso las divisiones entre los jueces sobre la cuestión del derecho a portar armas, con cinco jueces escribiendo opiniones concurrentes separadas explicando sus puntos de vista.

Esas opiniones extensas ayudarán a determinar cómo el tribunal abordará futuros casos de armas, varios de los cuales están actualmente pendientes.

La decisión de 2022, en un caso llamado Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York contra Bruen, dijo que las restricciones a las armas debían analizarse sobre la base de una comprensión histórica del derecho a portar armas. Como tal, la decisión planteó dudas sobre muchas restricciones de armas existentes que, según los activistas por los derechos de las armas, no están ancladas en la tradición histórica.

Una de esas otras leyes, que prohíbe a los usuarios de drogas ilegales poseer armas de fuego, ha sido objeto de escrutinio en parte porque Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, ha sido acusado de violarla y ha presentado una impugnación constitucional.

Los tres jueces liberales del tribunal de mayoría conservadora tenían mayoría y dejaron en claro que no estaban de acuerdo con el fallo de 2022.

El juez Ketanji Brown Jackson, quien fue designado por el presidente Joe Biden después de que se emitiera esa decisión, dijo que el nuevo caso "destaca la aparente dificultad que enfrentan los jueces en el terreno" para decidir qué leyes sobre armas deben mantenerse a la luz del fallo anterior.

En su desacuerdo, Thomas mantuvo su opinión de que la historia de leyes similares en el momento de la fundación de la nación es determinante. Otros jueces están más dispuestos a considerar leyes que no son exactamente iguales pero que tienen un efecto similar.